- Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se habla de confeccionar los Presupuestos tiene que ver con el capítulo uno, el relativo al gasto en personal al servicio de la Administración. Acapara un cuarto de todo el dinero consignado y las subidas salariales a la función pública siempre forman parte del debate. Ayer no pudo ser de otra manera. El vicepresidente Javier Remírez, consejero responsable de los empleados públicos, dejó entrever que la subida para este año está más que en el aire, y en todo caso se remitió a lo que haga el Gobierno central para los funcionarios del Estado. Pero tampoco quiso pasar la oportunidad de recordar los ingentes esfuerzos económicos que en los últimos tiempos ha hecho el Gobierno para con los funcionarios -también el abono del grado, con carácter retroactivo, a 8.000 empleados públicos-, más allá de que además estemos en un escenario de IPC negativo y de que, al margen de cambios, los sueldos de los empleados públicos están sujetos por sí mismos a la actualización de trienios y complementos.

Preguntado expresamente por cómo se plantea la cuestión salarial de los funcionarios, el vicepresidente primero explicó que este tema "no es una decisión que exclusivamente competa del Gobierno de Navarra", sino que "también viene derivada de los Presupuestos Generales del Estado", muchísimo más empantanados que los de Navarra pese a que también vayan a contar con un holgado techo de gasto.

Remírez destacó que "este año hemos hecho un esfuerzo importante en el incremento retributivo de los empleados públicos, no sólo en el incremento general del 2% sino también el incremento del reparto en los fondos adicionales, sobre todo en los colectivos en los niveles más bajos de la Administración".

En cualquier caso, Remírez adelantó que la previsión es acabar el año con "una inflación negativa" y, por tanto, "este año va a haber un refuerzo del poder adquisitivo de por lo menos el 2%".

Año base del quinquenio. La cifra de la aportación al Estado es otra de las fijas en todo Presupuesto. De momento, el techo de gasto no financiero se ha confeccionado con una previsión de 560 millones en concepto de pago al Gobierno central por las competencias no transferidas, aunque la consejera de Hacienda, Elma Saiz, dio a entender ayer que se trata de una cifra orientativa que puede estar sujeta a cambios. De hecho, para este año está pendiente la actualización del año base del quinquenio del Convenio Económico, que pasa por ser una de las negociaciones más intensas entre el Estado y Navarra y que, teóricamente, tendría que cerrarse antes de finales de año. Saiz no quiso aventurar si efectivamente dará tiempo, y se quedó con que los contactos entre ambas Haciendas se han intensificado durante la pandemia. "Es una negociación abierta, estamos trabajando en ella y veremos cómo evoluciona", dijo.