- Se está cocinando a última hora, cuando solo restan cinco días para que el juicio comience en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, pero parece que el guiso saldrá adelante. Aún falta que varios de los acusados den luz verde al pacto, pero si se cierra el acuerdo entre la Fiscalía y la Hacienda foral con los diez exdirectivos y exempleados del Club Atlético Osasuna se evitará que se enfrenten a un pleito largo, de 8 días, con el riesgo de una condena gravísima (no hay que olvidar las penas que arrastran varios de ellos por la sentencia de los amaños) y, tras varios encajes jurídicos, se les permitirá también eludir el ingreso en prisión por estos delitos fiscales. Se sientan en el banquillo por los impagos de IVA de los ingresos obtenidos en las taquillas del club entre 2010 y 2013 y de IRPF de 2012 de la entidad

El acuerdo puede tener visos de realidad porque aunque las penas de algunos de los acusados superen los dos años de cárcel (Archanco, Purroy, Vizcay y Pascual, presentes en las dos directivas procesadas y por tanto en todos los delitos de los que se les acusa, recibirán las penas más altas en torno a 30 meses en total), se les aplicará la suspensión extraordinaria de la pena que contempla el Código Penal. Se trata de una vía excepcional para evitar el encarcelamiento de ciertos condenados, que no deben ser reos habituales (se considera así al que comete tres o más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo del Código en un plazo no superior a 5 años, habiendo sido condenados por ello) y que las penas individualmente computadas no excedan de dos años. En el juicio se iban a reclamar penas de 8 años y 9 meses a Sancho Bandrés, Manolo Ganuza y Txuma Peralta, más de 12 años al expresidente Izco y otros 15 años y 9 meses de prisión a Archanco, Vizcay, Purroy, Pascual, José Gómez y Tomás López.

Para alcanzar la conformidad, la propuesta ofrecida por las acusaciones que ejercen la Fiscalía y el Gobierno foral contempla que no se retire ninguno de los delitos que se les imputa. Es decir, cada ejercicio fiscal es un delito distinto. Pero sí se les apreciarán dos atenuantes, es decir, circunstancias que rebajan las penas a imponer. Estas serían las de reparación del daño causado y la de dilaciones indebidas.

La primera, la reparación, es posible contemplarla en el acuerdo debido a que la entidad, en este caso Osasuna, ha regularizado su situación defraudatoria con Hacienda. Es decir, el club ya ingresó los 6.838.018 euros (eso repercute ahora en una atenuante a favor de los procesados) que había dejado de abonar al fisco en aquellos años aciagos y en los que todo el mundo miraba para otro lado. De hecho, para este juicio que parece que no se va a celebrar, había citados testigos de lo más interesantes como la exconsejera de UPN, Lourdes Goicoechea, que debería haber aclarado por qué sus antecesores en el cargo habían tenido tal permisividad con los impagos de Osasuna. Al club rojillo le quedan por abonar los 1.469.914 euros en concepto de multa por el delito fiscal, cantidad que ya tiene consignada en sus arcas y que depositará en el juzgado al inicio de la vista oral. La segunda circunstancia que favorece la reducción de la condena y por tanto el alcance de un acuerdo son las dilaciones indebidas, debido al tiempo que se ha tardado en juzgar una causa, en la que incluso los acusados querían pelear por la prescripción de alguno de los delitos, como el del ejercicio fiscal de 2010, debido a que Hacienda se querelló casi en el límite temporal para que el delito de ese primer año imputado pudiera acabar archivándose. Hablamos de hace casi una década.

Entre los flecos que restan están también por saber las multas que se imputarán en las penas a cada condenado, que será en torno a un 25% de la cantidad defraudada. Si no tienen bienes para hacerles frente, como ocurrirá en la mayoría de los casos, se aplicaría el arresto sustitutorio por impago hasta un máximo de un año.