MADRID. La Comisión Permanente del CGPJ ha dejado sin efecto los permisos y licencias concedidos a jueces cuando su disfrute impida o dificulte la prestación de los servicios esenciales acordado y señala que no se procederá al cierre de ningún órgano judicial, salvo disposición de la autoridad sanitaria.
El órgano de gobierno de los jueces informa en un comunicado de la aprobación de una nueva instrucción que desarrolla la dictada el pasado sábado para garantizar los servicios esenciales en la Administración de Justicia tras la declaración del estado de alarma.
Una de sus nuevas decisiones se dirige a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia que deberán revocar y dejar sin efecto los permisos y licencias concedidos a jueces cuando su disfrute impida o dificulte la prestación de los servicios esenciales acordados, excepto los ya concedidos por razones de enfermedad, derecho de conciliación u otras de análoga naturaleza.
También establece que no se procederá al cierre de ningún órgano judicial sea cual fuere su naturaleza, salvo disposición de la autoridad sanitaria competente.
En cuanto a los servicios esenciales, la Permanente del CGPJ precisa que en la jurisdicción social, la suspensión de las actuaciones judiciales no se aplicará a los procesos y recursos que se consideren inaplazables en materia de conflictos colectivos, tutela de derechos fundamentales, despidos colectivos, expedientes de regulación temporal de empleo, medidas cautelares y procesos de ejecución que dimanen de la aplicación del estado de alarma.
Se incorpora a la relación de actuaciones esenciales las materias relacionadas con internos del CIE y se aclara que la mención a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer dentro de las actuaciones procesales urgentes e inaplazables vale tanto para los juzgados exclusivos como los que no.
Además, establece que en caso de turnos rotatorios del servicio judicial, los jueces y magistrados titulares de órganos unipersonales o colegiados han de estar disponibles cuando la situación lo requiera.
La Comisión Permanente ha acordado, mientras se mantenga el estado de alarma, reunirse diariamente para efectuar un seguimiento continuo de la situación y analizar cuantas incidencias se produzcan, al objeto de dictar las instrucciones que procedan para garantizar el servicio público de la Administración de Justicia.
