La decisión del Departamento de Educación de recortar aulas en la enseñanza pública y concertada como consecuencia de la fuerte caída demográfica ha provocado un tsunami político, social y sindical cuyas consecuencias son ahora mismo imprevisibles. El conflicto ha ido escalando en las últimas semanas y este jueves podría ser un día clave para el devenir de los acontecimientos. El Parlamento foral debatirá una proposición de ley registrada por UPN con la que se pretende aprobar una moratoria al cierre de las 15 unidades de la enseñanza concertada e igualar las ratios en ambas redes. Esta iniciativa legislativa tiene visos de salir adelante con la abstención de Geroa Bai y EH Bildu y, si esto ocurre, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, advirtió de que habría que volver a realizar el proceso de matrícula.
Supresión de 34 líneas por la caída de natalidad
El conflicto, como todos los que rodean al mundo educativo, tiene muchas aristas y el objetivo de este reportaje es tratar de exponer las distintas claves y visiones de los agentes educativos implicados. Todo comenzó a finales de marzo cuando la Comisión de Conciertos Educativos aprobó la renovación de los conciertos educativos de 276 unidades en el 2º ciclo de Infantil (3-5 años), lo que suponía la supresión de 15 aulas (se habló de 14 unidades menos en el cómputo global porque Jaso recuperaba una). El motivo de esta decisión, el “drástico” descenso de la natalidad y la reducción del alumnado en este ciclo. Asimismo, en la nota publicada por el Departamento de Educación, se informó de que ese bajón demográfico iba a provocar una reducción análoga de unidades en la red pública, que cifraron en 19 aulas menos a tenor de los datos del proceso de admisión.
Después de las vacaciones de Semana Santa, el consejero de Educación ofreció una rueda de prensa en la que confirmó la supresión de esas 34 unidades. Aseguró que responde a criterios “objetivos” de planificación y eficiencia del gasto público. Y ofreció datos. Gimeno explicó el alumnado de Infantil matriculado en la red pública ha caído un 22% desde el curso 2014-15 mientras que en la concertada se ha reducido un 20%. Sin embargo, esa similar disminución, prosiguió, no ha tenido hasta ahora una reducción proporcional de grupos entre ambas redes. Así, la concertada ha perdido un 3% de sus unidades concertadas desde el 2014-15 (de 298 a 290) mientras que la pública ha perdido 54 grupos (8% menos).
A su juicio, esta decisión no es un ataque a la concertada ni vulnera la libertad de elección de centro, pero sí busca “blindar” la enseñanza pública especialmente afectada por el descenso de la natalidad. También recordó el consejero que el Acuerdo Programático contempla no aumentar unidades concertadas y reducirlas si no existe demanda suficiente.
En cuanto al impacto económico, Gimeno cifró el coste de cada unidad concertada en 80.000 y 90.000 euros por curso. Un dinero, remarcó, que “podrá destinarse a mejorar otros aspectos de la propia educación concertada”.
A raíz de esta confirmación oficial, el revuelo social, político y sindical fue in crescendo. El 22 de abril, el Parlamento foral aprobó una moción en la que se instaba a Educación a no proceder al cierre de aulas de Infantil, ni en la red pública ni en la concertada, durante el proceso de planificación del próximo curso escolar y a aplicar una moratoria de un año en la renovación de los conciertos.
Un día después, el consejero Gimeno aseguró que no es posible aplicar una moratoria y anunció que finalmente en la enseñanza pública no iba a haber reducción neta de aulas de 3 años en el próximo curso. Hubo quien entendió que no iba a haber recortes de aulas, pero no es así. Algunos centros sí van a perder unidades, pero otros ganan nuevas, de modo que el balance final es neutro o positivo.
Enseñanza concertada: Denuncian vulneración de derechos y piden igualdad de ratios
Los primeros en mostrar su sorpresa y disconformidad con el anuncio de reducción de unidades fueron las patronales y sindicatos de la concertada. Quizá la más crítica ha sido la Federación Navarra de Ikastolas-Nafarroako Ikastolen Elkartea (NIE), una de las más afectadas ya que pierde cinco unidades (a las que hay que añadir la de Baztan, una ikastola municipal que se rige por un convenio especial y a la que también han comunicado que pierde una línea).
