madrid - El exempleado del banco HSBC Hervé Falciani recordó ayer a los jueces de la Audiencia Nacional que tienen que decidir sobre su posible extradición a Suiza que gracias a él y a que no fue entregado a ese país en 2013 se ha podido investigar a HSBC en 28 países.

El exinformático, reclamado por Suiza para cumplir 5 años de cárcel por filtrar datos bancarios de defraudadores al fisco, defendió ayer en la vista de extradición celebrada en la Audiencia Nacional que lo que este tribunal decidió hace cinco años al denegar su entrega “permitió la judicialización en múltiples países del caso conocido como HSBC”, concretamente en 28, según sus cálculos.

Falciani, de 46 años y nacido en Mónaco, trabajó en la filial suiza de HSBC de 2001 a 2008 y fue arrestado en España en 2012 a petición suiza por filtrar datos de 120.000 clientes del banco. La Audiencia Nacional rechazó entonces su entrega, hasta que el pasado 4 de abril fue de nuevo arrestado en Madrid por orden del país helvético, que le ha condenado por la filtración. En la vista, la Fiscalía española se ha opuesto a que sea extraditado alegando que los hechos por los que se le reclama son los mismos que por los que ya se pidió su entrega en 2013 y que además el delito que cometió no está tipificado en España, ya que no se puede encajar en el de revelación de secretos de empresa porque no filtró los datos a particulares.

En la vista, Falciani reconoció la labor de la Audiencia Nacional al haber permitido estas investigaciones denegando su extradición y también a la Fiscalía Anticorrupción española, que han jugado, ha dicho, “un rol fundamental en varias justicias europeas”.

Recordó que gracias a los datos que facilitó a las autoridades francesas, la Fiscalía gala llegó a un acuerdo en noviembre de 2017 para que la filial suiza de HSBC pague al Estado francés 300 millones de euros para evitar un juicio por blanqueo de fraude fiscal. En declaraciones a los periodistas tras la vista, Falciani abogó por que en se proteja legalmente a los “delatores” en las causas económicas, siguiendo el ejemplo de países como Estados Unidos e Inglaterra.

Durante la vista, la fiscal María Sandoval expresó su posición contraria a la extradición del exinformático por entender que el caso ya fue juzgado y las razones por las que entonces se denegó siguen vigentes, ya que lo único que ha cambiado es que en aquel momento había sido imputado por la justicia helvética y ahora ya ha sido condenado (cuatro años y 195 días de cárcel) pero el caso es el mismo. Según ella, los delitos por los que ha sido condenado (espionaje económico con agravantes) no tienen equivalencia en el Código Penal y de hecho, que extrajese datos de potenciales delincuentes económicos y los pusiera a disposición de las autoridades judiciales y administrativas, que “no de particulares”, “no es constitutivo de delito alguno” en España. - Efe