Carmen Maeztu Villafranca | Consejera de derechos sociales

“Si prestamos a las personas las ayudas cuando las necesitan no tendremos que gastar luego en curar”

Prevenir para reparar menos es una de sus máximas. Profesional de los servicios sociales, Maeztu apuesta por continuar la política social del gobierno del cambio e introducir mejoras en favor de una Navarra más cohesionada.

10.02.2020 | 01:45
Carmen Maeztu Villafranca, en su despacho de consejera ubicado, en la sede foral de la calle González Tablas de Pamplona.

Prevenir para reparar menos es una de sus máximas. Profesional de los servicios sociales, Maeztu apuesta por continuar la política social del gobierno e introducir mejoras en favor de una Navarra cohesionada.

pamplona - Carmen Maeztu Villafranca, nacida en Valtierra en 1962 es la nueva consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. Fichada por el PSN, se trata de una funcionaria de la Administración Foral que conoce el ámbito de los derechos sociales desde dentro, de "abajo arriba". Este campo ha sido el eje de su carrera profesional que inició en 1985 precisamente en la Mancomunidad de Servicios Sociales de base de Valtierra, Arguedas, Cadreita, Villafranca y Milagro, donde permaneció hasta el año 2000. Desde 2001 trabaja en el departamento de Derechos Sociales como jefa de negociado de coordinación de los servicios sociales de base, jefa de la sección de Atención Primaria, jefa de la sección de Planificación e Investigación y en la última legislatura como subdirectora de Valoración y Servicios de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas y Dependencia.

Pregunta obligada. ¿Por qué y para que ha aceptado este cargo?

-He aceptado con ilusión y con mucha responsabilidad. Es para mí un gran desafío poder estar ahora en la consejería de Derechos Sociales después de una trayectoria profesional de 35 años ligada a los servicios sociales.

¿Será entonces difícil convencerle de lo contrario, pillarle en un renuncio?

-Bueno conozco bastante las competencias que asumo. En la legislatura pasada se ha avanzado mucho en políticas sociales y mi intención es afianzar y mejorar, si cabe, mucho más todo lo conseguido hasta el momento.

Sí, pero no es lo mismo la gestión administrativa diaria que marcar la pauta de hacia dónde y cómo tienen que plasmarse los derechos en el ámbito social...

-Me enfrento a una responsabilidad muy diferente desde luego. Ahora a ocuparme y planificar las políticas que han de garantizar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra.

Entrando en materia ¿Qué es la Historia Social Única que, según el Acuerdo Programático, quieren poner en marcha?

-Uno de los compromisos de este gobierno es diseñar e implantar una Historia Social Única que incorpore todas las necesidades que tienen las personas. Es como la historia clínica, pero en lo social. Podremos integrarla con la historia sanitaria de modo que para las personas que requieren de ambos servicios podamos compartir la información y facilitar la gestión de los profesionales que intervienen. Eso sí, con control y total garantía de la confidencialidad ya que para acceder a la historia social también se necesitará consentimiento expreso de las personas.

En la toma de posesión dijo que uno de sus cometidos es convencer a todos que las inversiones en Derechos Sociales son unas inversiones que van a hacer una Navarra más próspera, con mayor calidad de empleo y más seguridad. ¿A quién tiene que convencer primero?

-Hay que convencer a la sociedad con hechos y también al Gobierno. No es un gasto, sino una inversión y y es una pieza clave para el desarrollo de una economía inclusiva y competitiva. ¿Por qué es una inversión? Porque protege a los ciudadanos, los prepara para que puedan hacer frente a los desafíos. Se trata de hacer políticas que capaciten a los ciudadanos y ciudadanas en sus acontecimientos vitales y evitar situaciones de exclusión, de pobreza, de pérdida de empleo y otras circunstancias que hacen que las personas tengamos dificultades. Además, todas las políticas que hacemos en derechos sociales tienen un retorno a la sociedad y contribuyen a la sostenibilidad del sistema. Si hacemos unas intervenciones tempranas y si prestamos a las personas la ayuda cuando la necesitan nos va a permitir prevenir y no tener que dedicar tantos recursos a curar. Prevenir, anticipar antes, para reparar menos.

¿Cree que lo va a tener fácil para que el Gobierno de Navarra siga apostando por los derechos sociales y mantenga el nivel de financiación?

-Sí. Es un Gobierno de progreso y plural que apuesta por cuestiones clave para el desarrollo de la Comunidad Foral como son la innovación, la convivencia, la igualdad, la cohesión territorial, las personas en primer término, la protección del medio ambiente, la sostenibilidad. Este Gobierno apuesta por ello.

En la anterior legislatura aumentó el presupuesto de su negociado un 35% y se pudieron revertir los recortes de la predecesora ¿Cuál es su apuesta?

-Yo creo que se ha hecho mucho, pero hay que seguir avanzando en calidad y hay áreas de mejora. El punto de partida es muy bueno. Miguel Laparra ha hecho un gran trabajo. Tenemos que mejorar la eficiencia de lo que hacemos, ser más eficaces y evaluar las políticas que hacemos, innovar e implementar acciones y proyectos que sean estratégicos. Mejorar los servicios sociales, abordar la digitalización.Concrete un poco. ¿Cuáles son sus apuestas?

