pamplona - El informe más completo de la Universidad española ya destaca que el pago que realizan los estudiantes por sus carreras debería estar en consonancia con el poder adquisitivo de sus familias, pero eso está muy lejos de ser una realidad. En el caso de Navarra, el esfuerzo de un hogar familiar sobre la renta per cápita, es decir, lo que supone a una familia que un hijo o hija realice estudios universitarios, es del 3,87%. Se trata de la cuarta cifra más baja del Estado. Según datos del informe de la CRUE, la media estatal se sitúa en un 4,6% con posiciones que son muy distintas y que no guardan proporcionalidad con los niveles de renta per cápita.

En primer lugar se encuentran las familias catalanas que encabezan el nivel de esfuerzo con un 7% sobre su renta per cápita. A estos les siguen los de Castilla y León (6,18%) y, en tercer lugar, la Comunidad Valenciana (5,74%). Por otra parte, en el extremo opuesto se sitúa la CAV, que sólo requiere un esfuerzo del 3,2%, y a la que le siguen Galicia (3,34%), Cantabria (3,76%) y Navarra.

Cabe destacar que las comunidades autónomas que se sitúan en los extremos de la estadística registran niveles de renta per cápita superiores a la media estatal, mientras que el precio para cursar estudios de grado exige un esfuerzo del 5,7% para los estudiantes extremeños que ocupan el último puesto en el nivel de renta per cápita del Estado y prácticamente tienen la mitad de la renta de los habitantes de la CAV.

La conclusión que sale a relucir en la estadística es que lo que se paga por los estudios universitarios en cada comunidad autónoma no es proporcional al nivel de renta de cada región. “La equidad que debe darse en el acceso a un servicio educativo, prestado por instituciones de carácter público y financiado muy mayoritariamente con recursos fiscales, demanda de actuaciones que corrijan estas diferencias que ponen en cuestión el principio de igualdad de oportunidades, al tiempo que encubren ineficiencias institucionales”, señala el informe.

La CRUE pone en valor que “los precios universitarios deberían operar como compensación de un coste estándar por titulación impartida en un centro universitario público y su pago, en todo caso, debería realizarse atendiendo al nivel de renta de cada uno de los demandantes de este servicio universitario”. Como ya se ha dicho al principio, un pago acorde al nivel económico. Las desigualdades “relevantes” de precios en relación a las comunidades se empezaron a registrar en el curso 2012-13, según registra el documento. - J. Lizarraga