a crisis sanitaria del COVID-19 ha provocado que haya quedado postergada hasta nuevo aviso la agenda política de 2020, que se preveía intensa en diversos ámbitos, más si cabe tras la puesta en marcha en enero del inédito Ejecutivo de coalición en el Estado. De esta forma, cuestiones que hasta hace días se antojaban prioritarias han pasado a ocupar un papel secundario en la actualidad ante la urgencia de la emergencia por el coronavirus y los esfuerzos para frenar su expansión.

Son numerosos los asuntos políticos e institucionales que quedan en el tintero tras la declaración del estado de alarma, tanto a nivel estatal como vasco. Entre ellos, cuestiones clave como las elecciones aplazadas en Euskadi y Galicia, las transferencias del Estatuto de Gernika, los Presupuestos del Gobierno español o la mesa de diálogo con Catalunya, retrasada sine die. Así, hasta que las autoridades no logren frenar la emergencia sanitaria, no hay fechas fijadas para volver a abordar con normalidad los retos políticos pendientes. Incluso se vislumbra cierto temor a que algunas materias queden en suspenso debido a la anómala situación, como es el caso del calendario de transferencias vasco, que ya debería haberse puesto en marcha.

Otra derivada de la irrupción del coronavirus es la profunda crisis económica que ya está acarreando la emergencia, y que se prevé que se prolongue una vez finalizado el estado de alarma. La recesión podría afectar a la cuestión presupuestaria y a las futuras medidas sociales previstas por el Ejecutivo bicolor de PSOE y Unidas Podemos, que podría ver frenados sus planes y sus Cuentas de expansión ante el problema de tesorería y endeudamiento que se le presenta a futuro.

Elecciones vascas

El reto prioritario que debe afrontar la política vasca una vez que finalice el estado de alarma es la nueva convocatoria de elecciones autonómicas, cuya cancelación fue indispensable ante la imposibilidad de celebrarlas con normalidad en la fecha prevista del 5 de abril. La intención del Gobierno vasco y del conjunto de los grupos parlamentarios es llamar a las urnas el domingo más cercano, una vez se dé por terminada la emergencia del COVID-19. Sin embargo, a día de hoy es casi imposible adelantar en qué semana o en qué mes se dará por superada la crisis; dependerá de la evolución del virus en el conjunto el Estado.

También plantea incógnitas la celebración de la campaña electoral, que podría verse reducida a una semana -tal y como se hizo cuando se repitieron los comicios generales en noviembre- o incluso no celebrarse y dar directamente la voz a la ciudadanía en las urnas.

Agenda progresista del Gobierno

Respecto a los hitos pendientes en el Estado, queda aparcada hasta nuevo aviso la llamada agenda progresista que pretendía poner en marcha el Ejecutivo de PSOE y Podemos en sus primeros meses de vida. En este ámbito se encuentran reformas normativas pendientes como la ley de Educación o la de abusos sexuales, así como la batería de medidas sociales relativas a la regulación de alquileres, la ley mordaza o algunos aspectos de la reforma laboral.

Presupuestos Generales del Estado

Otra cuestión clave, y que se preveía que iba a marcar la supervivencia del Gobierno, son los Presupuestos. Pedro Sánchez ya ha dejado caer que podría aplazar esta cuestión hasta finales de año y presentar ya un proyecto presupuestario para 2021. De esta forma, el Estado continuaría un curso más con las Cuentas prorrogadas de Cristóbal Montoro, que datan de 2018, justo antes de la moción de censura que acabó con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Sánchez se aseguraría de esta forma una cierta tranquilidad en los próximos meses y, una vez alejado el fantasma del coronavirus, se centraría en sacar adelante unos Presupuestos para el próximo año que podrían verse lastrados por la incipiente crisis económica.

Unidad en el Gobierno

En el momento en que irrumpió la crisis sanitaria a finales de febrero, el Ejecutivo de coalición se estaba viendo lastrado por sus discrepancias internas y era prioritario para Sánchez poner fin a estas disputas y trasladar una imagen de solidez y de remar todos a una. Sin embargo, los esfuerzos de cohesión deberán esperar ante la emergencia actual, que incluso ha agudizado estos choques entre los ministros del PSOE y de Unidas Podemos. La desunión se hizo más evidente que nunca en el Consejo de Ministros que debía aprobar el estado de alarma, que se prolongó durante ocho horas debido al intenso debate que mantuvieron socialistas y morados.

Cuentas pendientes del rey

Más allá de lo relativo a la actividad del gabinete de Pedro Sánchez, sobresalen los últimos escándalos de la monarquía por las supuestas actividades ilegales del rey Juan Carlos, que han salpicado al actual monarca Felipe VI. Así, el jefe de Estado tiene pendiente rendir cuentas a la ciudadanía por los fondos millonarios de su padre, que procederían de comisiones cobradas en negocios con Arabia Saudí.

La renuncia de Felipe VI a la herencia del emérito queda por el momento en papel mojado, ya que no es efectiva hasta la muerte de Juan Carlos. El propio rey Felipe ha sido también vinculado con algunos de los fondos ilegales, en los que figuraba como beneficiario. Está por ver si en los próximos meses la monarquía hará un propósito de enmienda creíble o si, por el contrario, el jefe de Estado optará por eludir la cuestión como hizo en su discurso televisado del pasado 18 de marzo.

El diálogo con Catalunya, aparcado

Este mes de marzo se tenía que haber celebrado el segundo encuentro de la mesa de diálogo establecida entre las administraciones estatal y catalana, pero el cónclave se frenó con el país ya en estado de alarma. Con varios casos de positivos por coronavirus tanto en el Gobierno español como en la Generalitat y todas las reuniones celebrándose por videoconferencias, resulta inviable continuar la negociación sobre el conflicto político en Catalunya hasta que se dé por superada la emergencia. En consecuencia, otro de los retos que hasta hace pocas jornadas parecía prioritario se ve aparcado hasta nuevo aviso.

Siguiendo con Catalunya, los Presupuestos deberían haberse aprobado el pasado 18 de marzo, lo que ha resultado del todo imposible con el panorama político alterado por la emergencia sanitaria y con el Parlament cerrado a cal y canto. Esta votación iba a suponer un punto de inflexión debido al movimiento de los comunes, que con su abstención iban a dar luz verde a las Cuentas para después ir a las urnas. Así, el proyecto presupuestario era el pistoletazo de salida para unas elecciones autonómicas que, aunque en ningún momento han tenido fecha, se preveían trascendentales para observar el nuevo equilibrio de fuerzas y los futuros pactos para gobernar Catalunya.

Ahora, todo el proceso se aplaza y es posible que la llamada a las urnas no se produzca hasta finales de año, sea con Cuentas aprobadas o sin ellas. Estos comicios deben servir para dilucidar diversas cuestiones que marcarán el devenir de la política catalana. Entre ellas, si los independentistas siguen sumando mayoría absoluta en el Parlament, si ERC supera por fin a los posconvergentes, si hay acuerdos a tres por la izquierda siguiendo la estela de la investidura de Pedro Sánchez, o cómo sale el experimento de la coalición entre Ciudadanos y el PP.