Los cuatro años de la legislatura han sido muy intensos en materia de euskera tanto en el Gobierno como en los ayuntamientos que han puesto su empeño en aplicar una política lingüística en positivo que aborde, desde un principio de voluntariedad y gradualidad, la atención a los derechos de cerca de 124.000 personas vascoparlantes. Desde el primer momento el euskera ha estado en el foco del debate público y a la hora de hacer balance, lo que unos han vivido y difundido como una “imposición” para otros ha sido una legislatura tibia que termina sin la “cooficialidad”. Opiniones e hipérboles aparte, en realidad no ha sido ni una cosa ni otra. El cambio ha servido para poner las bases y reactivar una gestión pública en materia lingüística con el foco puesto en la voluntariedad y la atención de los derechos lingüísticos de miles de ciudadanos/as bilingües hasta ahora minusvalorado, poniendo en valor también la otra de las lenguas propias de la Comunidad Foral que llegaba en una situación muy precaria pese al enorme esfuerzo de la sociedad civil por mantenerla viva. Los hechos y las cifras dibujan un saldo bastante transversal y gradual- coherente con la propia composición plural del cuatripartito- y basado en una gestión eminentemente técnica y posibilista con el epicentro en Euskarabidea, su plan estratégico y el decreto foral de la Administración. Una visión más maniqueista se explica por dos factores. Por un lado, los partidos de la oposición -y algunos sindicatos, que ademas han judicializado el debate- han hecho del euskera una sus banderas recurrentes para agitar las arenas políticas y sociales. Por otro, el hecho de que el punto de partida en materia lingüística -tanto a nivel presupuestario, como institucional, legal, de visibilidad y del propio prestigio social- fuera tan bajo tras décadas de gobierno regionalista en negativo, ha hecho que cualquier paso hacia adelante tanto en porcentajes (el presupuesto de Euskarabidea se ha multiplicado por tres) como en gestos o medidas prácticas haya sido vivido como “cambio radical” por unos, y se quedara corto para las expectativas de otros. A continuación se desgranan algunos de asuntos claves, polémicas e hitos de estos cuatro años en euskera.
legislación
Avances en la Ley del Euskera
Ayuntamientos y Parlamento logran ampliar la zona mixta
La legislatura arrancó con un acuerdo programático en el que quedaba pendiente de consenso redactar una nueva Ley del Euskera y concluyó con un dictamen del Parlamento, tras una maratoniana comisión especial, en la que “la pelota” se pasaba a la siguiente legislatura al encallar el debate en la roca de la “cooficialidad”. Sin embargo, el Parlamento sí fue receptivo a un movimiento municipalista que acabó en una petición de 44 ayuntamientos de la zona no vascófona para entrar en la zona mixta. Unos 40.000 navarros y navarras (entre ellos los de localidades importantes como Tafalla, Olite, Aibar...) lograban pasar a un estatus más protector de sus derechos lingüísticos tras la modificación parcial la ley, que cumplió 30 años.
Administración
Actualización del decreto foral
Una nueva norma para mejorar la atención de 124.000 euskaldunes
La Ley del Euskera no ha sido sustituida por otra norma de igual rango, pero su desarrollo inferior, a nivel de decreto foral, sí que ha conocido una importante actualización en lo que tiene que ver con la Administración con un doble efecto que está ligado. En el arranque de la legislatura se daba una disfunción evidente: descontados los puestos de profesorado y Euskarabidea, apenas un 1% de las plazas de funcionarios autonómicos exigían el requisito de euskera, cuando el volumen de ciudadanos/as euskaldunes (potenciales usuarios) había subido a un 12,9% (69.000 activos) y 10,37% de pasivos (55.000). Es decir, apenas 160 funcionarios bilingües tenían que atender a 124.000 euskaldunes. El desequilibrio en algunos departamentos clave como Salud, Hacienda, Cultura era muy notorio. Tras un trabajado debate interno y externo se ha aprobado un nuevo decreto que trata de actualizar la relación entre Administración y administrados modificando un tema sensible como es qué se pide a la hora de optar a un puesto vía oposición o concurso oposición. La letra pequeña queda en manos de cada departamento y de la negociación sindical pero en términos generales, más allá de los puestos que incluyen el euskera como requisito, en el resto se eleva la puntuación del euskera como mérito para que no cuente menos que las lenguas extranjeras. El decreto, según las zonas, pone más énfasis en retirar “prohibiciones” que en marcar “obligaciones”. Está pendiente su aplicación por departamentos y la resolución de recursos, aunque el TSJN han rechazado peticiones de suspensiones cautelares.
educación
Alumnado y profesorado
OPE, modelo D sin fronterasy avances en FP y Universidad Pública
La enseñanza es el motor de cualquier proceso de recuperación de una lengua y a la vez es un terreno complejo de gestionar tanto a nivel de oferta académica como de recursos humanos. Durante estos cuatro años el modelo D se ha consolidado con en torno al 30% de la prematrícula y una decena localidades de la zona media, Tierra Estella y la Ribera han podido acceder a esta oferta en la enseñanza pública. También se han dado pasos para incluir nuevos módulos en euskera en un terreno como el de la FP, en el que su presencia era minoritaria y tiene una gran proyección de futuro. En esta misma línea y desde su propia autonomía, la oferta de la UPNA ha ido rentabilizando sus recursos docentes para atender la llegada creciente de ese alumnado al campus, en el que uno de cada cuatro universitarios de primer curso elige una materia en euskera. Eso sí, la UPNA no ha dado el paso de desdoblar titulaciones y solo existe Magisterio en euskera. En todos estos casos la Administración ha intentado dar respuesta a una demanda social sin mayores polémicas sociales que algunas alimentadas de forma partidista en las campañas de prematriculación. Los euskaltegis han visto también cómo se acababa la asfixia económica a la que les sometió UPN en los últimos mandato recuperando las subvenciones imprescindibles para formar a casi 6.000 adultos cada curso.
Donde sí se han producido conflictos sindicales y políticos importantes ha sido en lo que son las plantillas y las convocatoria de oposiciones. Educación ha defendido la postura de que el perfil lingüístico se basa en una valoración técnica de necesidades mientras que desde la oposición y algunos sindicatos se ha lanzado la idea de que el porcentaje de plazas con requisito de euskera para las OPE debe de derivarse del número de hablantes (“la realidad sociolingüística”, dicen). El sistema de selección también ha sido motivo de divergencia y no salió adelante un intento de implantar una lista única, es decir, que un aspirante con dos lenguas no viera penalizadas sus opciones a optar a plazas en castellano y en euskera. El procedimiento, bastante complejo, quedará para la siguiente legislatura.
europa
Carta Europea de las lenguas
Navarra por fin cumple las recomendaciones del Consejo de Europa
Desde que llegara el primer informe del Comité de expertos de lenguas minoritarias de la UE en 2002 Navarra venía recibiendo “suspensos” en varios de los apartados que protege la Carta de las Lenguas suscrita por los Estados y que obligan a todos. Actualmente se está a la espera del V informe de esta entidad del Consejo de Europa, el que valora el periodo 2014-2016. El borrador ya reconoce que la Comunidad Foral ha dado importantes pasos en positivo en materia normativa, de medios de comunicación y Educación. Por otro lado, también se ha desarrollado el proyecto Eskola Futura a través de la Eurorregión, toda una referencia plurilingüe.
