Los 52 escaños que tiene la ultraderecha de Vox en el Congreso de los Diputados no sirven para hacer que se tambalee el Gobierno español de Pedro Sánchez. No suma lo suficiente con la derecha española para tumbar sus leyes o hacer que prospere una moción de censura. Pero esos escaños le dan la llave para recurrir a un factor desestabilizador: supera los cincuenta escaños necesarios para presentar recursos ante el Tribunal Constitucional. Ya celebra como una primera victoria política que, a petición suya, los jueces hayan tumbado el estado de alarma entre marzo y junio de 2020 con el argumento de que, para confinar a la población en sus casas por el coronavirus, era necesario un estado de excepción que obligase a someterse con carácter previo a la votación del Congreso.

Vox celebra lo sucedido como un varapalo a Sánchez, lo que da una medida del uso político de los tribunales por parte de esta formación. También ha recurrido la Ley de Eutanasia porque cree que instaura “la cultura de la muerte”, y la reforma educativa de Celaá porque la considera un ataque a la escuela concertada, la religión y el castellano. Estas dos últimas leyes también las ha recurrido el PP.

Es más evidente si cabe en la comunidad autónoma vasca, donde ha anunciado recursos contra la Ley Municipal de 2016 por el uso del euskera, la Ley Antipandemia vasca o, como avanzó hace meses Santiago Abascal, el nuevo estatus de autogobierno en cuanto se apruebe. El recurso a los tribunales proporciona a Vox la influencia y la visibilidad que no le han dado los ciudadanos en las elecciones. Solo tiene un escaño sobre un total de 75 en el Parlamento Vasco. Una prueba de que Vox fía buena parte de su estrategia a los recursos judiciales es el protagonismo que está dando estos días a Macarena Olona, diputada y, precisamente, exabogada del Estado.

Vox calcula que la resolución del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma supondrá para el Estado la pérdida de un mínimo de 720 millones de euros, tanto en multas que deberá devolver como en la renuncia de cobro de aquellas que aún estaban pendientes.

Así lo explicó Olona en una entrevista en EsRadio. Olona cree que el fallo del TC declarando inconstitucional el estado de alarma ha “escrito una página en el constitucionalimo” español y supone “un varapalo sin precedentes” para el Gobierno.

Según explicó, Vox era consciente de la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para contener la pandemia. Sin embargo, sostiene que las medidas no podían adoptarse “en contra de la Constitución”.

“Nos tuvieron 98 días secuestrados”, denunció señalando al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Precisamente en este punto recordó que se habían interpuesto unas 1.200.000 multas durante el estado de alarma, lo que lleva a Vox a calcular que, quedándose en la franja más baja de multa, el Estado va a tener que devolver o dejar de percibir unos 720 millones de euros.

En cualquier caso, considera que la “mayor multa” es la que sufrieron los empresarios llevados a la “ruina” por las obligaciones de cierre. Pero sin embargo “parece” que el Tribunal Constitucional va a impedir esas reclamaciones patrimoniales.

En este sentido, pese a la declaración de inconstitucionalidad, Olona cree que la sentencia incorporará términos “dolorosos” para Vox con el objetivo de no dejar en mal lugar al PP. De hecho, considera que si el recurso lo hubieran interpuesto el PP, el fallo hubiera contado con un consenso más amplio.

“Con todo el dolor de mi corazón, la sentencia no se ha dictado en términos estríctamente jurídicos”, reprochó Olona, que además denunció “enormes presiones políticas” también por parte del Gobierno.

“Si el recurso lo hubieran puesto los populares, el fallo hubiera contado con un consenso más amplio”

Secretaria general de Vox en el Congreso