Una campaña marcada por los ataques al autogobierno...

Pese al pacto con UPN, Ciudadanos ha redoblado sus críticas al Convenio

Las derechas han incorporado a sus programas medidas para centralizar el Estado y recortar el régimen foral

09.02.2020 | 06:14
Urnas y papeletas preparadas en un aula del Colegio Público Iturrama de Pamplona.

Pese al pacto con UPN, Ciudadanos ha redoblado sus críticas al Convenio

Pamplona - Se cerró el telón, pero solo de momento. La pasada medinoche terminó la campaña electoral de las elecciones generales. Quince días de una campaña de perfil bajo marcada por la festividad de Semana Santa, y que ha tenido en el debate político nacional el foco informativo. Y que en el caso de Navarra ha estado marcada por las elecciones forales y municipales que se celebrarán dentro de un mes. La mayoría de los mensajes políticos de los partidos navarros han ido en esa dirección, en ocasiones de forma implícita y en otras de forma expresa.

Ha habido sin embargo un elemento central en el debate de estos días: el autogobierno y, por extensión, el régimen foral. La relación económica bilateral entre Navarra y el Estado regulada mediante el Convenio Económico, que se ha visto en el punto de mira de Ciudadanos. Un partido sin representación en Navarra, pero que en esta doble cita electoral concurre en coalición con UPN, lo que ha encendido las alarmas en el resto de partidos, que han aprovechado para cuestionar el compromiso de los regionalistas con el régimen foral. Un debate al que han contribuido los propios dirigentes de Ciudadanos, que durante toda la campaña han venido vertiendo amenazas veladas contra el Convenio Económico.

De poco ha servido la referencia al régimen foral recogida en el pacto electoral entre UPN y Ciudadanos, y en el que también participa el PP como un actor secundario. Rivera, que en la firma del acuerdo evitó responder a las preguntas de los periodistas, dejó por escrito su respeto a la foralidad. Una expresión genérica que en el documento se vincula a una petición de "transparencia" y "lealtad" en el Convenio Económico. El problema es que lo que para UPN supone la aceptación de la foralidad por parte de Ciudadanos, para los de Rivera implica un reconocimiento de "opacidad" e "insolidaridad" con la que se ha regido hasta ahora la relación bilateral entre Navarra y el Estado.

De hecho, cada vez que los principales dirigentes de Ciudadanos han hablado sobre el régimen foral, lo han hecho en tono despectivo. Desde el primer día además. "Si hay una reforma constitucional, defenderemos el mismo régimen fiscal para todos los territorios," avanzó el responsable económico del partido, Luis Garicano, a las pocas horas de la firma del pacto electoral. Después han venido otros como Toni Cantó, candidato al Gobierno de Valencia; el responsable de Hacienda, Francisco de la Torre o el propio Rivera para repetir el mismo mensaje: No ha habido ninguna rectificación, gracias al acuerdo con UPN, Navarra será "solidaria" y su aportación "transparente". Lo que en la práctica significa que la Comunidad Foral deberá aportar más al Estado. Incluso la propia candidata de la coalición al Senado, Ruth Goñi, ha argumentado que su partido lleva "cuatro años diciendo lo mismo", y que el sistema de cálculo actual "no es transparente" y es fruto de una "negociación política".

No es de extrañar por lo tanto que los responsables de la campaña hayan evitado las comparecencias públicas de los representantes del partido naranja. Tras las intervenciones iniciales, Goñi no se ha expuesto a las preguntas de los periodistas, y UPN incluso llegó a interrumpir un acto político para que los periodistas no preguntaran al responsable de Interior de Ciudadanos sobre el Convenio Económico. Para entonces, Miguel Gutiérrez ya había mostrado la oposición frontal de su partido a cualquier nueva transferencias a Navarra, incluida la devolución de Tráfico. Una reclamación histórica que UPN venía respaldado desde 1996.

Proceso de recentralización En cualquier caso, los ataques de Ciudadanos al régimen foral y al autogobierno no han sido una cuestión puntual de la campaña ni una estrategia electoral. Forman parte de una corriente centralista que se ha apoderado del debate político nacional. Fundamentalmente en la derecha, que impulsada por el fervor patriótico que ha propiciado el proceso soberanista catalán y la irrupción de un discurso extremista, defiende ya sin complejos una recentralización del Estado de las Autonomías. Así lo recogen los programas electorales de PP, Ciudadanos y Vox, en los que más allá de la cuestión económica, plantean recuperar competencias en educación, recortar las atribuciones de las policías autonómicas o, en el caso de la extrema derecha, suprimir directamente los parlamentos autonómicos.

Propuestas que se han encontrado con la respuesta frontal de las fuerzas de izquierda. Empezando por el PSOE, que ha optado por la defensa del Estado autonómico y que plantea una ampliación de competencias. Siguiendo por Unidas Podemos, así como por las fuerzas que han presentado una oferta electoral más regionalizada. De un lado EH Bildu, que va de la mano de ERC con el objetivo de contar con un grupo fuerte en el Congreso en defensa de posiciones soberanistas. Y del otro Geroa Bai, con un programa de defensa del régimen foral y reivindicación de mayores competencias para la Comunidad Foral.

Es no obstante un debate que no va a terminar con las elecciones de mañana, y que marca ya un claro campo de juego para la próxima legislatura en Madrid. Donde más allá de resultado electoral que determine la composición del futuro Gobierno de España se va a dibujar un parlamento estatal en el que van a chocar dos visiones del Estado autonómico: la de quienes apuestan por ampliarlo y la de quienes defienden su recentralización. Cada uno con sus grados y matices en lo que será, junto con el equilibrio entre derecha e izquierda, el otro gran eje de la legislatura que comienza a partir de mañana en Madrid.