Navarra y el Estado firmarán este jueves el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), después de que la parte navarra de la Junta de Transferencias haya avalado hoy por unanimidad el acuerdo entre gobiernos de Navarra y de España.
La competencia, negociada durante los últimos meses, permitirá al Gobierno foral gestionar directamente, a través del Departamento de Derechos Sociales, la prestación no contributiva que actualmente ejerce la Seguridad Social, y descontará el gasto mediante los ajustes financieros recogidos en el Convenio Económico. La cifra variará según los años en función del número de perceptores y la cuantía de la ayuda, pero con los datos de 2022 supondrá 48,35 millones menos. El coste de la prestación para Navarra será en cambio de unos 41,2 millones anuales.
La nueva competencia será efectiva el próximo 1 de octubre, plazo que se ha fijado para adaptar los servicios administrativos e informáticos para unificar las dos prestaciones actuales (Ingreso Mínimo Vital y Renta Garantizada) en un único proceso. Hasta entonces será la Seguridad Social quien hará los pagos.
El traspaso en cualquier caso se limita a la gestión del IMV. Es decir, la regulación de la ayuda seguirá siendo del Gobierno central, que determinará en cuánto dinero consiste y bajo qué criterios se otorga. Sin embargo, a partir de octubre será el Gobierno de Navarra quien realice todos los trámites y abone el pago mensual a los beneficiarios. Eso permitirá coordinar de una forma más efectiva la ayuda, que actualmente se compatibiliza con la Renta Garantizada del Ejecutivo autonómico. De hecho, en muchos casos el Gobierno de Navarra complementa las ayudas del Estado, elevándolas hasta las cifras fijadas para la Comunidad Foral.
A través del Convenio Económico
La transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital de forma íntegra y con carácter indefinido para a la CAV y Navarra fue una exigencia del PNV en la última negociación presupuestaria con el Gobierno de Pedro Sánchez. En la actualidad, son en torno a 6.000 las personas que tienen reconocida la ayuda del Estado, frente a las 13.000 que tienen asignada la Renta Garantizada. Ambas son compatibles y la cuantía depende de cada circunstancia personal. No obstante, en el caso de unidades familiares de un único individuo son en torno a 640 euros en Navarra, frente a los 450 euros del IMV. Esa diferencia, así como los casos que no tienen reconocida la prestación del Estado pero sí la de la Comunidad Foral, irán a cargo del Gobierno de Navarra.
En principio, el coste no tendrá impacto directo en la aportación de Navarra al Estado por el Convenio Económico. La cifra se mantendrá igual, pero se corregirá al finalizar el año con el conjunto de ajustes financieros. De esta forma, de los 3.021,9 millones que el Estado tiene presupuestados para el Ingreso Mínimo, Navarra se descontará el equivalente al 1,6%, el conocido como índice de imputación y que sirve para valorar también el coste del resto de competencias no transferidas. Son por lo tanto 48,32 millones según las cifras estimadas para 2022, y que se compensarán en cuatro plazos trimestrales (marzo, junio, septiembre y diciembre) de 12,9 millones.
Durante el pasado año, el Gobierno de Navarra destinó 110,8 millones para financiar la Renta Garantizada, lo que supuso una bajada del 3% respecto a 2020. El coste del Ingreso Mínimo Vital, financiado directamente por el Estado a través de la Seguridad Social, fue de 40 millones. Esta dualidad ha generado algunos problemas administrativos que incluso provocaron que varias familias navarras dejaran de percibir la ayuda estatal durante algunos meses, y que fueron compensadas por el Gobierno foral. La unificación administrativa de la gestión, asumida en exclusiva por Navarra, prevé evitar en el futuro situaciones similares.
