pamplona - Se ha abierto una nueva vía de acogida para las personas refugiadas en Euskadi que complementará a la red de recursos oficiales, y que otorga a la sociedad civil un papel crucial. “Saturación”. “Colapso”. Los términos empleados ayer por el Gobierno Vasco demuestran que los programas estatales de reasentamiento no dan más de sí, lo que obliga a ensayar nuevas fórmulas para atender a las personas que huyen de la barbarie. En ese contexto se ubica la experiencia piloto que arrancará el primer semestre de 2019 en cinco municipios vascos, con la acogida de cinco familias solicitantes de asilo provenientes de Turquía y Jordania.
La novedad de la fórmula estriba en que no son organizaciones al uso las que asumen la responsabilidad. Son “ciudadanos y ciudadanas” las que están llamadas a dar un paso adelante, grupos implicados colectivamente que “deberán acreditar que se comprometen a ofrecer apoyo económico, emocional y social” durante un periodo de un año, siempre con el apoyo del Gobierno Vasco y la supervisión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
La iniciativa fue presentada ayer en Donostia por el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, y la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando.
cementerio marino La fórmula de los “patrocinios comunitarios” es fruto de un convenio con el Gobierno español, Acnur, Cáritas de Euskadi y la Plataforma de Jesuitas del País Vasco, y sigue un modelo de acogida a personas refugiadas que arrancó en Canadá en los años 70 y que se viene desarrollando con “excelentes resultados”.
El Mediterráneo se ha convertido desde hace tres años en un cementerio para miles de aspirantes a alcanzar la otra orilla. La crisis humanitaria que comenzó en 2015 ha supuesto un reto de primera magnitud para las instituciones obligadas a habilitar recursos para aquellos solicitantes de asilo y refugiados que realizan la proeza de alcanzar la costa.
El Estado cuenta con un Sistema de Acogida e Integración (SAI), que permite que un solicitante de asilo que proviene de países en conflicto permanezca entre seis y nueve meses en un centro o piso mientras va afianzando su nueva vida. El problema es que la incesante demanda de plazas provoca “deficiencias, colapso y saturación”. Detectamos, dijo ayer Fernández, que “aumenta la brecha entre las necesidades de los refugiados y el número de plazas disponibles”.
Según las cifras facilitadas ayer a este periódico por el Gobierno Vasco, actualmente hay 497 plazas disponibles en Euskadi, gestionadas por CEAR Euskadi, Cruz Roja, la organización sin ánimo de lucro Accem y la ONG Movimiento por la Paz. Se calcula que durante este año han hecho uso de estos recursos unas 800 personas, con un periodo de estancia que varía, y que se puede prolongar hasta los seis meses. Más de 2.500 personas han hecho uso de las plazas disponibles en Euskadi durante los últimos tres años. “Desde el inicio de la crisis humanitaria el Gobierno Vasco ha mantenido una actitud propositiva orientada a la mejora de los sistemas de recepción y acogida”, aseguró Monika Hernando.
problemas El problema es que el proceso para tramitar la solicitud de refugiado se dilata en el tiempo. Basta recordar las palabras del propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al valorar el funcionamiento de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR). Está “en una situación lamentable”, reconoció poco después de tomar posesión del cargo.
Apenas se conceden estatutos de refugiado o de asilado y, cuando se hace, los procesos duran más de un año. Sin embargo, iniciar el procedimiento garantiza a los solicitantes poder residir y trabajar en España, al menos hasta que se resuelva su expediente. Ante tanta espera, hay que buscar vías de escape que alivien los saturados recursos. La previsión es que el nuevo modelo de atención, que complementará a los programas de reasentamiento, se ponga en marcha con personas que ya han sido seleccionadas previamente en las misiones realizadas en Turquía y Jordania. En su primera fase, según explicó ayer Fernández, se realizará con unas veinte o treinta personas beneficiarias de protección internacional. “Se trata de un número abierto porque se prevé que se corresponda con cinco familias de entre cuatro y seis miembros”, que se distribuirán en cinco municipios.
Este proyecto piloto de Patrocinio Comunitario, dentro del cual Euskadi se coloca como avanzadilla, se enmarca en el acuerdo suscrito el lunes entre la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Flippo Grandi. Así, el País Vasco, junto a Irlanda y Reino Unido, formará parte del grupo de países pioneros en la acogida.
