PAMPLONA - El presupuesto de Justicia del Gobierno foral recoge por primera vez partidas destinadas a hacer posible que el solar de la antigua cárcel albergue un nuevo edificio judicial, que permita unir los tribunales Económico, Administrativo, Registro Civil, etc., así como la mejora de las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Así lo informó ayer el Gobierno foral, que precisó que el departamento de Políticas Migratorias y Justicia ha preparado su anteproyecto de presupuestos con partidas cuya suma supera ligeramente los 11 millones de euros, y con un principio básico: "garantizar la igualdad en derechos de toda la ciudadanía en las dos áreas que son de su competencia".

Según el departamento, dos son las líneas clave el fomento de la multiculturalidad y la convivencia, en lo que a la Dirección General de Políticas Migratorias se refiere; y lograr un servicio "más eficaz, cercano y acogedor" para la ciudadanía, que dé respuesta a las necesidades reales de la misma y defienda sus derechos y libertades, en lo relativo a la Dirección General de Justicia.

El departamento considera importante, de cara a ofrecer un mejor servicio público, la modernización tecnológica y de infraestructuras. En este sentido, la apuesta presupuestaria para 2020 se inscribe en una planificación a diez años de las necesidades de espacios en los diferentes juzgados, así como la futura unificación de los juzgados de Pamplona.

UNIFICACIÓN DE TRIBUNALES Así, aparecen por primera vez partidas destinadas a hacer posible que el solar de la antigua cárcel albergue un nuevo edificio judicial, que permita unir los tribunales Económico, Administrativo, Registro Civil, etc., así como la mejora de las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, señaló el Ejecutivo.

Por su parte, desde la Dirección General de Justicia se presentan unos presupuestos que buscan, según fuentes del departamento, "garantizar que el personal de Justicia esté adecuadamente remunerado, dimensionado y formado, para dar al conjunto de la ciudadanía el mejor servicio". "No podemos olvidar que la Justicia está llamada a defender las libertades civiles, políticas y sociales, amenazas por fenómenos como la desregulación de las condiciones de trabajo, la regresión en materia de libertades o las múltiples manifestaciones de la violencia heteropatriarcal", señalaron desde la Dirección General de Justicia.

Al respecto de lo último, añadieron, se ha buscado la potenciación de la perspectiva de género en unas líneas presupuestarias que incluyen la asunción del turno de oficio de los Colegios de Abogados que atiende a las mujeres víctimas de violencia sexista. Este servicio, hasta ahora gestionado por el Instituto Navarro de la Igualdad, contará con una partida de 203.000 euros, dentro de los 3,6 millones destinados a transferencias a colegios profesionales para permitir la gratuidad de la justicia para la ciudadanía.

También se asignan "importantes" partidas a cuestiones como la atención integral a las víctimas de la violencia doméstica y de género (con 450.000 euros presupuestados), o a lo relacionado con la justicia restaurativa, a la que se le asignan 165.000 euros. Del mismo modo, la Dirección General de Justicia destaca que existe "una apuesta presupuestaria clara por dotar suficientemente a los equipos psicosociales, con el fin de acabar con la inaceptable dilación causada por su escasez, especialmente en temas de familia". - J.M.S.

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El departamento de Políticas Migratorias y Justicia ha preparado su anteproyecto de presupuestos con partidas cuya suma supera ligeramente los 11 millones de euros. Dos millones del montante total corresponderán a la nueva dirección general de Políticas Migratorias, creada por el actual Ejecutivo.