Navarra evita seis recursos ante el Tribunal Constitucional gracias a los acuerdos del Gobierno con Madrid

Presidencia lidera el grupo de trabajo que próximamente firmará otros dos pactos con el Estado, en materia de funcionarios y la Ley de Mecenazgo

22.01.2021 | 19:06
El consejero de Presidencia, Javier Remírez, con María Chivite y Ainhoa Unzu, en el Parlamento

En lo que va de legislatura, el Gobierno de Navarra ha conseguido evitar que seis leyes navarras terminaran recurridas ante el Tribunal Constitucional, y por tanto cercenadas o incluso derogadas, algo que en los últimos años ha ocurrido en un 80% de ocasiones siempre que ha entrado en juego el tribunal.

El Ejecutivo de Chivite, que desde que tomó posesión en agosto de 2019 lleva a gala ser el Gobierno del diálogo y está más que acostumbrado a tener que llegar a acuerdos por su minoría parlamentaria, ha aprovechado su talante negociador y sus buenas conexiones con Madrid para evitar que normas emanadas de las instituciones forales sean recurridas, proceso que durante la última legislatura de Rajoy alcanzó su cenit con hasta 13 leyes denunciadas y tumbadas, lo que supone un lastimoso proceso que, al margen de que recorta derechos a la ciudadanía navarra –muchas de las leyes se suspendieron por ser más ambiciosas que las del Estado–, cuestiona la autonomía misma de Navarra para dictar sus propias leyes.

La capacidad del actual Gobierno para llegar a acuerdos ha conseguido desactivar los pleitos antes de que se pusieran en marcha, normalmente con comisiones técnicas negociadoras entre Navarra y el Estado –lo que se conoce como junta de cooperación– que se encargan de pulir los textos y pactar alternativas que contentan a ambas partes y cumplen con la legalidad.

Así, solo en 2019, Navarra consiguió evitar cuatro recursos, y la próxima semana se estima que la Comunidad Foral y la Administración General del Estado puedan rubricar un nuevo acuerdo tras una disputa jurídica con un decreto sobre funcionarios –la discrepancia nacía de una moratoria para la convocatoria de oposiciones– y con la ley de mecenazgo cultural. Una demostración de que el tan manido diálogo constante no se queda en una declaración de intenciones, sino que tiene efectos directos y beneficios para el autogobierno de Navarra.


Los acuerdos


Al comienzo de 2021, el departamento de Presidencia, que es donde se forma la junta de cooperación que negocia con el Estado, contabiliza cuatro acuerdos que han evitado que entrara a mediar el Constitucional. En orden de más antiguo a más reciente, el primer problema se evitó con la Ley de Presupuestos de 2019. El punto de discrepancia no era la ley en sí, sino un aspecto muy concreto: un complemento retributivo para la Policía Foral que hizo saltar las alarmas del Estado, con el que se evitó el recurso. Le siguió la reforma del mapa local, que también fue cuestionada por el Estado por el anclaje jurídico de las mancomunidades.

El Gobierno preparó entonces un pormenorizado informe que convenció a la Administración General, que consideró que no había lugar para el recurso. La ley de familias monoparentales también fue cuestionada, porque la norma navarra, a la vanguardia del Estado, extendía para ellas los mismos derechos que para las numerosas, lo que le chirriaba al Estado, que también terminó concediendo a Navarra la razón. Y el último acuerdo rubricado se alcanzó el 17 de diciembre de 2019, con la ley de Participación y las consultas ciudadanas como detonante del problema que, nuevamente, se solucionó sin acudir a los tribunales una vez que se acotó su alcance.

Los acuerdos firmados

1. Complemento para la Policía Foral. El primer acuerdo de la legislatura llegó tras una discrepancia con un complemento retributivo para la Policía Foral previsto en la Ley de Presupuestos para 2019.

2. Encaje de las mancomunidades. Un detallado informe convenció al Estado de que las mancomunidades tenían encaje en la reforma del mapa local, y el Estado consideró que no era necesario recurrir al Constitucional.

3. Familias monoparentales. El Estado no veía claro que las familias monoparentales tuvieran los mismos derechos que las numerosas, pero se evitó un pleito y el Estado le dio la razón a Navarra en la negociación.

4. Consultas ciudadanas. Navarra modificó la Ley de Participación en la junta de cooperación porque planteaba la posibilidad de hacer referéndums, algo reservado al Estado en la Constitución. La nueva redacción acotaba más las consultas y se evitó el recurso.

Próximamente se firmarán sendos acuerdos para otras dos leyes, y Navarra quiere seguir haciendo de la negociación una herramienta que evite llegar hasta el Constitucional, que en la mayoría de las ocasiones conlleva la suspensión de normas navarras.