- La defensa de Juana Rivas se congratuló de que le fuera concedido el tercer grado penitenciario, lo que le permitió abandonar ayer el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos, de Granada, para cumplir condena en su casa con control telemático, y señaló que a partir de ahora seguirán "luchando" para que "recupere a sus hijos a la mayor brevedad" a través del indulto solicitado al Gobierno y que aún está pendiente de resolución.

El letrado de la madre de la localidad granadina de Maracena, Carlos Aránguez, explicó en un comunicado que a partir de ahora Rivas "permanecerá en su domicilio, del que podrá salir para sus tareas habituales, estando supervisada mediante un brazalete de control telemático".

"Lógicamente valoramos muy positivamente esta decisión. Juana cumple todos los requisitos legales para poder disfrutar de este beneficio penitenciario", agregó, al tiempo que garantizó que seguirán "luchando para que Juana recupere a sus hijos a la mayor brevedad". Para ello seguirán impulsando la petición de indulto que formularon el pasado 4 de mayo y que aún está pendiente de resolución. El Ministerio de Justicia inició su tramitación con la petición de informe al tribunal sentenciador.

Rivas se presentó voluntariamente en el CIS el pasado viernes para cumplir la orden de ingreso en prisión decretada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada después de que fuera condenada a dos años y seis meses de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias clasificó a la interna en tercer grado, aplicándole el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, lo que supone cumplir la pena en casa con pulsera telemática.

Rivas, que también fue condenada a inhabilitación especial para ejercer la patria potestad respecto de sus hijos durante seis años, solicitó al Gobierno el indulto total, alegando que delinquió por un motivo "comprensible desde el punto de vista humano" como es "proteger a sus hijos" y recalcó que "como víctima de violencia de género recibe la atención adecuada de los servicios municipales de Maracena", mientras que en Italia se "continúa investigando las denuncias interpuestas por violencia familiar".

El pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la condenó a finales de abril a dos años y seis meses de prisión por un delito de sustracción de menores, después de que en 2016 se fuera con sus hijos de Italia para huir de unos supuestos malos tratos de los que acusa a su expareja y padre de los menores.

Sin denuncias. El asesinato de Alicia, una mujer de 36 años, en la localidad jienense de Marmolejo a manos de su pareja fue un crimen machista, el decimonoveno de este año y el 1.097 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas en 2003. Alicia, reportera gráfica de una televisión onubense, fue mortalmente atropellada el pasado sábado. No constaban denuncias previas contra el presunto agresor, que fue detenido. De las 19 mujeres víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de 2021, cuatro habían denunciado el maltrato. Diez eran españolas y nueve extranjeras. En contraste, el 84% de los presuntos agresores eran españoles. Como consecuencia de estos crímenes, siete menores han quedado huérfanos.