avarra podrá reconocer y reparar la memoria de las víctimas de motivación política. El Tribunal Constitucional ha avalado la ley aprobada en 2019 y autoriza la creación de una Comisión de Reconocimiento y Reparación que dictamine, entre las solicitudes que se puedan presentar, quiénes fueron víctimas de abusos policiales o de grupos de extrema derecha en Navarra, y quienes no.
Una labor que la nueva comisión, formada por expertos en la materia designados por el Parlamento, deberá acometer ahora dentro de las limitaciones fijadas por el Constitucional tras la anulación de la ley anterior de 2015, que impide al Gobierno de Navarra abrir una investigación formal y buscar responsables. Y sin acceso a los secretos oficiales del Estado, todavía ocultos en los archivos de Interior. Pero que supone un punto de inflexión tras décadas de injusticia y olvido institucional, solo reparado de forma parcial en estos últimos seis años.
Algunos casos parecen claros. El de José Luis Cano, muerto en 1977 por disparos de la policía en una manifestación en Pamplona; el de Germán Rodríguez, que falleció en Sanfermines de 1978 también por disparos de la Policía; el de Gladys del Estal, cuya vida se la quitó un guardia civil de un disparo en una manifestación antinuclear en Tudela en 1979; o el de Mikel Zabalza, detenido en 1985 por la Guardia Civil, torturado en Intxaurrondo y arrojado al río Bidasoa. Pero otros no lo son tanto. Lo que seguramente dará paso a otra batalla política de interés electoral.
Porque ese, y no otro, ha sido el motivo del último recurso que el PP y Vox presentaron ante el Constitucional, con el argumento de que la ley era "un claro intento de blanquear a los asesinos de ETA". Una ley "infame", a juicio de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y "otro intento de presentar a víctimas como verdugos", según asociaciones de la Guardia Civil.
Términos exacerbados ajenos a la realidad de unas víctimas que tienen el mismo derecho a la verdad, la reparación y la memoria como cualquier víctima del terrorismo. Con sus matices y sus contextos diferenciados. Sin que ello implique la equiparación con las víctimas de ETA, ni relativice la responsabilidad de quienes motivaron y ampararon su sufrimiento.
Tal vez la perspectiva del tiempo ayude a avanzar en ese camino con mayor empatía mutua y afán de convivencia. De forma que, desde el rechazo moral de todos los crímenes, se puedan ofrecer perspectivas plurales e integradoras de la memoria más reciente, de sus participantes y de sus causas.
Así lo entiende la nueva asociación impulsada por el historiador y parlamentario de Navarra Suma, Iñaki Iriarte, solo que en este caso sus reflexiones miran exclusivamente al golpe del 36, con el objetivo de poner en "perspectiva histórica" unos hechos acaecidos "hace ya demasiados años".
El manifiesto fundacional de Memoria y Concordia mide y elige bien las palabras. Habla de "un clima de enfrentamiento político interno", y de un "presente lastrado por años aciagos" que nos hace "rehenes de los peores momentos de nuestra historia". Admite la necesidad de "dignificar el recuerdo de las víctimas", pero lamenta su "utilización sectaria" con el interés de descalificar "opciones políticas democráticas" desde una "superioridad moral". Y reclama memoria también para las otras "víctimas" de la Guerra Civil.
Un relato lo suficientemente ambiguo y equidistante que, a juicio de su promotor, "podría apoyar cualquiera". "¿Alguien con un mínimo de buena fe ve aquí un blanqueamiento de algún crimen?", plantea Iriarte desde una trampa dialéctica que lleva a otra pregunta, igualmente importante. ¿Apoyaría UPN un manifiesto que se refiriera en los mismos términos, palabra por palabra, a la violencia de los últimos 50 años?
Resulta cínico que UPN, que durante sus 20 años en el poder evitó el mínimo gesto de reparación hacia las víctimas del franquismo, y que se ha opuesto a cualquier medida de reconocimiento hacia las otras víctimas de motivación política, cuestione ahora los avances logrados en torno a la memoria histórica en un lugar donde nunca hubo frente de guerra y todos los muertos cayeron del mismo lado, cientos de ellos enterrados todavía en las cunetas.
Es posible que la apuesta por "el respeto, el diálogo y la reconciliación" que plantea la nueva asociación sea sincera, pero difícilmente tendrá credibildidad si no se traslada también a la memoria más reciente, que todavía hoy sigue protagonizando el discurso político de UPN en prácticamente cada sesión parlamentaria. Una realidad que habrá que afrontar con menos visceralidad y más empatía compartida. Sin equidistancias ni comparaciones. Pero con la capacidad de entender que el sufrimiento personal nada tiene que ver con las motivaciones políticas que lo provocaron.
Hay un Plan de Convivencia en marcha, y queda por formar la comisión que determinará qué otras víctimas merecen un reconocimiento institucional. Cuestiones importantes que se deben resolver con el mayor consenso social, académico y político posible. Y en las que la derecha navarra debería participar si realmente tiene voluntad de concordia. Aunque sea a través de asociaciones de víctimas y memorialistas superpuestas.
El discurso equidistante de Memoria y Concordia suena interesado en una tierra donde todos los muertos cayeron del mismo lado
UPN tiene la oportunidad de mostrar su apuesta por la concordia participando en el Plan de Convivencia
