pamplona - El informe que los servicios jurídicos del Parlamento deben elaborar para resolver el conflicto abierto en Podemos se interesa por conocer si quienes ya no pertenecen al partido por el que se presentaron a las elecciones son competentes para expulsar del grupo parlamentario a los tres que mantienen la militancia.

Ha sido la Mesa de la Cámara la que decidió, en contra del criterio de la oposición, solicitar dicho informe después de que el portavoz de los críticos, Carlos Couso, pidiera la expulsión de los tres que permanecen en el partido, y después de que éstos alegaran que los díscolos con la formación morada no tienen legitimidad política para hacerse con el control del grupo parlamentario.

Dado el volumen de las cuestiones que se deben analizar, es previsible que el informe no llegue a la Mesa para la próxima reunión ordinaria del lunes 14 de enero, ya que se calcula que tardará en completarse unos 10 días.

En la solicitud del informe deben aclararse hasta ocho cuestiones.

- 1. Si el escrito que registró Couso, de tan solo cinco líneas y en el que se limita a comunicar “la exclusión” de los parlamentarios Ainhoa Aznárez, Mikel Buil y Tere Sáez, cumple con los requisitos formales para su toma en consideración.

- 2. Si la Mesa de la Cámara, a la que el artículo 37.1, 6º le atribuye la función de admitir o inadmitir escritos como el de Couso previa audiencia de la Junta de Portavoces, puede entrar a considerar otras cuestiones de fondo.

- 3. Si es posible la expulsión de miembros de un grupo parlamentario -que siguen en el partido por el que fueron elegidos- por unos parlamentarios que ya no pertenecen al partido por el que se presentaron, pese a que ostenten la mayoría.

- 4. Si, a efectos de la cuestión anterior, tiene relevancia que tengan la mayoría quienes ya no pertenecen al partido que posibilitó el grupo parlamentario.

- 5. Qué efectos prácticos tiene la distinción entre representación y representatividad en un grupo parlamentario compuesto por miembros que ya no están en el partido.

- 6. Si es posible hacer una interpretación similar a la Ley de Bases de Régimen Local, que da prevalencia al partido político sobre el grupo municipal en caso de enfrentamiento.

- 7. Si corresponde o no a la Mesa determinar el pase a la condición de no adscritos de los parlamentarios que dejaron de pertenecer al partido por el que se presentaron a las elecciones.

- 8. Qué efectos jurídicos tiene el hecho de que los parlamentarios declarados “excluidos” hayan mostrado su oposición a dicha exclusión, algo que no ocurrió en el precedente que existe de 2011.

¿Quién pide el informe jurídico? Es la Mesa del Parlamento la que ha solicitado que los servicios jurídicos resuelvan el conflicto creado después de que el portavoz de la críticos de Podemos, Carlos Couso, pidiera expulsar del grupo parlamentario a los tres que siguen bajo la disciplina del partido por el que se presentaron.

UPN, en contra. Integran la Mesa del Parlamento la presidenta, Ainhoa Aznárez (Podemos), los vicepresidentes Unai Hualde (Geroa Bai) y Alberto Catalán (UPN), y los secretarios, Maiorga Ramírez (EH Bildu) y Maribel García Malo (UPN). El informe se solicita con los votos a favor de los representantes de Podemos, Geroa Bai y EH Bildu, y el rechazo de UPN.