“Mediante solicitudes de reunión, recursos de alzada, notas de prensa, etcétera, hemos trasladado al departamento de Educación toda esta problemática, pero nuestros interlocutores no ofrecen ninguna vía de diálogo. Nadie se ha sentado a una mesa a preguntarnos sobre nuestras inquietudes o nuestras necesidades específicas”. Y, por eso, representantes del claustro de profesores del Conservatorio Superior de Música de Navarra (CSMN) pidieron comparecer ante la comisión de Cultura del Parlamento foral.
El pasado martes, 21 de enero, acudieron a la sesión de trabajo cuatro docentes: Pilar Fontalba, catedrática de Oboe; Iván San Miguel, catedrático de Contrabajo-Jazz; Rubén Pérez, catedrático de Clarinete, y Juan José Eslava, catedrático de Composición. Y lo hicieron aportando dos cartas de respaldo del musicólogo, poeta y filósofo navarro Ramón Andrés y del prestigioso compositor José María Sánchez-Verdú. También un Informe sobre la estabilización del personal interino del CSMN, que refleja la cantidad de docentes, dos tercios del total, que son “víctimas de abuso de la temporalidad”.
Abuso de temporalidad
Es decir, de 104 profesoras/es, hay 34 funcionarios fijos y 70 interinos. Datos “aproximados” y contabilizados “tras la estabilización que permitía la Ley 2020 / 21, finalizada el pasado 31 de diciembre” y que incumple, dijeron, el mandato que hizo la Comisión Europea a España de transponer la directiva 1999 / 70 sobre el abuso de la temporalidad.
Por otra parte, recordaron que las últimas oposiciones en el CSMN se llevaron a cabo en 2019 –dejando vacantes– después de 24 años sin ellas. Además, hay especialidades como el Jazz, en la que Navarra ha sido pionera, que “jamás han tenido oposiciones” y, por tanto, oportunidades para estabilizarse. “Estamos hablando de un caso muy singular dentro del panorama laboral docente en la Administración educativa que no es comparable con Primaria o Secundaria, donde las oposiciones sí han tenido un carácter constante. En este sentido, el CSMN y el Conservatorio Profesional, que vive circunstancias similares, son los últimos para casi todo”, denunciaron.
Y abundaron señalando que en el proceso de estabilización de 2020 / 2021, “el departamento de Educación no quiso sacar todas las plazas vacantes en las que se había cometido abuso en la contratación temporal”, esgrimiendo razones como que la persona que ocupaba la plaza se había acogido a la reducción por edad, lo que, a juicio de los docentes, es “una flagrante discriminación”.
No hay transparencia
El departamento, continuaron, debería aportar los datos exactos al Parla-mento, “en una política de transparencia que nunca ha tenido”. “El oscurantismo es total”, afirmaron los profesores que acudieron a la Cámara foral, a la que pidieron que se ponga “manos a la obra para resolver lo más pronto posible esta injusticia que se perpetúa desde hace demasiados años”. También que exija a Educación “toda la documentación necesaria sobre personal interino abusado de los dos conservatorios” y que “no se saquen a oposición aquellas vacantes que están ocupadas por personal que sufre abuso de temporalidad” y lleva 3 o más años contratado.
Asimismo, los representantes del claustro indicaron que “lo más barato para el contribuyente y lo más justo para el personal en abuso es la fijeza automática de todas las personas que tengan derecho a ello. Al menos, convertir los contratos en indefinidos”. “De esta forma se eliminan las multas europeas, los concursos de méritos con baremaciones a la carta según la autonomía, gastos en tribunales, oposiciones con irregularidades, etcétera”.
Enseñanza universitaria
Los docentes también volvieron a pedir que se empiece a diseñar el calendario de aplicación de la Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores, aprobada en junio de 2024 en el Congreso y que, por fin, daría al centro el marco de funcionamiento que necesita, ya que, a pesar de que sus estudios están reconocidos como universitarios, a día de hoy se rige por la normativa de la ESO, lo que genera “muchas disfunciones”.
Esta situación que dura años y, según han comentado, se “ha agravado” cuando, desde 2023 y “con sus imposiciones unilaterales”, el servicio de Inspección impidió que ni ellos/as ni el alumnado puede llevar a cabo la práctica artística. Una práctica fundamental, dicen, en un centro de educación superior. “Según la Ley de Enseñanzas Superiores, estas son funciones de los catedráticos, no caprichos ni evasiones bohemias de nuestras obligaciones”, incidieron, y destacaron que la “actual rigidez” y la falta de flexibilidad ponen “en peligro” la visibilización del centro y, por tanto, su atractivo.
En ese sentido, demandaron la creación de un sistema de gestión de la compatibilidad de las distintas funciones del profesorado y solicitaron contribuir con su experiencia en el proceso de implementación de la ley estatal.
