El proyecto minero Mina Muga, impulsado por la empresa Geoalcali en una zona limítrofe entre Aragón y Navarra, cerca de Sangüesa, está en fase de análisis de los riegos geológicos a cargo de las administraciones estatal, foral y aragonesa.
El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha explicado en el pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta de Podemos, que ya se ha aprobado la declaración de impacto ambiental favorable a este proyecto, pero está en proceso el trámite de los riesgos geológicos, entre ellos la sismicidad.
Remírez ha apuntado que, de materializarse este proyecto, supondría "un importante impulso socioeconómico para la comarca de Sangüesa" y ha señalado que la inversión prevista es de 540 millones en dos fases, con la generación de 800 puestos de trabajo directos, además de mil empleos en la fase de construcción.
Dado que el proyecto está en términos de Aragón y Navarra, su tramitación corresponde al Gobierno de España. Ahora está en proceso la tramitación relativa a los riesgos geológicos, sobre la que se tienen que pronunciar las tres administraciones.
En todo caso, Remírez ha afirmado que el Gobierno foral "velará por la seguridad del conjunto de la ciudadanía navarra y para que todo proyecto de estas características, por muy atractivo que sea en materia de empleo, cumpla todos los requisitos que sean requeridos por la norma".
La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha criticado que, "pese a que este proyecto cuenta con informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Ebro, del Instituto Geológico y Minero de España y del Instituto Geográfico Nacional, que han denunciado la ausencia de evaluación específica de las interacciones que podría tener las explotación minera sobre las obras hidráulicas de la zona, entre otras el embalse de Yesa, las diferentes administraciones de las que depende otorgar los permisos han permitido a la empresa posteriores adendas y cambios muy sustanciales en el proyecto original". "Esto es sorprendente, teniendo en cuenta que la ley minera actual es preconstitucional y no garantiza el respeto a la protección de la naturaleza, poniendo por delante la actividad minera y económica", ha afirmado.
Por ello ha considerado que "esto hace necesario volver a someter a información pública todo el proyecto de restauración y el de impacto ambiental" al tiempo que ha pedido "un control riguroso del cumplimiento de los condicionantes".
Por último, ha recordado que la empresa adjudicataria ha tenido "hasta cuatro ocasiones" para mejorar y modificar cuestiones de impacto como "la desmedida carga de transporte, cifrada en 102.500 camiones pesados hasta el puerto de Bilbao o el excesivo consumo de agua para su construcción de más de 1 hectómetro cúbico anual".
