Juicio a 18 guardias civiles por estafar en mudanzas de muebles

Recibieron indemnizaciones que no les correspondían y también está acusada la empresa de transportes

09.02.2020 | 09:05
Varios guardias civiles, en una parada militar.

PAMPLONA - La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra celebra desde mañana el juicio contra 18 guardias civiles, la esposa de uno de ellos y el titular de una empresa de mudanzas, acusados de pertenecer a una trama que defraudaba en las indemnizaciones de miembros de este cuerpo por cambio de residencia. Para los 17 agentes beneficiados por la trama el fiscal solicita su inhabilitación por dos años, mientras que para el considerado el dirigente, 10 años.

El fiscal acusa a 17 de los guardias por beneficiarse de la trama, mientras que el otro guardia, su mujer y el titular de la empresa de mudanzas eran quienes llevaban a cabo la estafa en las mudanzas de muebles, por supuestos fraudes en las indemnizaciones recibidas por razón del servicio. En concreto afectaría a las indemnizaciones que percibe un guardia civil cuando cambia de residencia (por asignación de un nuevo destino o por el pase a la situación de reserva, entre otros, y que la propia Guardia Civil abona, en compensación por los gastos generados por la correspondiente mudanza, que en estos casos resultaron ser falsas.

En los hechos el fiscal aprecia en los 17 guardias que se beneficiaron de la trama un delito de fraudes y exacciones ilegales, por el que pide 22 meses de cárcel, y otro de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, con petición de 3 años de cárcel y 3.000 euros de multa. Para el otro guardia, acusado de dirigir el entramado, el fiscal pide 43 meses de cárcel por un delito continuado de fraudes y exacciones ilegales y 6 años de cárcel y 6.000 euros de multa por un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

Además, para la esposa de este guardia la Fiscalía solicita tres años de cárcel por un delito continuado de fraudes y exacciones ilegales, el mismo delito por el que está acusado el titular de una empresa de transportes, que también es presunto autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular, por el que se pide otros tres años de cárcel y 3.600 euros de multa. Asimismo, para la empresa de transportes, el ministerio público solicita una multa de 400.000 euros por un delito continuado de estafa. - J.M.S.