- Visiblemente molesto, Pere Aragonès consideró ayer que hay una “evidencia palmaria” de que el CNI es responsable del espionaje y hoy se reunirá en Madrid con representantes de los partidos que han sido espiados. El president volvió a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez “transparencia y asunción de responsabilidades” señalando directamente a la inteligencia española al sugerir que “no hay que ser Sherlock Holmes para mirar al CNI”. “Si el CNI ha comprado el programario, si este solo puede venderse a Estados... ¿qué otro servicio de inteligencia querría destinar millones de euros a espiarnos?”, se preguntó el jefe del Govern en RAC1.

Si con alguien confía el líder republicano en poder hablar “cara a cara” en algún momento es con el presidente español, con quien ya ha mantenido contacto mediante mensajes de teléfono, en los que le ha trasladado su evidente enfado, a lo que el socialista, según Aragonès, le trasladó la “voluntad de reconducir la situación”. “Pero eso se debe traducir en hechos”, zanjó el president, reconociendo que la confianza entre ambos gobiernos está “muy dañada”, y que “será muy difícil seguir confiando en un Gobierno que no da muestras de confianza” si no impulsa una investigación interna independiente. “Nosotros podemos tener mucha paciencia, pero si no hay una asunción de responsabilidades, será muy difícil que esta estabilidad parlamentaria pueda continuar. Cómo y en qué forma, deberemos ver en próximos días y semanas cuáles son los pasos que va dando el Gobierno español”, advirtió.

Por su parte, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, exigió la dimisión de Sánchez, y de los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. “Tiene que dimitir como presidente del Gobierno que permite esta guerra sucia estructural”, destacó la dirigente de Junts en Catalunya Ràdio, precisando que el independentismo no puede tener “una relación normalizada” con quien les “espía”, por lo que a su juicio debe haber “consecuencias políticas” más allá de “congelar relaciones”.

Al hilo de este escenario, el expresident Artur Mas entiende este espionaje como “un ataque en toda regla al Estado de derecho”, y apeló a la unidad del independentismo. En un artículo en el diario Ara, aseguró que el supuesto seguimiento supone una violación de la intimidad con “un programa diseñado para luchar contra terroristas”. “Depende de nosotros, y solo de nosotros, demostrar al mundo y a nosotros mismos que somos capaces de liberarnos de las pesadas mochilas ideológicas y de plantear una respuesta compacta, común y compartida”, valoró Mas.

En este terreno, el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, advirtió de que ERC “ejercerá” su fuerza en el Congreso para esclarecer el asunto mientras aguardan expectantes a la respuesta del Gobierno. “La situación en estos momentos es del todo insostenible. O hay consecuencias y se explica qué es lo que ha pasado y quién ha estado detrás de todo esto o naturalmente la confianza ha desaparecido. La confianza no es que fuera muy alta, pero en estos momentos está deterioradísima”, alertó.

En el ámbito sindical, Comisiones Obreras de Catalunya reclamó explicaciones al Ejecutivo de Sánchez porque estos hechos son de gravedad ya que vulneran las libertades individuales, colectivas y políticas y atentan contra los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Vulneración de derechos. Además de emprender “todas las medidas políticas y legales” para esclarecer el supuesto espionaje, el Govern acudirá a las instituciones europeas y de la ONU para “analizar” la vulneración de derechos fundamentales que el caso implica. Así lo adelantó la consellera de Acción Exterior, Victòria Alsina, en tanto que “no nos basta con un no sabemos nada o no tenemos constancia. Aquí hay personas detrás y se tiene que investigar”. “Estamos frente al caso de espionaje masivo más importante que se ha certificado alrededor del mundo en conexión a Pegasus y en Europa en todas estas últimas décadas”, manifestó la dirigente soberanista.