LONDRES. Esta medida responde a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el 13 de mayo reconoció el derecho de los ciudadanos a ser "olvidados" en internet, es decir, a poder reclamar a Google y otros buscadores que retiren los enlaces a informaciones que les perjudican y ya no son pertinentes.

En una entrevista con "Financial Times", el consejero delegado de Google, Larry Page, advierte de que la nueva directriz de privacidad de la Unión Europea (UE) perjudicará la innovación, pues las empresas que empiezan no podrán hacer frente a esos requisitos administrativos.

"Nosotros somos una compañía grande y podemos responder a este tipo de preocupaciones e invertir dinero en ellas y resolverlas, para nosotros no es un problema", afirma.

"Pero en conjunto, al regular internet, creo que no vamos a ver el nivel de innovación que hemos visto hasta ahora", aseveró.

Según Page, la nueva complejidad regulatoria en la UE hubiera perjudicado a Google cuando eran solamente "tres personas en un garaje".

Además, reflexiona el estadounidense, la nuevo regulación sobre privacidad alentará a la censura a regímenes opresivos y reaccionarios.

"Será empleado por otros Gobiernos que no son tan adelantados y progresistas como Europa para hacer cosas negativas", afirma en la entrevista, donde lamenta no haber participado más en el debate en la UE sobre la protección de datos personales.

"Ahora estamos intentando ser más europeos y pensar en ello desde un contexto más europeo", explica sobre su nuevo enfoque, y añade: "Vamos a pasar una cantidad significativa de tiempo en Europa hablando".

Con el nuevo formulario en línea, los ciudadanos europeos podrán reclamar a Google que retire datos personales suyos almacenados que han quedado obsoletos, de forma que no aparezcan en las búsquedas.

Los solicitantes deben demostrar su identidad y aportar enlaces a la información que quieren que desaparezca, mientras que la compañía efectuará controles para verificar que no existe un interés general para mantener los datos en sus archivos, como en el caso de políticos envueltos en escándalos o casos de corrupción.

Google pide a los usuarios una copia de un documento de identificación con foto válido, además de datos como el país cuya legislación se aplica a la solicitud, el nombre completo del usuario y del que solicita que se retiren los resultados de búsqueda, la relación con la persona a la que representa, una dirección de correo electrónico de contacto y los enlaces asociados al nombre que se quieren retirar.

Para que pueda ser evaluada la solicitud, los usuarios deberán indicar la URL de cada enlace que aparece en una búsqueda de Google con su nombre y que solicitan que se retire. Además, deben explicar los motivos por los que la página enlazada se refiere al usuario y detallar por qué esta URL de los resultados de búsqueda resulta irrelevante, obsoleta o inadecuada.

Según el FT, Google también dará a conocer hoy una comisión formada, además de intelectuales y expertos en regulación europea, por el que fue su presidente, Eric Schmidt, el abogado David Drummond y el jefe de Wikipedia, Jimmy Wales, que evaluará las peticiones y supervisará las obligaciones de la empresa en cuanto a la privacidad.

La sentencia del TJUE marcó un antes y un después en la aún poco desarrollada jurisprudencia comunitaria relativa a internet.

La disputa surgió a raíz de la petición del español Mario Costeja González, quien constató que al introducir su nombre en el buscador aparecían dos anuncios sobre una subasta de inmuebles relacionada con un embargo derivado de deudas a la Seguridad Social sucedido diez años antes y ya resuelto.