La euroorden es un tema que ha traído cola en el Parlamento Europeo desde que el ahora eurodiputado Carles Puigdemont llegó a Bélgica. La comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara ha aprobado un informe para ampliar la lista de delitos con las que un Estado miembro puede requerir la extradición de un sospechoso de forma automática. Entre ellos, se incluye los “delitos contra el orden público y la integridad constitucional cometida con violencia”. El texto ha sido redactado por el eurodiputado español del Partido Popular Europeo Javier Zarzalejos.
“El objetivo es mejorar la cooperación judicial entre los países de la UE para evitar que los responsables de delitos graves puedan evitar la justicia trasladándose a otro Estado”, apuntó Zarzalejos. El texto, que es un informe de iniciativa propia, ha sido aprobado por 45 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones y se podrá votar en la siguiente sesión plenaria, el 14 y 15 de diciembre.
El Partido Popular y Ciudadanos han sido los impulsores para una reforma de la Orden de Detención y Entrega, que empezó a funcionar hace ya 15 años. La vicepresidenta de la comisión de Libertades Civiles, la representante de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, ha explicado que en el texto se propone “una reforma de forma y fondo del listado de 32 categorías delictivas”.
Entre las posibles reformas destaca “incorporar categorías que, por su gravedad o por contener elementos transnacionales, deben estar incluidas”. Pagazaurtundúa reclama la introducción de los “delitos que impliquen violencia o amenaza grave contra el orden público y delitos contra la integridad constitucional cometidos mediante la violencia”.
Este es uno de los principales argumentos del texto, que reduciría los casos en los que la justicia de país donde se encuentra el sospechoso deba analizar que el delito está tipificado en los dos Estados miembro implicados.
Además, el texto aprobado pide que se incluyan delitos que hace quince años no eran tan importantes como ahora. Como por ejemplo, la evasión fiscal, la usurpación de identidad o algunos delitos medioambientales. Según cifras de la Comisión Europea, solo una de cada tres euroórdenes emitidas entre 2005 y 2016 llegó a ejecutarse en los Estados miembro.
La extradición de los líderes independentistas ha sido motivo de tensión diplomática entre España y Bélgica. En 2018, el tribunal de Schleswig-Holstein rechazó la entrega de Puigdemont por rebelión cediendo solo a que fuese juzgado de vuelta a su país por malversación, algo que rechazó el juez Pablo Llarena.
