madrid - El PP ha tomado como bandera el reparto de fondos y la liquidación del IVA en las comunidades autónomas para atizar al Gobierno socialista y poner en evidencia su gestión. Ayer se evidenció esta nueva estrategia de los populares, que han movilizado a todos sus barones para pedir un cambio en el trato a las regiones, por lo que los presidentes autonómicos de Galicia, Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León salieron en tromba para exigir al Ejecutivo en funciones la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre financiación autonómica.

El objetivo es que en este foro, integrado por el Ministerio de Hacienda y los consejeros de las distintas comunidades en este ámbito, se aborden los fondos pendientes de transferir a las autonomías, un total de casi 7.000 millones de euros, entre las entregas a cuenta de 2019 y la liquidación del IVA de 2017. Unas cuantías que están sin abonar por encontrarse el Gobierno en funciones, ya que el Ministerio de Hacienda ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado sobre esta cuestión que supuestamente determina que el Ejecutivo tiene muy limitada su capacidad de actuación y no puede actualizar las entregas a cuenta.

Respecto a dicho documento de la Abogacía, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, advierte de que es un “informe fantasma” que no puede esgrimirse por Hacienda para estar “amenazando y chantajeando” a las comunidades. Por ello, instó a María Jesús Montero a dar explicaciones y pidió su dimisión si finalmente resulta que el documento no existe. La ministra por su parte, asegura que el informe se encuentra ya en el Ministerio de Hacienda.

Uno de los primeros en unirse a la reclamación por la financiación fue el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que en su cuenta de Twitter denunció que el Gobierno español “se ha quedado sin excusas para pagar a Andalucía los 1.350 millones que nos adeuda de 2019”. El resto de presidentes autonómicos del PP se unieron a esta petición, al igual que los líderes regionales del partido, a través de mensajes en sus redes sociales.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cifra en 1.300 millones la cuantía pendiente y critica que el Gobierno se escude en un “informe inexistente” de la Abogacía del Estado para no transferir estos fondos. Para el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, “un Gobierno en funciones no es un gobierno sin funciones” y lo más importante es que los servicios se presten “con normalidad”, por lo que es necesario un Consejo Fiscal “inmediato” sobre esta cuestión.

montero se defiende Por su parte, la ministra de Hacienda asegura que el Gobierno “busca fórmulas” para pagar las entregas a cuenta a las comunidades y “sortear” el informe según el cual un Ejecutivo en funciones no puede transferir dinero a las comunidades. En una entrevista con Onda Cero, Montero defendió asimismo que la Abogacía del Estado mantiene desde 2016 el criterio de que “un Gobierno en funciones no puede tomar decisiones que condicionen la actuación de un nuevo Ejecutivo”.

Respecto a las críticas de la oposición que han reprochado al Gobierno que se acogiese a un informe que no existía, Montero respondió que los informes jurídicos “pueden ser verbales o escritos” y reiteró que “no ha habido ningún cambio” en el criterio de la Abogacía del Estado, que es “el mismo que tenía cuando gobernaba el PP”. La ministra también recordó que esta situación es consecuencia del “bloqueo” al que el PP, Cs y Podemos tienen sometido al Gobierno, y que ha impedido que se actualizasen las entregas a cuenta. - D.N.