El departamento de Cultura y Deporte de Navarra, a través del Diagnóstico de las profesiones de la Cultura, ha identificado 20 profesiones dentro de este sector que se encuentran en “especial vulnerabilidad” y requieren más atención en el desarrollo de la futura Ley Foral de Profesionales de la Cultura.

La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, ofreció esta información sobre el diagnóstico ayer en una comisión parlamentaria en la que aseguró que este estudio les permitirá “abordar con rigor” el volumen de ocupación, disciplinas y cadena de valor de los sectores y profesiones culturales de Navarra.

Según indicó, de las 60 profesiones vinculadas a la cultura que identifica este informe una veintena se encuadran dentro de las que denominan como “ocupaciones de especial atención”, que son aquellas para las que plantean la necesidad de mayor “apoyo, definición y reconocimiento”.

Dentro de estas profesiones de mayor vulnerabilidad el informe se refiere a ocupaciones asociadas al patrimonio como son comisario de arte, técnico de galería de arte, conservador/restaurador y mediador cultural, mientras que en lo referente a las industrias creativas se pone el foco en los escenógrafos.

En materia de acción cultural precisan especial atención actores, bailarines, coreógrafos, autores de obras escritas, directores de artes escénicas y cine, técnicos de espectáculos, regidores, compositores musicales, músicos, cantantes, arreglistas, directores de orquesta o banda, artistas plásticos o audiovisuales, productores de cine, teatro música o audiovisuales y representantes artísticos.

Dentro de estas ocupaciones, explicó Esnaola, “es complicado crear unos órganos de representación legal que permitan negociar los aspectos que regulen su actividad” ya que “el actual sistema de representatividad sindical fija unos requisitos que se alejan de la realidad contractual de los artistas”. Según aseguró, estas ocupaciones se encuentran menos reguladas y/o carecen de una legislación específica o convenios colectivos “quedando menos atendidas”.

Asimismo, se incluyen las clasificadas en códigos de actividad o categorías profesionales no culturales por su escasa definición en clasificaciones de referencia, por lo que “quedan invisibilizadas en temas como ayudas, aspectos fiscales, laborales o formativos” y no pueden certificar esta experiencia profesional para optar a determinados puestos.

Según expuso Esnaola, las 40 actividades profesionales restantes, “se encuentran suficientemente atendidas, tienen un desarrollo normativo más definido y amplio” y cuentan con elevada presencia de personal funcionario. También se incluyen profesiones que se atienden desde otros sectores económicos. En estos casos, señaló, lo que se propone es “realizar un seguimiento” al no presentar un nivel de precarización como el de las ocupaciones de especial atención y no requerir el mismo nivel de atención por parte de la Administración.

Según refirió la consejera, a partir de este informe, el siguiente paso a seguir es la redacción de un borrador de la Ley Foral de Profesionales de la Cultura, que “se irá completando gracias a las reuniones y mesas de trabajo” con diferentes departamentos del Gobierno foral, agentes del sector, sindicatos y demás entes implicados.

Mostró su deseo de poder presentar el texto legislativo al Parlamento “con la mayor celeridad”, pero ha comentado a este respecto que “los pazos en los trámites legislativos no son rápidos ni cortos”, más cuando se quieren hacer en procesos participativos.

Raquel Garbayo, de Navarra Suma, mostró su deseo de que “esto no se quede en agua de borrajas” en referencia directa a la Ley de Derechos Culturales, “pionera y que el sector considera que es vital”, pero “sigue sin desarrollarse reglamentariamente”.

Por parte del PSN, Carlos Mena consideró que “era necesario este primer paso” para “conocer la realidad del sector”. El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, afirmó que ahora toca “plantear la solución” a los problemas que especifica este informe y más crítico se mostró Maiorga Ramírez, de EH Bildu, quien consideró que el informe “no aporta demasiadas novedades” y presenta “muchas obviedades” al tiempo que ha criticado que “llevamos cuatro años de retraso”.