-En Servicios sociales: mejorar la financiación, mejorar la formación de los profesionales para abordar los problemas nuevos. En dependencia, apostar por los servicios frente a las subvenciones; prevenir la dependencia, implementar en todas las zonas básicas programas de promoción de autonomía de las personas, reforzar la atención domiciliaria. En el campo de la discapacidad, transformar la atención a una atención más en la comunidad con servicios más variados, tanto de atención diurna como ocupacionales. En el campo de cooperación al desarrollo, aprobar el plan. En el ámbito de la inclusión social, la protección; apostar por la inclusión de las personas que están en situación de pobreza y por la garantía de ingresos. En el de menores, la prevención, la atención a la infancia, el refuerzo a las familias para hacerlas más fuertes. Estamos pensando en todos los tipos de familia y en medidas como las fiscales para favorecer que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida, tener los hijos que desean tener. Tenemos que innovar servicios, reducir la precariedad en el empleo, facilitar la conciliación. Se pueden hacer muchas cosas.

¿Hay algún aspecto concreto por el que le gustaría pasar a la historia?

-Por reforzar los servicios sociales de base de Atención Primaria. Tenemos 46 servicios sociales que están en primera línea, son los más cercanos a las personas, están distribuidos por todo el territorio y es necesario mejorar su financiación y completarlos por todo el territorio repensando sus intervenciones. De 45.000 personas atendidas en 2014 hemos pasado a 64.000 en 2018 y el ritmo es creciente. Por ahí podemos pasar todos y todas en un momento de nuestras vidas.

¿Cuántas personas viven en Navarra al cobijo de las ayudas?

-Es difícil estimar porque hay personas que reciben más de una prestación pero hay 40.000 personas valoradas por alguna discapacidad, 20.000 a las que se ha valorado la dependencia, 15,000 dependientes, 19.000 que reciben prestaciones y servicios y otras que reciben otras prestaciones incluidas en la cartera de servicios sociales por su condición de persona mayor, de persona con discapacidad, enfermedad mental, etc.

¿Tiene previsto ampliar la cartera de Derechos Sociales en esta legislatura?

-Nuestros esfuerzos se van a centrar en poner en marcha los servicios que nos hemos comprometido a prestar tras la última ampliación aprobada recientemente. El proceso de modificación de la cartera de servicios es largo.

La renta garantizada ¿está siendo un instrumento eficaz para afrontar la exclusión?

-Sin duda. No hay más que ver los datos de cómo se han ido reduciendo las prestaciones por desempleo que garantiza el Estado y cómo la renta garantizada ha ayudado a mitigar la pobreza. De hecho Navarra en los últimos datos que manejamos tiene los niveles de pobreza más bajos del Estado.

¿Qué planes tiene para la renta garantizada? Más de 12.000 familias, 103 millones de presupuesto, críticas por parte de la derecha, resquemor en algunos sectores de la sociedad.... ¿Va a introducir cambios? ¿Se reducirán las ayudas?

-Me gustaría destacar que no existen elementos objetivos ni evidencias de que, por ejemplo, la renta garantizada tiene un efecto llamada, al contrario, actualmente llegan a Navarra menos personas de fuera. En el Acuerdo Programático figura que se van a revisar ciertas mejoras, que tienen que ver con la inclusión social, que están en estudio. La ley de la renta garantizada es una ley y cualquier cambio tiene que contar con el consenso de todos los grupos que sustentan el gobierno y también con la oposición, si no, no sale adelante. La renta garantizada es un sostén importante porque tenemos que evitar que las personas no se vean obligadas a pasar por situaciones de pobreza.

¿Cree ud. que hay gente que se está aprovechando de esta renta? ¿Es fácil "colarse" en el sistema?

-Se ha hecho un trabajo muy exhaustivo y muy concienzudo en el seguimiento de los perceptores y hay que mejorarlo y ampliarlo. No se puede permitir el fraude y se ha avanzado mucho en la complementariedad de las dos bases de datos de la renta garantizada y del empleo. Pero también tengo que decir que, como en todas las ayudas públicas, hay un margen de fraude y que no es mayor el que hay en renta garantizada que el que hay en otros casos. Nuestra obligación como administración pública es, por un lado, perseguirlo y, por otro, hacer pedagogía a la población sobre el sentido de los bienes públicos y del compromiso de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas en responsabilizarnos de que se utilicen bien. No solo la renta garantizada, que también, sino de las subvenciones, el pago del IVA, las becas... en Educación, en Salud... Si nos ponemos finas también hay abusos en la utilización de los servicios públicos.

Preocupa el elevado precio del copago de las residencias de personas mayores...

