La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha abierto causa penal para investigar al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno navarro, Manu Ayerdi, por presuntos delitos de "prevaricación y de malversación de caudales públicos" en relación con la supuesta concesión irregular a DAVALOR SALUD S.L. de seis préstamos por un importe de 2.600.000 euros entre 2015 y 2017.
El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha exigido a la presidenta María Chivite la destitución de Ayerdi por un pronunciamiento judicial aún provisional respetado por el resto de grupos parlamentarios.
El Gobierno de Navarra apoyó el pasado mes de abril el trabajo que el consejero de Desarrollo Económico viene desarrollando desde que tomó posesión de su cargo. Es la respuesta que dio el vicepresidente del Ejecutivo foral, Javier Remírez, que fue preguntado por la exigencia de Navarra Suma de que Chivite le retire la confianza a Ayerdi después de la sentencia que declara culpable el concurso de acreedores de Davalor.
"Los consejeros del Gobierno navarro responden del trabajo que están realizando desde su toma de posesión", y en este sentido se mostró satisfecho por la labor llevada a cabo. La polémica está en que la sentencia da por buenos los informes del administrador concursal, que evidencian que la empresa Davalor ya estaba en situación de insolvencia desde 2015, cuando algunos acreedores comenzaron a reclamarle cifras y las cuentas anuales reflejaban problemas para cubrir determinados pagos. Remírez insistió en que el Gobierno de Navarra responde de su actuación política desde su toma de posesión el pasado mes de agosto y todos sus miembros conocen las normas de actuación y los códigos éticos.
La Sala indica que los hechos descritos en la querella, que fue presentada el pasado 2 de junio por Unión del Pueblo Navarro (UPN), y atribuidos a la persona aforada, en una valoración muy provisional podrían ser constitutivos de los citados delitos. Por ello, de acuerdo con el fiscal, declara su competencia para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento del aforado, y dispone abrir un procedimiento contra él, designando instructor, conforme al turno establecido, al magistrado Andrés Palomo del Arco.
La querella de UPN expone que el aforado, que entonces era Vicepresidente Primero del Gobierno de Navarra, Consejero de Desarrollo Económico y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (SODENA), concedió en septiembre de 2015 a la entidad DAVALOR SALUD S.L. un préstamo de 1.000.000 euros, sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la Sociedad, pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia.
Asimismo, los querellantes denuncian que pese a ser conocedor de la falta de depósito de las cuentas anuales por parte de DAVALOR SALUD S.L. y de las deudas que la entidad mantenía con la Hacienda Tributaria de Navarra y con la Seguridad Social -determinantes éstas de la efectiva denegación de subvenciones en los años 2016 y 2017-, el querellado, no sólo no instó el vencimiento anticipado del anterior préstamo, sino que procedió a conceder cinco nuevos préstamos a DAVALOR. El primero, en diciembre de 2016, por importe de 400.000 euros; el segundo, en enero de 2017, por importe de 600.000 euros; y los tres últimos, concedidos los días 11 de abril, 26 de mayo y 31 de agosto de 2017, por importe de 200.000 euros cada uno de ellos.
Según los querellantes, el Gobierno de Navarra en junio de 2015 declaró el proyecto de DAVALOR como de "interés foral", lo que según la Ley Foral le permitía tramitar el apoyo financiero por el procedimiento de urgencia. Tampoco se recabó la autorización expresa del Parlamento de Navarra para la concesión del préstamo.
La querella añade que DAVALOR SALUD S.L. en lugar de impulsar el proyecto que motivó la concesión del préstamo destinó el dinero a abonar una importante cantidad a un acreedor, así como a financiar necesidades urgentes e inmediatas derivadas de gastos de personal, cuotas atrasadas a la Seguridad Social y deudas de la sociedad. La entidad fue declarada en concurso, instado por un acreedor en julio de 2018, que fue declarado culpable por no haberlo solicitado en el plazo de los dos meses desde el conocimiento de la situación de insolvencia.
El consejero Manu Ayerdi reconoció en una comparecencia pública en julio de 2018 que la decisión de invertir en DAVALOR SALUD S.L. obedeció a "una corazonada" y que tomó la decisión con un "carácter totalmente personal", amparándose en un informe de la directora de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Departamento de Desarrollo Económico, según los hechos recogidos en la querella.
