El Gobierno de Navarra se ha dividido a la hora de avalar la proposición de ley foral del PSN para estabilizar al profesorado del programa PAI después de que los consejeros de Geroa Bai hayan votado en contra ante las dudas jurídicas que les suscita la reforma.
En un comunicado, Geroa Bai especifica que "los consejeros y las consejeras de Geroa Bai han votado en contra de manifestar la conformidad con la proposición de Ley foral del PSN por la que se establecen medidas en materia de selección y provisión de puestos de personal funcionario docente en Navarra".
La coalición explica que Geroa Bai ya había expresado "serias dudas sobre la seguridad jurídica de la norma propuesta por el PSN".
De hecho, Geroa Bai junto con Podemos Ahal Dugu, solicitó un dictamen al Consejo de Navarra para evaluar el ajuste a derecho de esta reforma que se plantea.
Entre otros asuntos, los dos socios del PSN en el Gobierno quieren que se analice si desde el punto de vista competencial la proposición de ley cumple con las disposiciones de carácter básico estatal, si garantiza los derechos de las y los funcionarios públicos docentes que se van a crear con esta Ley de acuerdo a la Disposición Adicional 6ª y 7ª de la Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, si la legislación vigente ampara la posibilidad de exigir una lengua extranjera como requisito y si dicha proposición de ley cumple con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto del régimen estatutario del personal funcionario público de Navarra y su alcance.
Geroa Bai considera que esta proposición de ley "no es la solución al problema de estabilización de la plantilla, y recuerda que fue una opción que existía en otras legislaturas pero que fue rechazada conforme al criterio de los técnicos jurídicos".
Además, Geroa Bai subraya que esta proposición "no se recoge en ningún momento del acuerdo programático", una clara respuesta a uno de los pretextos usados por el PSN en la proposición, que los socialistas sí creen que queda dentro del Acuerdo programático 2019-2023.
El comunicado llegó horas después de que se conociera que, en sesión extraordinaria, el Gobierno de Navarra había avalado la propuesta.
EL TEXTO DEL GOBIERNO
El texto busca consolidar la plantilla docente que se encarga de dar este programa, y que es la que está más afectada por la temporalidad, con ratios de hasta el 70%. El Ejecutivo, en el texto que anuncia el acuerdo, cree que la ley "conlleva una solución a la alta temporalidad del personal que presta sus servicios en los programas para el aprendizaje de lenguas extranjeras".
La medida también fue cuestionada en su día por los sindicatos Steilas, UGT, CCOO, ELA y LAB, quienes creen que una ley foral, tramitada de esta forma, puede arrojar dudas sobre la seguridad jurídica de estos docentes. Por eso, los sindicatos abogaron por buscar la estabilización de dichas plantillas, pero "no de cualquier manera", ya que hacerlo mediante una ley foral podría suponer problemas para esos mismos docentes, que entrarían por una vía alternativa a un circuito que está marcado por las leyes estatales.
El Ejecutivo ha avalado la ley mediante un texto elaborado por el Departamento de Presidencia. En él, se enmarca la proposición en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que ha servido como percha para la iniciativa navarra, a cargo del PSN, que planteó en su momento que la proposición de ley se tramitara "por lectura única y la vía de urgencia", algo que no gustó al resto de socios.
El Gobierno justifica que los programas de inmersión lingüística se han mostrado como el mejor método para el aprendizaje de idiomas, y que son estos programas los que mayor porcentaje de profesorado interino acumulan, con ratios que "alcanzan el 70%".
Por ello, el Ejecutivo "muestra su conformidad con la tramitación de la proposición de ley foral puesto que conlleva una solución a la alta temporalidad del personal que presta estos servicios", y al mismo tiempo supone un "beneficio para el alumnado de estos programas, que será atendido por plantilla de personal estable".
RECHAZO SINDICAL
La mayoría sindical de la enseñanza pública ha mostrado su disconformidad con la tramitación de esta ley en más de una ocasión.
LAB, Steilas, CCOO, ELA y UGT ya mostraron a principios de mes su preocupación por "la falta de seguridad jurídica que puedan tener los docentes" que accedan a la estabilización laboral mediante esta ley, que es "discriminatoria" en la medida en la que permite exigir como requisito una lengua extranjera para acceder a las oposiciones.
Los sindicatos ven con preocupación que se vaya a crear "dos tipos de docentes con distintos derechos laborales desempeñando las mismas funciones".
Por eso, han criticado una OPE ad hoc que choca contra el Real Decreto de 2007 que regula el acceso a los cuerpos docentes.
