pamplona - El Gobierno de Mariano Rajoy usó dinero público para financiar la operación Kitchen, diseñada para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y buscar y destruir pruebas que implicaran a la cúpula del PP en la caja B del partido conservador y de su financiación ilegal. En una información firmada por Miguel Ángel Campos, la Cadena Ser adelanta que entre 2013 y 2015 el Gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy gastó 500.000 euros de los fondos reservados para que el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el resto de la llamada policía política espiara a Bárcenas e intentaran recabar pruebas comprometedoras para los entonces dirigentes del PP.

Según la información clasificada a la que ha accedido la cadena, el pago de esos 500.000 euros fue aprobado por quien entonces era secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, actualmente imputado en la causa. Supuestamente sólo el poder político y un pequeño grupo de agentes, liderados por el exdirector Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino estaban al tanto de los verdaderos objetivos de la operación Kitchen y la mayoría de lo agentes que intervinieron en el operativo pensaban que estaban actuando para ayudar a la investigación de la caja B del PP abierta en la Audiencia Nacional.

el chófer y el falso cura Los 500.000 euros fueron empleados para sobornar al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, en los dispositivos necesarios para colocar cámaras espía y micrófonos en el domicilio de la madrileña calle General Díaz Porlier, donde el extesorero guardaba documentación del caso, y en los seguimientos a la familia y hasta a la empleada del hogar. Los investigadores sostienen que con ese dinero también se pagó al falso cura que secuestró a punta de pistola a la esposa y al hijo de Bárcenas, para conseguir pruebas de la caja B.

La ley establece que aunque el uso de los fondos reservados compete "exclusivamente" al ministro del Interior, en este caso Jorge Fernández Díaz, también deben estar sometidos a un "especial sistema de justificación y control". Además, el ministro debe informar al presidente del Gobierno sobre el uso de estos fondos.

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez calificó de falsas la informaciones que le atribuyen haber aprobado esa disposición de medio millón de euros de los fondos reservados para la operación Kitchen. En un comunicado, añadió que toda información relacionada con tales hechos está bajo secreto pero que pese a ellos se ve obligado a "defender su honorabilidad" y desmentir la información difundida ayer.

Los portavoces del PSOE y de Unidas Podemos en el Congreso, Adriana Lastra y Pablo Echenique, respectivamente, pidieron al presidente del PP, Pablo Casado, explicar y asumir responsabilidades por la operación Kitchen, supuestamente diseñada por el PP. La portavoz del grupo socialista avanzó que comenzaría ayer mismo a llamar al resto de grupos para que el PP, "empezando por Pablo Casado", asuma responsabilidades en el Congreso puesto que el actual presidente del partido era "en esa época era vicesecretario general del PP". "Es un delito gravísimo que oscurece la apertura solemne de las Cortes", ha subrayado Lastra, que considera que el caso no puede quedar sin respuesta por parte de esta Cámara. Lastra, que ha dicho tener constancia de estos hechos por los medios de comunicación, se ha preguntado qué más habrá detrás de lo que hizo el PP en el Gobierno "para intentar tapar su caja B".

También Echenique abogó por investigar el alcance de Kitchen, "un caso de corrupción en su forma más grave", pues, según destacó el portavoz de Unidas Podemos, no solo se utilizó dinero público sino fondos reservados destinados a priori a la seguridad nacional. Echenique comparó el caso, en el que aparecía "un cura falso secuestrando a la mujer del tesorero" del PP, con los mecanismos propios de "las películas de serie B". "Hay que averiguar el alcance y para qué más operaciones se han utilizado fondos reservados", pidió Echenique. - D.N.

El ex número dos de Fernández Díaza. La documentación confirma que el número 2 de Interior con Fernández Díaz, el imputado exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, fue quien aprobó la disposición del gasto. Este, no obstante, difundió ayer un comunicado en el que desmentía la información de la 'Cadena Ser'.