La Justicia frena el veto parental de Vox en Murcia

Cree un perjuicio la opción de que los alumnos no realicen una actividad obligatoria y evaluable por no autorizarlo sus padres

13.03.2020 | 01:13

madrid – La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) suspendió, de manera cautelar y mientras dura la tramitación del recurso interpuesto por el ministerio de Educación, la ejecución del llamado pin parental, es decir, las instrucciones de la consejería de Educación y Cultura de Murcia que permitían a los padres y madres "manifestar su conformidad o disconformidad" con la participación de sus hijos menores en actividades complementarias a la docencia, en concreto sobre educación sexual. El pin parental es la iniciativa estrella de Vox, que consiguió sumar a PP y Cs en su demanda como contrapartida a la hora de apoyar la constitución de un gobierno presidido por los populares.

Tras esta decisión, el consejero de Presidencia y Hacienda de Murcia, Javier Celdrán, afirmó que el Gobierno regional "acata" la suspensión cautelar y que los servicios jurídicos de la Comunidad analizarán el auto y los pasos a seguir a partir de ahora. La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) calificó como "un acontecimiento importante" esta resolución. "Una suspensión cautelar es un acontecimiento excepcional jurídicamente porque estima que se puede producir un daño irreparable, y el tribunal entiende que mantener el pin parental perjudica la educación de los alumnos", señala. De hecho, la Sala de lo Contencioso del tribunal considera en su fallo como "perjuicio identificable la posibilidad de no realización por los alumnos de una actividad obligatoria y evaluable por no autorizarlo sus padres".

En concreto, el pin parental es una iniciativa impulsada por la organización Hazte Oír para que las familias puedan impidan la asistencia de sus hijos a talleres sobre diversidad afectivo-sexual, y el partido Vox la exigió también en Andalucía y en la Comunidad de Madrid para apoyar los presupuestos en estas comunidades gobernadas sin mayoría suficiente por PP y Cs. Sin embargo, los gobiernos andaluz y madrileño mostraron su rechazo a implantarla.