El personal funcionario y contratado administrativo de Navarra no puede disfrutar de los nuevos permisos sociales aprobados en junio del año pasado por el Estado, debido a que el Gobierno foral no ha modificado por ahora el Estatuto para el Personal que está al servicio de la Administración Pública.

Así lo ha denunciado en rueda de prensa el coordinador del Área Pública de CCOO, David Marcalain, y el secretario general de este sindicato, Chechu Rodríguez.

Más de 37.000 trabajadores que dependen de este estatuto -tanto de la Administración como de entidades locales- no pueden acogerse por ahora a permisos que amplían los días para casos de hospitalización, que permiten ausentarse del trabajo en caso de fuerza mayor o que proponen hasta ocho semanas para cuidados de menores de ocho años, entre otros.

Marcalain ha detallado que el Gobierno de Navarra quiere tratar este asunto al mismo tiempo que se negocia el nuevo estatuto de personal, un proceso que se va a alargar en el tiempo. CCOO se pone como objetivo principios de 2025 para alcanzar un acuerdo, aunque el Ejecutivo se da de plazo toda la legislatura, por lo que si se tiene en cuenta lo que pretende el Ejecutivo, estos permisos no entrarían en vigor hasta el próximo ejercicio como mínimo.

"De manera urgente"

Tanto CCOO como el resto de sindicatos de la Mesa General de Función Pública, LAB, AFAPNA, ELA y UGT, creen que independientemente de la negociación del estatuto, se tiene que abordar "de forma urgente la implantación de estos derechos" que ejercen el resto de trabajadores en el Estado, ha remarcado Marcalain.

El Gobierno de España aprobó los nuevos derechos de conciliación el 28 de junio a través del Real Decreto Ley 5/2023. Desde CCOO se valoró positivamente la directiva aprobada por el Parlamento Europeo en 2019 para conciliar la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores.

Como ha señalado Chechu Rodríguez, "esta directiva puso los derechos de conciliación en el centro, fortaleciendo el marco para atender las responsabilidades familiares de cuidado a las personas dependientes y menores de edad en tiempo de trabajo".

Años de retraso

El Gobierno central tardó dos años en transponer esta directiva europea, retrasando lo máximo posible su aplicación en España hasta que finalmente aprobó el pasado 28 de junio el decreto 5/2023 sobre los nuevos permisos de conciliación.

Esos permisos se publicaron en el BOE el 29 de junio, y se recogieron en el Estatuto de los Trabajadores y en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP).

Sin embargo, en Navarra, todo el personal funcionario y el contratado administrativo no tienen reconocidos los nuevos derechos porque el Gobierno de Navarra, haciendo uso de sus competencias forales, no ha modificado el Decreto Foral 11/2009 -que hace referencia al estatuto del personal- ni ha llevado el tema a la Mesa General.

David Marcalain, coordinador del Área Pública de CCOO, ha recordado que el Gobierno de Navarra está obligado a reconocer esos derechos aprobados desde Europa y le pide hacerlo con urgencia. "Ya vamos con retraso. Somos la única comunidad de todo el Estado en la que los funcionarios y funcionarias no pueden acogerse a los nuevos permisos de conciliación", ha manifestado.

Además, esto ha provocado una situación de agravio comparativo en Navarra porque el personal funcionario del Estado y el personal laboral sí pueden disfrutar de los nuevos permisos al estar recogidos en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, pero los funcionarios y el personal contratado administrativo de la Comunidad Foral (es decir, la mayoría de los empleados y empleadas públicas, más de 37.000 personas) no pueden acogerse a estos derechos por lo anteriormente explicado.

Petición a los grupos parlamentarios

Marcalain ha mostrado su preocupación al constatar que "el personal funcionario de Navarra pierde posiciones respecto al resto de comunidades autónomas en cuanto a derechos de conciliación, lo que supone un retroceso en la lucha a favor de la igualdad de género y en la corresponsabilidad de los cuidados".

CCOO considera que el disfrute de estos derechos depende de la voluntad política. Por ese motivo, Marcalain ha pedido "a los representantes parlamentarios que empujen en esta dirección".