Papeles y Derechos Denontzat, Médicos del Mundo Navarra y SOS Racismo Navarra, con la adhesión de otros 30 colectivos, han exigido este viernes frente al Parlamento de Navarra “el cese inmediato de las citas trampa, que son citaciones que entregan agentes de la Policía a personas con las que intervienen cuando comprueban que se encuentran en situación administrativa irregular".

Así lo han explicado en una comparecencia ante los medios, con cerca de 50 personas concentradas, los portavoces Beatriz Villahizán e Iñaki Justes, quienes han recordado que estas prácticas, que han aumentado en los últimos años en Navarra, “atentan contra los derechos y libertades y sostienen y perpetúan violencias estructurales”.

Las citas trampa son citaciones ante la Brigada de Extranjería que se entregan a personas en situación administrativa irregular durante el transcurso de actuaciones policiales. Muchas de ellas son controles de identidad racistas y en otras se aprovechan de situaciones como controles de movilidad rutinarios, controles de tráfico o incluso el momento en el que una persona acude a denunciar que ha sido víctima de un delito.

Una vez se acude a la cita -bajo amenaza de detención en caso de no ir-, las consecuencias pueden variar desde la retirada del pasaporte, la citación periódica ante la Brigada de Extranjería, la incoación de un expediente de expulsión o hasta, como ocurrió en Ribaforada en 2019, la ejecución de una deportación exprés en menos de 48 horas.

Los colectivos creen que este tipo de actuaciones tienen su origen en un cambio de criterio de la Dirección General de la Policía española. Consideran que se ha sustituido la detención por la citación en dependencias policiales después de diversas sentencias judiciales en las que la identificación en plena calle a personas en situación irregular se ha declarado nula. “Queremos destacar la la especial gravedad que supone la colaboración de los cuerpos policiales forales y locales en este tipo de citaciones, lo que nos lleva a pensar en la existencia de una instrucción específica emitida por la Dirección General de Policía, que se está ejecutando y de la que no tenemos información ni conocimiento”, señalan.

En el comunicado, explican que todo esto supone en la práctica un ataque directo a los derechos y libertades de las personas migradas o racializadas. “Se ven atravesadas por una frontera invisible con agentes de Policía que no solo te identifican, sino que te citan y amenazan con detenerte. Se trata de la estrategia del control a través del miedo, del mantenimiento de un poder establecido a golpe de violencia estructurada y de discriminación".

Además, remarcan que estas actuaciones tienen consecuencias especialmente graves para las víctimas de delitos que se encuentran en situación administrativa irregular porque las coloca en una situación de absoluta desprotección al generar rechazo a acudir a dependencias policiales para denunciar cualquier delito por temor a que se les incoen procedimientos de expulsión.

Por todo ello, estos colectivos van a realizar una serie de reclamaciones a las instituciones tanto del Gobierno de Navarra como estatales, a las que consideran responsables de estas prácticas. “Pedimos el cese de los controles de identidad racistas, un informe del Ministerio del Interior sobre este tipo de prácticas y su legalidad y la no colaboración de los cuerpos policiales en este tipo de actuaciones, estableciendo medidas verificables para evitar que se lleven a cabo controles de identidad por perfil étnico”.