-El copago que es la participación económica en la financiación de los servicios; es una de las cuestiones que está planteada y que debemos abordar en esta legislatura. A parte de mejorar la aportación de las personas a las plazas residenciales y condicionarla no tanto a su grado de dependencia sino a su capacidad económica, está claro que necesitamos más plazas públicas residenciales. Tenemos el reto de ampliar las plazas concertadas, con las condiciones del acuerdo marco que introducen una serie de exigencias a las residencias que van a mejorar la asistencia y reducir las prestaciones vinculadas al servicio, unas ayudas que en caso de Pamplona están lejos de cubrir el precio de la plaza que encarece el copago del usuario. Esto no ocurre en los pueblos.

¿Hay lista de espera para entrar en una residencia?

-De personas que estén en su domicilio esperando un plaza hay poca. Lo que hay es personas que están con prestación vinculada a servicio y que tienen que pasar a plaza concertada. Hoy hay 8 personas sin ninguna prestación en domicilio y 96 que reciben otras prestaciones. Hay 2.705 personas en plazas concertadas y 1059 con prestaciones vinculadas a servicio.

El eterno debate de quien debe prestar los servicios de infancia, mayores, asociaciones de pacientes, discapacidad... ¿Está resolviendo estos cometidos la nueva ley de conciertos sociales?

-Dentro de los compromisos que tenemos en estos primeros días de la legislatura está el de incrementar los conciertos sociales. Acabamos de firmar uno con el Colectivo Alaiz para personas sin hogar; tenemos el de menores en tramitación (COA), otros dos de discapacidad, el de enfermedad mental para ampliar plazas con las Hospitalarias en Pamplona y Elizondo. Se ha hecho el de Atención Temprana 0-6 años que lo lleva Anfas. De aquí a tres meses nuestro compromiso es aumentar hasta cinco más el número de conciertos, entre ellos para el centro medidas judiciales y transporte adaptado. El de los conciertos es un instrumento de colaboración estupendo con el tercer sector de ámbito social. Hay un compromiso de este gobierno con el tercer sector que le permite tener un marco de financiación más estable y de colaboración y diálogo permanente. El tercer sector es un valor insustituible para el bien común. Tiene un indudable papel en el desarrollo de las políticas sociales y este gobierno quiere mantener e impulsar el compromiso con las personas que voluntaria y gratuitamente, y trascendiendo de los vínculos familiares y comunitarios, solidariamente, se organizan en asociaciones y prestan ayuda a otros.

¿Sería inviable que todos estos servicios los llevara directamente la Administración Pública?

-Totalmente inviable. El tercer sector complementa y además es muy importante su implicación social. Esta implicación y la solidaridad dignifican a las personas. La implicación del tercer sector es necesaria y nos hace una sociedad mejor.

Hay muchos planes sociales en marcha (discapacidad, inclusión, etc) ¿Hay alguno más previsto?

-El Plan de la Dependencia, que persigue potenciar los servicios de autonomía personal y desplegarlos por el territorio. Estamos en esa fase, porque en el Acuerdo Marco de las residencias se ofertaron 800 plazas para promoción de la autonomía personal que las vamos a poder organizar más en septiembre y nos va a permitir que en 17 zonas de Navarra tengamos servicios de estimulación cognitiva, de rehabilitación funcional y de orientación para personas mayores dependientes.

¿Qué hay del espacio sociosanitario?

-Es una atención integrada a las personas que tienen necesidades de cuidados sociales y sanitarios. El universo es amplio porque no son sólo mayores, Son personas con discapacidad, con enfermedad mental, etc que, por circunstancias vitales, se encuentran en una situación de falta de funcionalidad (por ejemplo, una operación de cadera). Hemos puesto en marcha en Tafalla un proyecto en fase de desarrollar que trata de generar, dentro de las zonas básicas, planes de atención a las personas que necesitan esos cuidados.

¿En qué consiste?

-Mediante el impulso de intervenciones comunitarias que den respuesta a esas necesidades (grupos de autoayuda, formación de familiares, programas de rehabilitación funcional) y también dotar a esas zonas de recursos de provisión inmediata para quienes que por la razón que sea no pueden estar en su domicilio o están y requieren apoyo intenso. Para ello se han creado plazas de convalecencia residencial temporal, atención domiciliaria intensa y servicios de atención diurno. Son recursos que tienen un horizonte temporal. Funciona en Tafalla desde el año pasado y tenemos que evaluarlo. En los servicios sociosanitarios no hay copago. Hemos empezado en el área de Tafalla e iremos implementando en otras zonas. Va a haber una unidad específica que va a trabajar este área y haremos una planificación.

Hablemos de Cooperación al Desarrollo ¿Hay sintonía con las ONG?

-Tenemos el compromiso de alcanzar el 0,4% del presupuesto en 2020 en colaboración con las entidades.

¿Y en el ámbito de la discapacidad?

-Nuestro reto es poner en marcha el plan de discapacidad que tiene muchas medidas con un carácter bastante transversal. Yo resaltaría la apuesta por la transformación de los centros residenciales hacia modelos de atención en la comunidad. Una de las lineas es fomentar la vida independiente. Ahora el programa está contratado con Cocemfe y tenemos un proyecto piloto en colaboración con Nasuvinsa para adaptar una vivienda para dos personas con grandes necesidades funcionales en la Rochapea (Pamplona), Actualmente 20 personas viven de este modo independiente.

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