- El pleno del Parlamento ha dado luz verde a una proposición de ley que pretende dotar al Gobierno de medios efectivos para luchar contra la deslocalización de empresas, y más concretamente contra una lacra muy específica: las empresas que, después de haber recibido ayudas públicas por parte de la Administración foral, deciden abandonar Navarra sin que haya dado tiempo a que ese esfuerzo colectivo repercuta en el territorio del que partieron las ayudas.

La ley salió adelante con 29 votos a favor, los del PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos; una abstención, la de I-E; y veinte votos en contra, los de Navarra Suma, que argumentó que para un cometido de este tipo no es necesaria una ley al efecto. En cualquier caso, el dictamen aprobado incorpora seis enmiendas in voce que se tramitaron en el momento mismo del pleno, y que recuperan el artículo 4 de la norma, fundamental en la articulación de la ley, ya que precisa qué se entiende por deslocalización: que en los tres años anteriores o posteriores del anuncio del cese o bajada drástica de la actividad de una empresa, la misma empresa desarrolle en otro territorio que no sea Navarra el mismo trabajo, ya sea con su propia marca o mediante empresas afines.

Bajo esa premisa, las obligaciones y las limitaciones de las empresas que perciben ayudas se vinculan a la asunción del compromiso de no incurrir en deslocalización. En caso de abandonar el trabajo aquí, las empresas tendrían la obligación de proceder al reintegro de las subvenciones percibidas en los últimos ocho años -con un recargo del 20%-, más el interés de demora devengado desde la fecha de recepción de cada cantidad. El Gobierno tiene seis meses para acometer el desarrollo reglamentario de la ley. Es decir, ponerla en marcha.

El único partido en contra fue Navarra Suma. Carlos Pérez-Nievas alternó algunos argumentos dentro de la lógica parlamentaria -por ejemplo, que no es necesaria esta norma para hacer efectivo el cometido que busca la ley- con otros que es difícil comprender. Por ejemplo, que esta ley sobre deslocalización de empresas sea una coartada para blanquear a EH Bildu, para que parezca “que están extraordinariamente democratizados”. Nadie recogió sus valoraciones y el resto de portavoces sí se dedicó a analizar la ley. Ainhoa Unzu, del PSN, consideró que la norma no busca “ni imponer sanciones ni penalizaciones”, sino que se trata de “cumplir” con “las políticas de ayudas públicas para que la empresa contribuya al desarrollo económico y social de Navarra”. Desde Geroa Bai, Mikel Asiain afirmó se felicitó por que se haya mejorado la ley durante las enmiendas, y mandó un mensaje pragmático: “La izquierda abertzale política tiene que transmitir a la izquierda abertzale sindical que cuando no se puede segar se espiga, y así a partir de hoy tendremos una ley en favor del arraigo empresarial y contra la deslocalización”.

Por parte de EH Bildu, Arantxa Izurdiaga ve la norma como “necesaria y oportuna”. “Hay carencias, pero supone un paso adelante”. En representación de Podemos, Mikel Buil destacó que “es la primera ley en todo el país que se va a hacer contra la deslocalización”, algo necesario para evaluar la rentabilidad de las ayudas. Por último, Marisa de Simón (I-E) explicó su abstención porque a su juicio la ley ha quedado descafeinada, pero “sigue siendo mejor que nada”.