Los socios del Gobierno piden al PSN que no caiga en la tentación de volver a los pactos con la derecha

14.03.2022 | 18:27
Ramón Alzórriz (PSN) saluda a Javier Esparza (UPN). Junto a ellos, Uxue Barkos (Geroa Bai) e Inma Jurío (PSN), ayer en el Parlamento

El Gobierno de Navarra sacará adelante la Ley del Convenio tal y como la pactó con el Ministerio de Hacienda. Sin los cambios que le habían pedido Geroa Bai y EH Bildu, y gracias al apoyo de Navarra Suma, que ha corregido su abstención inicial para salvar una votación que amenaza con abrir una crisis en el Ejecutivo de María Chivite. Es solo una votación puntual, pero el acercamiento progresivo de UPN hacia el PSN ha encendido las alarmas en los socios del Gobierno, que temen que el acuerdo sea un paso más en el deshielo iniciado con la reforma laboral.

Hay desconfianza en los socios del PSN. Sobre todo en Geroa Bai y EH Bildu, que consideran que el inmovilismo que ha mostrado el Gobierno en todo el proceso de negociación de la Ley del Convenio no es casual, y que venía motivado por un acuerdo previo con Navarra Suma que no se ha hecho público para mitigar su impacto. "Se ha perdido una oportunidad de oro", lamenta Uxue Barkos, que critica "la ceguera" del PSN por no haber negociado el acuerdo con su grupo y con EH Bildu. "Esta es una reforma esencial y clave para el autogobierno y la posición de Navarra debía haber sido unánime", señala.

También es crítica Bakartxo Ruiz, que advierte al PSN de que "ha elegido un mal compañero de viaje". "A estas alturas deberíamos ser conscientes de que el objetivo de Navarra Suma es volver a gobernar", apunta la portavoz de EH Bildu, que considera que la crisis interna que vive la derecha surge precisamente por las discrepancias entre quienes "apuestas por reforzar a la derecha con la ultraderecha", en referencia a Sergio Sayas y Carlos García Adanero, y quienes intentan volver "a los históricos pactos de UPN y PSN". "Hay sectores en el PSN que tienen la tentación de volver a ellos", recuerda Ruiz.

Reunión pendiente


Queda todavía una última reunión pendiente entre el Gobierno y sus socios. A ella se remiten Podemos e Izquieda-Ezkerra, que avalan la ley tal y como la plantea el Ejecutivo foral, pero que no ocultan su incomodidad con el apoyo de la derecha. "Habría que hacer un esfuerzo para buscar un acuerdo más amplio", reclama en nombre tercer miembro del Gobierno, Mikel Buil. Pero no parece que vaya darse ese escenario. "Apuraremos la posibilidad de acuerdo hasta el último momento, pero no sé qué sentido tiene ir a una reunión cuando el pacto está ya cerrado", asume Barkos.

En medio del debate se ha situado UPN, que ha visto la grieta y trata de ensancharla todo lo posible. Navarra Suma ha decidido cambiar su abstención inicial por un determinante voto afirmativo porque el Gobierno le ha dado las explicaciones que había solicitado y porque además se ha acordado crear una comisión que estudie el coste que la deuda del Estado tiene para Navarra. "Hay una brecha clara en el pentapartito y cada vez va a ser más evidente", subraya Javier Esparza, que emplazó a los socialistas a romper con sus socios porque "no son de fiar". "Geroa Bai y EH Bildu son desleales porque priman lo identitario", enfatiza.

El líder de UPN fue además muy crítico con Uxue Barkos. La portavoz de Geroa Bai había acusado a Esparza de anunciar su cambio de voto para eclipsar la presentación de la plataforma de Sayas y Adanero. Y el presidente de UPN replica golpeando donde duele. "Geroa Bai lleva tres años de perfil bajo y ahora está pensando en las elecciones, porque aquí quien toma las decisiones son el PSN y EH Bildu", afirma.

Los socialistas entre tanto observan con relativa tranquilidad la situación. El Gobierno sacará adelante la ley pacta en Madrid si necesidad de cambios y gracias al apoyo de Navarra Suma, que le facilita la centralidad en el eje identitario a un año de las elecciones. "Geroa Bai y EH Bildu están a tiempo de sumarse a una mayoría a la que nunca se han sumado", argumenta Alzórriz, que rechaza los intentos de vincular al PSN con los "estigmas del pasado" recordando que la ley la apoyan también I-E y Podemos, y que se acaba de acordar el Defensor del Pueblo y la presidencia de la Cámara de Comptos. Un equilibrio cómodo para los socialistas, siempre y cuando la grieta abierta en la mayoría de Gobierno no vaya a más en un momento de clara incertidumbre económica. "Este es un mal preludio", advierte Barkos.

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