washington - La decisión del Gobierno de Estados Unidos de acabar con un acuerdo que establece los estándares para la detención de inmigrantes menores de edad, entre ellos prohibir que su reclusión supere los veinte días, puede enfrentarse a una larga batalla legal e incluso al veto de un juez antes de su entrada en vigor. Así lo anticiparon expertos consultados, mientras la “norma definitiva” destinada a acabar con las disposiciones del llamado Acuerdo Flores, de 1997.
El Acuerdo Flores establece la protección a menores indocumentados en cuestiones como vivienda, atención médica, educación, nutrición e higiene, y los fallos judiciales que han ido dando forma a esta norma prohíben al Gobierno mantener detenidos a los niños y sus familias durante más de veinte días.
“Si un juez o una jueza paraliza la acción de forma inmediata, la batalla sigue por años”, dijo Clara Long, investigadora senior de la organización Human Rights Watch (HRW). Long aseguró que tras la publicación de la regulación en el Registro Federal, fecha a partir de la cual habrá sesenta días para su entrada en vigor, puede darse un pronunciamiento de la jueza federal Dolly M. Gee, quien tiene bajo su tutela este acuerdo.
obligación de posicionarse “Una vez publicado, los abogados que llevan el caso de Flores tienen siete días para hacer cambios en las demandas que habían puesto en noviembre del año pasado”, cuando se anticipó la iniciativa del Ejecutivo, explicó la experta. Para Long, la jueza “va a tener la obligación de pronunciarse sobre si el reglamento (anunciado por el Gobierno) realmente responde a las obligaciones del acuerdo”. El abogado que impulsó desde 1985 la batalla legal para lograr el Acuerdo Flores, aseguró ayer que el plan de Donald Trump, de acabar con el pacto “probablemente nunca se implemente”. Peter A. Schey, uno de los juristas que alcanzó en 1997 el pacto con el gobierno para no permitir que los menores indocumentados permanezcan más de 20 días en detención, no ve futuro al anuncio dado este miércoles por la administración Trump para poner fin al Acuerdo Flores. “Lo más probable es que las regulaciones de la Administración nunca se implementen porque, según los términos del acuerdo, este solo acaba cuando el Gobierno emite regulaciones que son consistentes e implementan los términos del acuerdo”, dijo Schey.
El abogado subrayó que las regulaciones de la Casa Blanca no “implementan” el acuerdo y que, en cambio, derogan los derechos que los menores indocumentados obtuvieron bajo el convenio. El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, abogó con sus homólogos de Centroamérica en la capital panameña por encontrar una “solución regional” a la migración irregular.
“Este es un reto regional. Las organizaciones criminales que estamos tratando de abordar son transfronterizas, no afectan solo a nuestras naciones y la única manera que podemos lograrlo es colaborando juntos para compartir información pero también con acciones concretas”, dijo McAleenan al inicio de la reunión. El responsable estadounidense aseguró que la incorporación de Panamá, Costa Rica y Colombia a este tipo de reuniones, “nos permite expandir nuestro impacto y abordar el flujo de extracontinentales que viven fuera de la región”. - Efe
“Solución regional”. El secretario interino de Seguridad Nacional de EEUU, Kevin McAleenan, pidió buscar una solución integral, junto a sus homólogos, a la migración irregular.
Sesenta días. Tras la publicación de la regulación en el Registro Federal, hay un período de sesenta días hasta que entre en vigor pero la jueza, en este caso, Dolly M. Gee tiene bajo su tutela el acuerdo y por lo tanto la capacidad de vetar la decisión del gobierno estadounidense.
Kevin McAleenan “Este es un reto regional”
En una reunión McAleenan defendió que la incorporación de Panamá, Costa Rica y Colombia a este tipo de reuniones “nos permite expandir nuestro impacto y abordar el flujo de extracontinentales que viven fuera de la región” con el objetivo de impulsar acciones concretas.