“En el momento más delicado de la escolarización por la bajada de la natalidad deciden adoptar medidas drásticas que tendrán consecuencias a futuro”, afirmaron. Esta federación, al igual que CECE-Navarra y Escuelas Católicas, exige un trato de igualdad con la escuela pública y que ambas redes tengan las mismas ratios. En la actualidad, la concertada tiene 25 alumnos por aula y la pública, 23. Una reivindicación que está judicializada, pero de la que aún no tienen noticias.
La supresión de aulas también ha sido recurrida ante el TSJN. En concreto, seis ikastolas y siete colegios concertadas han llevado el recorte a los tribunales porque consideran que “vulnera derechos fundamentales”. La mayoría de ellos ha pedido la aplicación de medidas cautelares hasta que los jueces se pronuncien.
Para la Federación Navarra de Ikastolas la decisión “es un ataque contra el euskera ya que la red de ikastolas teje toda la Comunidad Foral en euskera”, por lo que instan a Educación a revocar la “decisión arbitraria” de cerrar aulas. “Exigimos igualdad para nuestra red y para todas las redes. Nos preocupa la educación en toda Navarra y con estos recortes en lugar de avanzar vamos para atrás”, aseguraron.
Los sindicatos con representación en la enseñanza concertada (Sepna, UGT, ELA y LAB) también han visibilizado su rechazo a la decisión de Gimeno. En concreto, Sepna, sindicato mayoritario en esta red, lanza un mensaje claro. “No pedimos privilegios para la concertada sino igualdad de trato. Si se reducen ratios, si se mantienen aulas por razones sociales, territoriales o educativas, esos criterios deben aplicarse también a la concertada”, explicaron para añadir que “no puede ser que sea la única red que pague las consecuencias del descenso de la natalidad”.
En este sentido, este sindicato recuerda que la enseñanza concertada escolariza a un 40% del alumnado “y no puede ser tratada como una red subsidiaria como nos denominan algunos partidos políticos”. Lamentan la “desigualdad de trato” y piden que se apliquen criterios objetivos, transparentes y equivalentes para ambas redes “teniendo en cuenta no solo los números sino también la demanda social, la libertad de elección de las familias y el impacto laboral de estas decisiones”.
Por ello, desde Sepna abogan por reducir ratios y mantener plantillas “para poder destinar profesorado a apoyos dentro del aula, docencia compartida, refuerzo individualizado, desdobles, mejor respuesta educativa a alumnado con necesidades o de incorporación tardía”.
Enseñanza pública: Priorizar los recursos en la pública que atiende la mayor diversidad
En paralelo, la noticia y el posterior revuelo ha abierto una fuerte contestación desde sectores de la enseñanza pública. Asociaciones y sindicatos lamentan que el debate político se haya centrado en “blindar” la concertada mientras la enseñanza pública sigue soportando ajustes y cierre de aulas anualmente”.
Steilas, sindicato mayoritario en los centros públicos, denuncia que el grueso de las líneas que se cerrarán el próximo curso corresponden a centros de dicha red. “Educación no ha explicado cómo afecta el recorte y no ha respondido a nuestra solicitud de datos. Por eso hemos consultado a los centros y casi la mitad de las aulas que quieren cerrar son de modelo D. Y otras, son de entornos rurales en serio riesgo de despoblación”, explicó Steilas, quien remarcó que “la educación pública del entorno rural será la que sufra un mayor recorte, sobre todo la del modelo D”.
Para este sindicato, en Navarra “no hay libertad de elección sino que hay poder de elección”, ya que la elección está condicionada por cuestiones geográficas, culturales, económicas y sociales. “La libertad formal sin igualdad material o de acceso a la información es segregación”, afirma Steilas, quien tilda de “estructural” la segregación escolar en la Comunidad Foral. “La pobreza infantil y el alumnado migrado se concentra mayoritariamente en la red pública”, remarcó este sindicato, que considera que la manera más eficaz de combatirla es “bajar las ratios, estabilizar plantillas y una publificación progresiva de los centros concertados”.
