madrid. El vicepresidente de la CEOE y el presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, pidió ayer un periodo de reflexión después de que la Fiscalía de Madrid haya abierto una investigación al hilo de las denuncias de trabajadores del grupo de Fernández por haber recibido supuestamente pagos en negro. Sin embargo, Fernández quiso resaltar que "no es una dimisión sino un periodo de reflexión", apostilló.
Fernández quiso dejar claro que su gesto no es una dimisión en los puestos de representación empresarial que ostenta. Algo que resaltó ante la junta directiva de la Confederación Empresarial de Madrid, que mostró su "apoyo unánime" a Fernández.
Unas horas antes, la CEOE había convocado, de forma ordinaria, a sus órganos de dirección, el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva.
Allí, Fernández pidió la palabra para dar explicaciones sobre las acusaciones que han hecho algunos de sus trabajadores respecto a que, presuntamente, les paga parte de sus nóminas en dinero negro.
El vicepresidente primero de la CEOE adoptó esta determinación un día después de que la Fiscalía de Madrid haya abierto diligencias para investigar esos supuestos abonos en dinero B.
Desde la CEOE se resaltó que Arturo Fernández tomó esta decisión teniendo en cuenta los intereses de las instituciones a las que representa, así como los de sus empresas y trabajadores. Según estas fuentes, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, le habría dicho: "haz lo que tengas que hacer".
Antes de que se hiciera el anuncio por parte de Fernández, fuentes empresariales rechazaban que se pudiera tratar este asunto en la Junta Directiva y consideraban dicha posibilidad como una "sorpresa".
Sin embargo, el presidente de la patronal vasca Confebask, Miguel Ángel Lujua, tomó la palabra para decir a Fernández que debería pasar a un segundo plano para no estar tan expuesto en los medios de comunicación ante este escándalo.
En un comunicado, Confebask precisó que Fernández "debería dar un paso atrás en esa representación hasta que se dilucide la veracidad, o no, de las graves acusaciones que se le imputan".
Otras fuentes destacaron que esta reflexión no supone que se haya pedido a Fernández que dimita, aunque algunos de los empresarios presentes lo hayan interpretado así.
La polémica sobre la política salarial del Grupo Cantoblanco se produce en un momento en que Juan Rosell ha propuesto una reforma de los estatutos de la patronal para evitar nuevos casos como el que ha llevado a su antecesor, Gerardo Díaz Ferrán, a la cárcel por evasión de capitales, entre otros delitos.
Rosell quiere que la persona que ocupe la presidencia de la CEOE pueda ser destituida si resulta imputada judicialmente por una falta grave y se abra juicio contra ella.
