Proceso regulatorio, pensiones y corrupción: la ministra navarra Elma Saiz defiende un sistema "que es un faro"

Hay un jaleo un poco caótico en el vestíbulo del edificio de la Delegación de Gobierno de España en Pamplona. Es un ir y venir de ordenanzas, de guardias civiles, de medios de prensa, de ciudadanos.

Cada uno va a lo suyo: a hacer trámites, a ponerse una vacuna, a pagar una multa. Hay un hombre negro, con gorra, que espera el control de acceso medio tumbado, un cuerpo fortachón doblado de mala manera en la escalinata de acceso. Un guardia civil le dice que, por favor, despeje de ahí. No entiende bien, no habla el idioma.

Seguro que ese hombre desconoce que a unos pocos metros, en el piso de arriba, tiene a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, la navarra Elma Saiz Delgado (nacida en Pamplona, el 2 de diciembre de 1975), que en esos momento se reúne con las entidades que colaboran con el gran proceso de regularización que arrancó el mes pasado su ministerio.

Saiz concede poco más de media hora. La exconsejera y exconcejal ha cambiado Pamplona por Madrid, y se nota: queda poco del tono pausado, un poco plano, de cuando era consejera de Hacienda de Navarra o portavoz del PSN en Iruña. Sigue esa voz grave, profunda, pero ahora va más al ataque, es más frenética. Tiene el argumentario en la cabeza y el reproche continuo al PP en la boca. Madrid contagia. Nada más acabar la entrevista volará a la capital.

¿Cómo va el proceso regulatorio?

–Según lo previsto. Lo hemos trabajado con mucho cariño y tiene todos los avales. Va bien y está siendo importantísima la colaboración, tanto con gobiernos como el de Navarra como con las entidades colaboradoras.

¿Pegarlo a una negociación política no desvirtúa un poco el espíritu de la medida?

–De ningún modo. Este proceso es coherente y lo hacemos con una base legal sólida y al mismo tiempo que combatimos el drama humanitario de la inmigración ilegal, que por cierto ahí están los datos de bajada de llegadas a nuestro país. Es una medida que se tiene como faro a nivel mundial. En los foros internacionales nos preguntan cómo lo hacemos.

¿La posición del Gobierno sobre este tema ha sido siempre la misma?

–Este proceso lo hacemos por tres razones: coherencia política, justicia social y política de Estado. Hemos cogido el testigo de la iniciativa legislativa popular que hace año y medio votó el Congreso con 310 votos a favor, y el único voto en contra de Vox. Si ha habido un giro en los posicionamientos, desde luego ha sido en el PP.

¿Esta medida tiene apoyo?

–Esta medida tiene legitimidad. Y la respalda desde la Iglesia católica a la CEOE, pasando por los sindicatos y la patronal. Es un hito.

Han hablado de prioridad nacional, han rebatido las falacias sobre los servicios públicos... ¿No le están comprando el marco de la regularización a la derecha y la extrema derecha?

–Yo no les compro el marco. Contrapongo modelos. Frente a su siniestra prioridad nacional, que atenta contra la Constitución, por cierto, propongo priorizar el crecimiento, la prosperidad, la empleabilidad, los servicios públicos, todo aquello en lo que los más de tres millones de trabajadores extranjeros han participado. Hace año y medio, el PP votó a favor de la iniciativa legislativa popular de la regularización. Hoy no solo están en contra, sino que votan junto con Vox para eliminar la principal herramienta de regularización, que es el arraigo. El PP cae en la incoherencia y compra el discurso de Vox. Es un ejercicio de irresponsabilidad. Por cierto, a UPN se le ha llevado por delante la ola de la ultraderecha, en el fondo y en la forma, porque han votado para eliminar arraigos y contra este proceso.

¿Por qué no han hecho este proceso antes? 

–Este proceso es una pieza más dentro de una política más amplia. Hay regularizaciones todos los días. Desde que existe la figura del arraigo, por ejemplo, más de 750.000 personas se han adherido a ella. Dos de cada tres son latinoamericanos. Hace un año ampliamos los supuestos en el reglamento de extranjería. 

¿Por qué la política de regularización es tan rígida? Muchos inmigrantes sin papeles están abocados poco menos que a malvivir hasta que pueden pedir regularizarse. 

–Las reformas del reglamento de extranjería han sido importantes precisamente por esto. Vamos a seguir acompañando con la principal herramienta que tenemos, que es la ley de extranjería.

España es una economía de especialización y muchos inmigrantes llegan con una cualificación muy baja. ¿Qué se les ofrece a estas personas? 

–Los trabajadores extranjeros son 1 de cada 3 en hostelería, 1 de cada 4 en construcción, 1 de cada 5 en transporte, pero también vienen para ocupar puestos en sectores de alto valor añadido. Crecen en autónomos y en proyectos emprendedores. El talento no conoce de color de piel o procedencia y España es un país de oportunidades.