Así las cosas, Steilas muestra su rechazo a la propuesta legislativa presentada por UPN, ya que “favorecería a la educación privada-concertada y consolidaría un modelo desigual frente a la escuela pública”.
También ha mostrado su malestar por el devenir del debate la asociación de direcciones de centros públicos de modelo D (Nize), que asegura que “el mantenimiento o cierre de unidades se ha realizado siguiendo la normativa vigente y los datos de matriculación”, por lo que niega que exista un trato de favor hacia la escuela pública como afirman algunos agentes de la concertada.
Para esta organización el verdadero problema es “la falta de una reforma educativa que permita reducir ratios y aprovechar la bajada de natalidad para mejorar la calidad educativa y garantizar una atención más personalizada”. De ahí que inste a Educación a que “deje de utilizar la baja natalidad como una excusa para aplicar recortes encubiertos” y aproveche este escenario para reforzar la educación pública.
Por su parte, Herrikoa, federación de familias de la escuela pública, denuncia que el 87% de las aulas cerradas en Navarra desde 2024 pertenecía a la red pública y solo el 13% a la concertada. “La educación concertada debe financiarse solo cuando la red pública no pueda absorber toda la demanda”, aseguran desde Herrikoa, que insta al Gobierno a priorizar los recursos hacia una educación pública inclusiva, diversa y compensadora de desigualdades.
Proposición de ley de UPN y ¿posible repetición del proceso de matrícula?
El tsunami es potente y UPN, de la mano del PP y Vox, ha visto la oportunidad de poner en jaque al Gobierno con la presentación de una proposición de Ley Foral por la que se establecen los criterios de modificación de las unidades educativas de la educación pública y concertada.
La iniciativa, que se debatirá este jueves en el Parlamento, insta a Departamento de Educación a detallar con antelación los criterios para renovar los conciertos educativos cuando estos finalicen y plantea equiparar las ratios de alumnado de los centros concertados con las de los públicos. Y para garantizar “la seguridad jurídica” de esta ley plantea una moratoria en los conciertos y número de aulas de la escuela pública para el curso 2026-27.
Aunque no asumen el discurso, Geroa Bai y EH Bildu se han mostrado abiertos a debatir medidas para evitar cierres, mientras PSN y Contigo-Zurekin consideran que la propuesta invade competencias del Ejecutivo. De hecho, el Gobierno de Navarra aprobó el miércoles un informe de disconformidad en el que sostiene que la iniciativa tiene “visos de inconstitucionalidad” porque invade competencias estatales y altera la planificación educativa ya realizada.
Asimismo, el documento advierte de que la aplicación de la ley obligaría a rehacer el proceso de admisión escolar de Infantil, repetir adjudicaciones de plaza y reorganizar las plantillas docentes, y acarrearía un coste de unos 9,3 millones de euros que se destinaría al presupuesto de la enseñanza concertada.
Por último, el informe concluye que la redacción de la proposición de Ley Foral es “incoherente y un auténtico despropósito”, ya que “por intentar recuperar 15 unidades concertadas que no son necesarias para el sistema educativo, se genera incertidumbre en las 377 unidades ya autorizadas para los próximos 4 años en Infantil y Bachillerato y se pone en riesgo la planificación educativa de los centros públicos para 2026-27”.
El resultado es un escenario de tensión política y educativa de consecuencias inciertas. En las últimas horas, Geroa Bai ha tendido la mano al PSN para buscar una solución que evite el cierre de aulas. Una propuesta que va en la línea de lo que la coalición ha defendido desde el primer día: moratoria y creación de una mesa de trabajo para abordar un debate integral sobre educación. La pregunta parece clara: ¿llegarán los partidos que conforman el Gobierno a un acuerdo que solucione este conflicto antes de la votación del jueves?
