El 15 de junio de 1977 se celebraron elecciones generales cuyos diputados elaboraron la Constitución. Los carlistas se tuvieron que presentar como Agrupación Montejurra sin obtener representación y afectándoles en el terreno económico. El 12 de julio el Estado reconoció la legalidad de sus estatutos y en 1979 se presentaron como Partido Carlista. Carlos Hugo se presentó por Navarra sin obtener escaño y los resultados fueron muy malos. Las dimisiones de toda la cúpula fueron cayendo y el 20 de abril de 1980 el pretendiente, enviando una nota, abandonó el partido dejando en la estacada a muchos militantes que habían empeñado sus bienes para pagar su carrera electoral.
Comenzó entonces una carrera de fondo del abogado tudelano José Ángel Pérez-Nievas durante 27 años por tratar de obtener el reconocimiento de víctimas del terrorismo para los asesinados y heridos en Montejurra. Pese a que en un principio se calificaron como “desórdenes públicos”, el 5 de noviembre de 2003 la Audiencia Nacional (ante las sucesivas negativas del Ministerio de Interior de Aznar) concedió a los familiares de Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero la indemnización y el reconocimiento de que habían sido “víctimas del terrorismo”. Curiosamente, algunos de sus agresores en Irache como José María Arrizabalaga Arcocha, asesinado por ETA en 1978, habían recibido ya hacía años esta misma distinción.
Cuando en 2000 solicitó por segunda vez la indemnización, la negativa que envió el Ministerio de Interior a Pérez-Nievas llevaba fecha del 5 de mayo de 2000, cuando la solicitud se había enviado en el mes de julio. La Audiencia admitía así que los miles de carlistas que el 9 de mayo acudieron a celebrar su fiesta anual de reivindicación de libertades y contra la dictadura de Franco tuvieron en frente a una banda armada porque se trataba de “una unión de personas con una coincidencia de objetivos y con medios para su obtención, mediante la creación de una situación de conflicto y violencia que impedía el libre derecho de los ciudadanos a manifestarse”. Tan sencilla afirmación costó 10.035 días hasta que el Gobierno de este país la realizó, aunque no sirvió para eliminar la teoría de “dos facciones enfrentadas” que ha servido durante tantos años para ocultar la verdadera implicación del Estado en esas muertes.
La familia de García Pellejero no recibió el reconocimiento del Estado en forma de medalla hasta 10 años después de que lo reconocieran los tribunales. El ministro Fernández Díaz la entregó el 23 de julio de 2013 (el Gobierno de Navarra lo había hecho en 2000 aunque no implicaba el reconocimiento legal de víctima). Quien durante tantos años luchó en los tribunales por el reconocimiento, Pérez-Nievas, en 2006 explicaba que “durante todo este tiempo hubo desplantes de la Diputación Foral de Navarra cuando se acudió a ella para aplicarles los beneficios concedidos a víctimas del terrorismo en territorio navarro, manifestando ‘oficiosamente’ que no eran para ellos. Vejaciones por trato discriminatorio, con motivo de la concesión de la Medalla de oro de Navarra concedida a las víctimas del terrorismo, personificadas en la persona de la viuda de Tomás Caballero, y entregando a todos un diploma acreditativo, aunque en los entregados a los familiares de Ricardo y Aniano, tenían un papelito pegado al dorso expresando que tal reconocimiento no tenía más valor que el que resultaba del propio documento (eran los momentos en que se luchaba con el Estado para su reconocimiento)”.
El pasado mes de abril la Comisión de Memoria y Convivencia del Parlamento de Navarra aprobó una resolución por la que la Cámara reconoció a Ricardo García Pellejero y a Aniano Jiménez Santos como “víctimas del terrorismo practicado desde instancias del Estado y desde elementos de ultraderecha y fascismo”. Entre los acuerdos adoptados se encuentra también que el 9 de mayo de 2026 se lleve a cabo un acto institucional de recuerdo y memoria de las víctimas de Montejurra 1976, así como de inauguración oficial del lugar de memoria que se señaló en el monolito que está junto al Monasterio de Irache. Además, por unanimidad se pide al Estado que adopte el acuerdo que sea preciso para proceder a la desclasificación de todos los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos existentes en la Administración del Estado relacionados con los sucesos de Montejurra 1976, tanto anteriores como posteriores a los hechos acontecidos el 9 de mayo de aquel año.
Conclusiones del crimen
Los documentos entregados al Partido Carlista por la familia Ruiz de Gordoa sobre la operación diseñada por el Estado, terminan con una conclusión escrita por el propio gobernador civil, Ruiz de Gordoa que envió al ministro Manuel Fraga: “El enfrentamiento no debió pasar de la garrota de campo, considerando un hecho desgraciado el disparo de la Campa. No encuentran justificación alguna los disparos de la cima que acabaron con el Montejurra 1976” dice a continuación. “El ambiente de Navarra se ha agudizado en beneficio de la subversión que incrementará la agitación que hasta el momento estaba atenuada. “Montejurra 1976 pasará a la historia como el primer enfrentamiento serio con el hugismo, que hasta ahora campaba por sus respetos (...) Pero llevará la mancha de la violencia por parte de varios desequilibrados e insensatos. La prensa arreciará las peticiones de aclarar los hechos y se exigirá las responsabilidades del momento. Sin embargo, de Montejurra, se debería exigir responsabilidades desde la década de los 60 en que se quemó la efigie de Franco en la plaza de Estella y los líderes huguistas transformaron un acto religioso conmemorativo en acto de oposición al entonces Príncipe de España y hoy S.M. el Rey D.Juan Carlos I. Al mismo tiempo deben exigirse responsabilidades a los protagonistas de los graves sucesos. Fracaso total de la convocatoria de Montejurra por parte del tradicionalismo ortodoxo y con presencia de elementos ajenos al tradicionalismo”.