Pero hasta que se legalizan tienen que estar debajo de una piedra, es la percepción que tiene mucha gente.

–Es que todo empieza con la regularización. Ya estamos en la pantalla siguiente, cúal va a ser la integración y como mejorar la cualificación.

Pasamos a pensiones. Han trabajado en una herramienta que planifica a 25 años vista. ¿Qué les dice sobre la salud del sistema? 

–Nos dice que las reformas son de sentido común, pese a las voces agoreras que quieren lanzar miedos e incluso alimentar una lucha entre generaciones.

Se está jubilando todo el baby boom...

–Me preguntan, a veces, con cierto apuro, qué va a pasar con las jubilaciones del baby boom. Yo digo que las reformas que estamos haciendo son, precisamente, pensando en mantener este sistema que es puntero. Planificamos a cuatro décadas con previsiones prudentes. Y vamos mejor de lo previsto. Mando un mensaje de tranquilidad tanto para hoy como para los jubilados del mañana.

Las pensiones siguen revalorizándose, por encima de muchos sueldos. 

–Hacemos una proyección a 2050 con la premisa irrenunciable de la revalorización de las pensiones. Hace décadas que los periódicos abrían con el fin de las pensiones. El sistema solo lo pone en riesgo el PP cuando ofrece rebajas a planes de pensiones privados o cuando alimenta una infame lucha entre generaciones que pretende enfrentar a los jóvenes con sus abuelos.

Han crecido las aportaciones a la hucha de las pensiones, cuando el Pacto de Toledo no preveía esta forma de financiarse. 

–El sistema que tenemos es muy parecido al de nuestro entorno. Alemania, por ejemplo. Somos líderes en este tipo de reformas. Estuve hace poco en el Consejo Económico Social Europeo explicando cómo va nuestro sistema, por el que nos preguntan y que sirve de faro.

¿El sistema necesita transmitir certidumbre? 

–Cuando llegamos al Gobierno, la hucha de las pensiones estaba vacía. Hoy la estamos llenando. Somos modelo a seguir con un sistema público basado en contribuciones y aportaciones del Estado.

¿Ha seguido un tema de conversación que sostiene que los jóvenes viven peor que sus abuelos? 

–Alimenta ese debate quien vota contra la reforma laboral, el PP, que de manera torticera intenta enfrentar territorios y ciudadanos. Quieren establecer ciudadanos de primera y de segunda, como con la prioridad nacional. Pues también en esto quieren enfrentar a los jóvenes con sus abuelos. Nosotros trabajamos para blindar las pensiones y para que este sea un país de oportunidad para los jóvenes.

Imagínese que tiene delante a una persona de 30 años que le pregunta, ¿voy a tener pensión? Qué le responde. 

–Le daría certidumbre y datos. La reforma de las pensiones tiene la mirada puesta en 2050, la estamos continuamente sometiendo a exámenes, como los de la Airef. Tenemos ya una herramienta con los mejores estándares que se llama INTegraSS. Lo que hemos visto es que la realidad ha mejorado las proyecciones. Países como Alemania nos han preguntado cómo lo estamos haciendo.

Último bloque. ¿Teme que el caso Cerdán tenga impacto político en España y en Navarra? 

–Los ciudadanos tienen que saber que tanto en España como en Navarra hay gobiernos que ponen en el centro los problemas que de verdad preocupan a la gente. La corrupción hace daño. Genera desafección y yo empatizo con la ciudadanía, pero tienen que ver la diferencia entre la reacción de colaboración total y tolerancia cero y las reacciones del PP, con su silencio atronador durante los juicios de la Kitchen o el caso Montoro, que es gravísimo. ¿Feijóo va a expulsar a Rajoy del partido? Contrapongamos las dos maneras de reaccionar.

¿Teme el impacto político de esta crisis? 

–Nadie está exento de que le aparezcan casos de corrupción, o casos de pérdida de confianza en personas que tienen comportamientos que no son tolerables. La sociedad tiene que ver que en esto no somos todos iguales.

¿Cómo está la salud del Gobierno de España? 

–La salud es buena. Lo que quiere leer el ciudadano es si estamos respondiendo a los problemas reales. Y lo estamos haciendo. Trabajamos con la mirada puesta en seguir pidiendo la confianza de la gente.

Pese a que los socios de investidura han dado ciertos síntomas... 

–Yo tengo experiencia en gobiernos de coalición. Los objetivos son comunes: dar respuesta a problemas reales. Somos un gobierno que toma decisiones a una aunque seamos partidos distintos.

¿Sánchez piensa en un adelanto electoral en función de cómo vea el panorama tras las andaluzas? 

–El presidente ha sido claro. Las legislaturas duran cuatro años y cuando toque presentaremos nuestra propuesta de país. El PP pide elecciones desde el minuto uno, esa ha sido su oposición: pactar con quien insulta.