El Gobierno de Navarra ha mostrado su solidaridad con las personas que han denunciado abusos en el seno de la Iglesia Católica y reconoce su derecho a la justicia, memoria y reparación, en una declaración institucional aprobada en su sesión de este miércoles.La declaración será leída en el acto previsto para esta tarde con presencia de la presidenta María Chivite, ha avanzado en conferencia de prensa el vicepresidente, Javier Remírez, quien ha contratado esta actitud oficial con la "posición radical y extrema", de "altísima insensibilidad", demostrada por la presidenta del PP en Navarra, Ana Beltrán, en esta cuestión.

Con la declaración de apoyo Remírez ha subrayado que el Gobierno no pretende expresar "ningún tipo de hostilidad hacia la Iglesia Católica, al contrario: El Gobierno de Navarra es profundamente respetuoso con la fe y con la institución", aunque "se trata de reconocer unas situaciones que es público y palpable" que sucedieron, ha dicho el portavoz del Ejecutivo foral.

Así, ha explicado que en la misma línea el Parlamento foral también tramita una normativa para "acoger a estas personas y reconocerles que sufrieron un daño claro, que tuvo unas consecuencias como mínimo de carácter psicológico", lo que ha definido como "un ámbito de pura sensibilidad como institución".

En esa línea, Remírez ha aludido a otros casos en los que el Gobierno y el Parlamento ha mostrado su apoyo con víctimas, como son las del terrorismo, las de memoria Histórica, las de grupos de extrema derecha o de funcionarios policiales.

"Es en ese ámbito en el que estamos actuando con una profunda sensibilidad hacia todo colectivo que haya podido sufrir abusos y que hasta ahora no se ha reconocido ese daño", ha dicho, por lo que ha subrayado su rechazo a la "posición radical y extrema por parte de la señora Beltrán absolutamente insensible con respecto a estas personas".

En cuanto a la declaración institucional hoy aprobada, se remite al programa para la legislatura que ya estableció como uno de sus ejes de acción política la "apuesta por los valores de la memoria y la convivencia, así como el desarrollo de programas transversales que lleven al respeto de los Derechos Humanos a posiciones de centralidad en las políticas públicas".

Alude a la "obligación de reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos" por parte de los Estados que, como España, han firmado diferentes compromisos internacionales al respecto, aunque lamenta que "durante demasiado tiempo, las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica han sufrido una doble victimización, consecuencia del silencio impuesto y autoimpuesto sobre violaciones de derechos humanos muy graves".

El contexto de "especial vulnerabilidad" de las víctimas en el momento de los hechos y el que los victimarios pertenecieran a una institución que ocupaba "una posición de poder e influencia en un importante sector de la sociedad" son condiciones fácticas que impidieron satisfacer las demandas de justicia de las víctimas de formas diversas.

Hoy hay un contexto social y político diferente, y en él el Gobierno de Navarra ha dado pasos para el reconocimiento de estas víctimas, en un proceso al que ahora se añade esta declaración en la que el Ejecutivo foral "se compromete con los deberes de respeto y garantía a las víctimas a las que se otorga el lugar central que se merecen, mediante el reconocimiento y la memoria".

Con ello, el texto reconoce la "existencia de violaciones graves de derechos humanos en un contexto de macrovictimización en instituciones dependientes de la Iglesia Católica", y manifiesta su solidaridad con las víctimas.

También reconoce su derecho a la justicia, memoria y reparación, y manifiesta su "voluntad de trasladar a las víctimas dicho reconocimiento general de una manera pública sin perjuicio de las garantías que la ley prevea".