- PSN, EH Bildu e Izquierda-Ezkerra (I-E) coincidieron ayer en destacar que el nuevo modelo de financiación local es “más justo y solidario”, al tiempo que el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha pasado de su oposición frontal a sentirse “satisfecho” con algunas modificaciones introducidas.

Las tres leyes que regularán la nueva financiación municipal llegaron este lunes a la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, donde Navarra Suma se opuso a su tramite de urgencia, por lo que las normas seguirán el procedimiento ordinario. “El Gobierno tiene prisa y se pretendía la tramitación por vía de urgencia, pero nos hemos opuesto y se tramitará con arreglo a los plazos ordinarios del Parlamento”, destacó el ayer portavoz de Navarra Suma, Carlos Pérez-Nievas.

Más allá de los ritmos que lleven las leyes, las tres tienen en principio aseguradas su aprobación, ya que cuentan con el respaldo de los socios de Gobierno (PSN, Geroa Bai y Podemos) y el apoyo de EH Bildu e I-E, aunque quedan flecos por negociar.

En ello incidió el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, quien subrayó que el nuevo sistema de financiación local es “más justo, equilibrado y solidario”. “Es una financiación moderna y acorde a los nuevos tiempos para buscar una cohesión dentro de nuestra comunidad, para que haya los mismos servicios o servicios de calidad se viva donde se viva”, agregó Alzórriz, quien resaltó que ayuntamientos como el del Valle de Egüés o el de Tudela, gobernados por Navarra Suma, verán incrementados sus ingresos con este nuevo sistema, por lo que no hay “una guerra política, sino una distribución equilibrada de los fondos para los navarros”.

También expresó su satisfacción el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ante una reforma “que refuerza la financiación de los municipios más pequeños y aquellos a los que les afecta la dispersión”.

No obstante, dijo que quedan temas pendientes por acordar “definitivamente” como clarificar las “competencias de las entidades locales y su repercusión en la financiación. En la ley se establecen tres años y creemos que con un plazo menor sería suficiente”, planteó.

También pidió que se aclare una disposición que faculta a la Dirección General de Administración Local a la realización de transferencias entre los distintos fondos del nuevo sistema de financiación, así como “objetivar mejor los criterios empleados en la clasificación de las actuaciones según los grados de necesidad de las inversiones”.

Además, valoró “muy positivamente que los concejos sean beneficiarios directos de la parte de inversiones de libre determinación, pero hay que ponderar mejora la fórmula que se plantea en el proyecto de ley en los municipios compuestos”.

Finalmente, Araiz afirmó que “está acordado ya el incremento que se debería producir en la parte del fondo de inversiones de infraestructuras locales, el denominado PIL, que será del IPC anual”.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, aseguró que “nos encontramos con un nuevo modelo de financiación municipal mucho más distributivo y equitativo, de forma que el acceso a bienes y servicios queda más garantizado en condiciones de igualdad y de equidad”.

Por su parte Enrique Maya se mostró “satisfecho” ante el hecho de que se haya introducido una “pequeña modificación” en la ley sobre financiación municipal” y ante el hecho de que “hay que establecer un sistema de compensación en función de las competencias propias, impropias y delegadas”, si bien consideró que “lo malo es que se toman tres años” y confía en que ese periodo “se reduzca en el trámite parlamentario”.

Agregó que se debe “hablar sobre qué competencias ejercemos que no nos corresponden y entender que la financiación que nos dan es solo para nuestras competencias. Las que sean impropias o delegadas nos tendrán que pagar aparte”.