Madrid. La reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que abre la puerta a la privatización de las televisiones públicas autonómicas, superó ayer su primer trámite en el Congreso al contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y de UPN, la abstención de CiU y Coalición Canaria y el voto en contra del PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, ERC, BNG, Amaiur y Geroa Bai. Además, el Pleno rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, UPyD, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y BNG.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, defendió que la intención del Ejecutivo es solventar la "difícil situación económica" de gran parte de las televisiones autonómicas, al permitirse recuperar su viabilidad. Eso sí, insistió en que no se trata de una "obligación" sino de una reforma que abre la puerta a que, dentro de la flexibilidad, las comunidades decidan cómo quieren gestionarse. "No se obliga a nadie a privatizar un canal", señaló. "¿Alguien se opone a un mayor grado de libertad en cada comunidad para que elijan libremente su modelo", preguntó en la Cámara. Así, recordó que el Consejo de Ministros aprobó en abril esta reforma que permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones: si quieren mantener o no este servicio y si desean prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. Además, señaló que se elimina la obligatoriedad que se establecía sobre las públicas a la hora de ejercer la producción propia de sus servicios informativos, pudiendo ceder a un tercero su producción y edición. La diputada popular Macarena Montesinos insistió en que esta reforma no invade las competencias autonómicas ni erosiona ningún derecho y acusó al Grupo Socialista de instalarse en el sectarismo "más extremista y radical". Así, puso el ejemplo del canal autonómico de Andalucía, donde gobierna el PSOE, y donde señaló que "se secuestra la libertad de expresión, se anula a los partidos de la oposición y se parece desgraciadamente a un modelo de Corea del norte o Cuba y no al de una comunidad autónoma".

Desde el PNV, Pedro Azpiazu, apuntó que con esta reforma se imponen obligaciones de carácter financiero que para muchos canales autonómicos son "difíciles de sostener". Además se preguntó cómo se va a garantizar el servicio público con estas fórmulas de gestión. "Déjenos gestionar nuestra televisión. Es obvio el rechazo firme y contundente del Grupo Vasco. Confiamos que el Gobierno y el PP acepten nuestras enmiendas parciales, lo que nos permitiría corregir algunas cuestiones básicas", apuntó. Por parte de CiU, Inmaculada Riera manifestó que comparten el espíritu de la reforma pero discrepan con el impacto competencial que plantea. Así, apoya la flexibilidad que posibilita a las comunidades a decidir sobre la gestión de los canales pero, según insistió, "siempre y cuando sea una decisión propia de las comunidades". De manera "clara y rotunda" dijo también que no está de acuerdo con la segunda parte de esta reforma que supone a su juicio una "clara invasión competencial".

"aves carroñeras" El portavoz del PSOE, Juan Luis Gordo, que inició su intervención matizando que es "necesario" poner en marcha medidas que garanticen la sostenibilidad económica y financiera de los canales autonómicos, subrayó que el camino que hay que seguir no es el propuesto por el PP. Así, propuso que sea RTVE, mediante un convenio, quien pueda facilitar el servicio público de radio y televisión en las comunidades autónomas. La idea, según explicó, consiste en aprovechar las sinergias mediante la cooperación y colaboración entre los operadores estatales y autonómicos. el PP "quiere otorgar las televisiones autonómicas a grupos mediáticos afines a este formación política" porque los populares "no descuidan a sus amigos". "Nosotros no nos podemos fiar de ustedes en un tema tan importante como éste, y con este proyecto extienden la televisión de partido al resto de las televisiones autonómicas. Controlan los informativos y dan cobijo a grupos mediáticos que como aves carroñeras están al acecho, antiguos parientes, exsecretarios de Estado, para hacerse con las televisiones autonómicas", acusó Gordo.

Desde el BNG, Francisco Jorquera dijo que el proyecto plantea contenidos centralistas y privatizadores, mientras que Joan Tardà, de ERC, defendió que da un "hachazo al servicio público".