La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Zubar', ha investigado a una mujer de 36 años por realizar cientos de tratamientos estéticos sin estar habilitada, tanto en distintos centros de la provincia de Valencia como, en algunos casos, en su propio domicilio.
La mujer es investigada por un delito de intrusismo profesional, un delito contra la salud pública mediante suministración de medicamentos (toxina botulínica), así como un delito de falsedad documental, según ha informado la Guardia Civil.
Inicio de la investigación y modus operandi
La investigación comenzó tras una denuncia presentada en marzo por una profesional sanitaria, que alertó de que una persona estaba realizando tratamientos estéticos en una peluquería de Sueca sin ningún control sanitario ni habilitación.
Los agentes comprobaron que la investigada se presentaba como doctora y realizaba procedimientos como aumento de labios y pómulos, rinomodelación e infiltraciones de toxina botulínica, promocionando estos tratamientos a través de sus redes sociales, incluyendo bótox en frente, entrecejo y patas de gallo.
Tras contactar con las autoridades sanitarias, se verificó que estos tratamientos solo pueden ser realizados por médicos especialistas en medicina estética, mientras que la investigada solo está graduada en odontología por una universidad privada.
Impacto, riesgos y situación legal
Los testimonios recabados confirmaron que la presunta doctora había realizado cientos de tratamientos, contando al menos con 80 clientas registradas y más de 180 tratamientos documentados de toxina botulínica y ácido hialurónico, algunos incluso en su propio domicilio.
La mayoría de los centros donde operaba carecían de licencia administrativa U48, sistemas de refrigeración adecuados y medios de gestión de residuos biológicos, además de no cumplir las condiciones legales exigidas. Tampoco se pudo verificar la legalidad ni trazabilidad de los productos suministrados, presumiéndose que fueron adquiridos de forma ilegal.
La Guardia Civil advierte que la realización de estos tratamientos sin garantías sanitarias puede poner en riesgo la vida de las personas. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Sueca y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca.
