- La Federación Navarra de Caza (FNC) acudió en marzo al Parlamento de Navarra para aconsejar a la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente acerca de cómo debería reformarse la Ley de Caza y Pesca de Navarra. Para ello, a través de diversas ponencias, se expusieron las casuísticas de la caza actual y las particularidades de la región desde múltiples puntos de vista (biológicos, legales, ambientales, veterinarios€). Como parte del cometido que ha asumido la federación de ser una ayuda en lo relacionado con el medioambiente, se solicitó a la Cámara que colabore con el Gobierno de Navarra en conseguir una caza social y deportiva apoyada en criterios de sostenibilidad.

Así lo expresó Aitor Merino, ingeniero forestal especialista en gestión y ordenación cinegética, y asesor técnico de la FNC. Él fue el encargado de trasladar a los parlamentarios las principales propuestas de la entidad de cara a la modificación de la normativa, reclamando que se luche por una caza compatible con otros usos del territorio; que esta sea accesible a cualquier persona, tanto económica como legislativamente (pensando en los futuros cazadores); que se potencien la cultura cinegética y la inversión en educación (algo que ya desarrolla la propia federación); y que se trabaje para concienciar a la sociedad de que la caza supone una actividad necesaria para el medioambiente, la conservación, la fijación de la población en el ámbito rural y el restablecimiento de los equilibrios biológicos.

Para sustentar estas recomendaciones, Merino destacó algunas de las funciones que ha asimilado la caza y su importancia en la Comunidad foral. Por un lado, remarcó la relevancia del ámbito social de la actividad cinegética. En este sentido, argumentó que es trascendental reconocer públicamente los valores que aporta una caza bien gestionada y el gran servicio que presta al conjunto de la sociedad. "La caza en Navarra es deporte, ocio, cultura, tradición y economía. Y, por supuesto, no es excluyente", afirmó.

Sus palabras vinieron acompañadas de datos: en el territorio foral hay unos 20.000 cazadores, repartidos en 252 cotos, de los que 210 son cotos de caza locales. "En ellos -precisó- se ejecuta una caza de marcado carácter social, donde los cazadores se organizan principalmente en clubes deportivos y asociaciones que cumplen con las más básicas prácticas democráticas y en los que no existe ánimo de lucro ni fines económico-mercantiles".

Por otra parte, Merino quiso hacer énfasis en la función medioambiental que ejerce la caza, ya que defendió que esta práctica se realiza a través de un modelo de sostenibilidad, en el que se aprovechan recursos garantizando su viabilidad y su continuidad. Asimismo, contribuye al arraigo de la población rural y colabora con la economía circular, al generar carne de caza ecológica. Igualmente, la caza supone la herramienta más eficaz para el control de las especies que sufren de sobreabundancia. También, en este caso, presentó cifras: en la última temporada se cazaron en Navarra en torno a 10.000 jabalíes y más de 150.000 conejos.

En otro orden de cosas, subrayó tres aspectos clave que los legisladores habrían de tener en cuenta. El primero es la oportunidad de declarar la caza como una actividad esencial, una coyuntura que, al prohibirse la caza debido al confinamiento provocado por la covid-19, propició el aumento de daños en cultivos y patologías ganaderas, el incremento de los accidentes de tráfico causados por especies cinegéticas, la colonización de entornos urbanos por los animales y el impacto ambiental sobre espacios con valores ecológicos destacables. "Los cazadores somos un elemento clave para la solución de estos problemas, siempre que nos permitan controlar las poblaciones crecientes de conejos, corzos o jabalíes", proclamó Merino.

El segundo factor clave se adhiere a la responsabilidad del cazador. En la normativa se refleja que el titular de la gestión del acotado deberá adoptar las medidas necesarias para prevenir los daños. A juicio de la FNC, "nuestras medidas son los controles poblacionales a través de la caza, y es inviable económicamente descargar la responsabilidad de proteger los cultivos sobre el colectivo de cazadores". Se requeriría, en cambio, implicar a otros agentes, como el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra (a través de ayudas directas a los agricultores), los seguros agrarios o los gestores de las infraestructuras.

Por último, Merino se refirió a la consolidación de los planes de ordenación cinegéticos (POC) como la herramienta básica de gestión de los cotos. "Aunque somos referentes nacionales en esta materia y tenemos un gran reconocimiento a nivel técnico, es necesario implantar a través de los POC una mayor autogestión de los acotados, analizando en cada caso sus condicionantes, el número de cazadores, los cupos, los planes de mejora, etc.", concluyó.