El Gobierno prohibirá la venta de coches diésel, gasolina e híbridos a partir de 2040

Para conseguir la plena descarbonización de la economía española en la segunda mitad del siglo XXI, el Ejecutivo ha calculado que será necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050 al menos en un 90% con respecto a los niveles de 1990.

La ley se fija dos referencias temporales para reducir esas emisiones, para introducir energías renovables y para ser más eficientes en el uso de la energía: los años 2030 y 2050.

Así, en 2030 el Ejecutivo quiere que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan un 20% respecto a 1990, que el sistema eléctrico cuente con un 70% de generación a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética. Para 2050 las emisiones de gases invernadero se deberían reducir un 90% respecto a los niveles de 1990 y el sistema eléctrico se debería basar exclusivamente en fuentes renovables.

El Gobierno quiere poner fin definitivamente al uso de combustibles fósiles que generan emisiones de gases invernadero (como el carbón) y ha planeado que cuando entre en vigor la ley ya no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos.

adiós al ‘fracking’ Tampoco se podrán desarrollar actividades de “fractura hidráulica” (fracking) para la explotación de hidrocarburos, según la futura ley, que establecerá que las actividades vigentes para estas actividades no podrán seguir más allá del año 2040.

Con respecto a la movilidad, el Ejecutivo ha previsto que en 2040 estará ya prohibida la venta o matriculación de todos los vehículos que emiten de forma directa dióxido de carbono, y diez años después se limitaría definitivamente la circulación de ese tipo de coches. La futura ley establecerá la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica en las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes en distintos plazos en función de su volumen de ventas. La norma, a partir de cuya entrada en vigor no se podrán otorgar nuevas autorizaciones para actividades de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, ni desarrollar actividades de fractura hidráulica o fracking, establece que las prórrogas vigentes no podrán seguir más allá de 2040, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Además, la Administración General del Estado no realizará nuevas inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad incluya la explotación, extracción, refinado o procesado de combustibles fósiles.

Con la futura normativa el Gobierno se va a imponer obligaciones que estarían por encima del Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático. Ningún país de la UE ha afrontado objetivos tan ambiciosos como los que se va a fijar España en su normativa.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que los objetivos que se plantea el Gobierno en esta ley son “un hito a nivel internacional” y que la propuesta del Gobierno plantea reducir en un tercio las emisiones de gases de efecto invernadero actuales de España “en tan solo una década”. El Gobierno ha elaborado un documento de trabajo que pretende ser el “germen” de la futura ley de cambio climático, y va a compartir este documento con todos los grupos parlamentarios, agentes económicos y sociales, ONG y administraciones públicas para tratar de alcanzar el máximo consenso posible antes de aprobar el texto en el Consejo de Ministros y de remitirlo al Congreso de los Diputados antes de que acabe el año. - D.N./Efe

El ejemplo europeo. La propuesta del Gobierno es similar a la del Reino Unido, que ha anunciado que prohibirá la venta de coches diésel y gasolina en 2040 y que en el año 2050 ya no podrán circular. Francia también ha anunciado que prohibirá la venta de coches de combustión en 2040. Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda pretenden lograrlo en 2030 y Noruega en 2025.

Los ecologistas piden ser más ambiciosos. Las organizaciones ambientales Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF ven con buenos ojos que el Ministerio para la Transición Ecológica haya lanzado el documento base sobre el cual se elaborará la ley de cambio climático porque “era urgente” aunque reclaman mayor ambición en el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.