El TSJN anula una subvención para documentar la violencia ultra tras las denuncias del PP

La sentencia, que va a ser recurrida por el Ejecutivo foral, afecta a la orden 35E/2017, dictada el 12 de septiembre de 2017, contra la que el PP ha formulado diferentes denuncias al considerar que de alguna manera cumplía con algunos de los preceptos de la Ley foral 16/2015 de víctimas de la extrema derecha y funcionarios públicos aprobada en 2015 por el Parlamento de Navarra. Norma apoyada por casi todos los grupos y a la que el PP se opuso desde el comienzo (como también hizo UPN), que nunca reconoció y que trató de desmontar por la vía jurídica hasta que en julio de 2018 el Tribunal Constitucional terminó por declararla definitivamente nula, cuestionando una vez más el autogobierno de Navarra ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE).

el pp usa toda la maquinaria Para entender el episodio merece la pena remontarse hasta abril de 2015, cuando el Parlamento foral, a iniciativa de I-E, aprobó la ley, un paso histórico por el reconocimiento de todas las víctimas. Desde el principio, los populares vieron en la norma una humillación a la policía, y con la ayuda del Gobierno de Rajoy la recurrieron ante el Constitucional alegando que la norma puenteaba al poder judicial por otorgar a una “comisión de reconocimiento” la potestad de dictaminar quiénes fueron víctimas (aspecto que motivó la inconstitucionalidad).

El Constitucional admitió el recurso y desde 2016 la ley foral estuvo suspendida cautelarmente casi en su totalidad, salvo unos pocos preceptos que incluían la posibilidad de realizar un homenaje sin nombres propios, en abstracto; y de documentar la violencia ultra desde ámbitos educativos. El homenaje (en la imagen) se celebró en febrero de 2017, en un acto histórico que reunió al Gobierno foral, Parlamento y ayuntamientos. Y la labor científica se articuló, en septiembre de ese año, a través de la orden foral 35E/2017 ahora tumbada por el TSJN y pensada para que entidades universitarias documentasen algunos casos.

trabajo universitario El Gobierno foral lanzó una convocatoria de 30.000 euros a la que accedieron la UPV/EHU (que consiguió 17.910 euros para iniciar un estudio científico sobre la tortura desde 1960) y la UPNA (que acaparó los 12.090 euros restantes para investigar la memoria familiar y documentar las muertes de Germán Rodríguez y Gladys del Estal). Pero como ya había sucedido antes, el PP volvió a la carga con un recurso que, por de pronto, dilató tanto los plazos que la UPNA tuvo que renunciar al proyecto. Y posteriormente la Abogacía del Estado, a instancias de Carmen Alba (Delegada del Gobierno con el PP), inició un contencioso que ha derivado en la sentencia actual.

El TSJN lo ha tenido relativamente fácil: cinco meses después del pronunciamiento del Constitucional, el tribunal navarro considera que procede anular una orden foral que depende de una ley ya suspendida. Es lógico, desde ese prisma. Lo que ocurre es que el Gobierno foral defendía que la investigación académica nada tiene que ver con la investigación penal, con otro recorrido e implicaciones, por lo que siguió adelante con la convocatoria de la UPV. Es pronto para especular qué ocurrirá en el futuro. Primero, tendrá que dirimirse el recurso que tendrá que presentar el Ejecutivo contra la misma Sala en un plazo máximo de 30 días.

“Es aberrante”. Para I-E, partido que impulsó la Ley foral 16/2015, “es intolerable que se quieran impedir investigaciones académicas”. EH Bildu, por su parte, lamentaba que el Estado “siga empeñado en ocultar la realidad de las torturas”, y Podemos veía la sentencia como un acto de “ingeniería jurídica” para “atentar” contra el derecho a saber. El PP celebró la medida y pidió la dimisión de Ana Ollo.