Las explicaciones de la consejera Elma Saiz acerca del sobrepago a Audenasa no han convencido a la oposición. Navarra Suma y EH Bildu han anunciado la puesta en marcha de varias iniciativas encaminadas a que la titular de Hacienda tenga que responder con más precisión sobre el episodio.

El Gobierno foral, rompiendo con la interpretación histórica del convenio con Audenasa y con el informe de la Intervención en contra, accedió a pagar a la firma -participada a medias por el Gobierno y la empresa Itínere- 6,2 millones de euros en concepto de compensación por las bonificaciones que se aplican a los usuarios habituales de la AP-15 (Tudela-Irurtzun), pese a que la Intervención sostenía que, debido a la caída de tráfico en 2020 fruto de las restricciones por la covid, la cifra a pagar debía ser de 1,2 millones.

Algo “tremendamente” relevante para Navarra Suma, que a través de su portavoz, Javier Esparza, anunció que ha pedido un informe de legalidad al Consejo de Navarra para evaluar el ajuste jurídico de los pasos que dio el Gobierno. Porque cabe recordar que, en un primer momento, el departamento de Hacienda aceptó el informe del interventor, ese en el que se defendía que la compensación de bonificaciones debía ser menor y ajustarse al tráfico. Pero tras un recurso de Audenasa, y con otros dos informes en la mano -los de la delegada del Gobierno en la empresa y los de la Secretaría Técnica-, el Gobierno cambió el criterio y abonó los 6,2 millones.

“Ese abono es cinco veces superior a lo que el Gobierno reconoció al principio. Es un tema tremendamente relevante, después de haber escuchado a la consejera, que ofreció unos argumentos insuficientes, inconsistentes, todos los grupos hemos cuestionado el episodio”, ha precisado Esparza.

Tono crítico también ha empleado Adolfo Araiz, a quien tampoco convencieron las explicaciones de Saiz. Por eso, EH Bildu ha registrado una moción para pedir al Gobierno que proceda a la declaración de lesividad del episodio, paso jurídico que permitiría impugnar la operación y anular el sobrepago de cinco millones. “La consejera Saiz no dio respuesta a lo sucedido”, ha asegurado Araiz, para quien jurídicamente se cumplen los requisitos que permitirían declarar nula la operación, que se considera lesiva para los intereses económicos públicos, algo que ya se denunció durante la comparecencia parlamentaria.