Dos semanas de protestas continuas han situado de nuevo a la PAC, la Política Agraria Común de la Unión Europea, en el foco del debate. Un instrumento financiero poderoso, al que se destina casi una tercera parte del presupuesto europeo, que beneficia de forma directa a más de 11.500 personas en Navarra, buena parte de ellos agricultores y ganaderos, pero también puros propietarios de tierra, administraciones y empresas públicas, y compañías privadas; estas últimas absorben buena parte de las ayudas más cuantiosas del año 2022. Hablamos, en total, de unos 135 millones de euros al año entre las ayudas directas y otras subvenciones de los fondos Feaga y Feder.
Los datos son públicos. Y, al margen de los beneficiarios públicos –departamentos del Gobierno de Navarra y algunos ayuntamientos, sobre todo, sitúan al tejido empresarial de Navarra como uno de los principales perceptores de estas ayudas. Por encima de todas se sitúa Vega Mayor SL, de Milagro, perteneciente al grupo Florette Ibérica, que recibe algo más de cuatro millones de euros en concepto de ayudas al sector de las frutas y hortalizas. A esta cifra se pueda añadir la que recibe, en concepto de cooperación, Florette Ibérica SLU, de 297.080 euros.
Por encima del millón de euros figuran también otras tres empresas navarras. La agrupación alcoholera de bodegas (Agralco), con sede en Estella, aparece con 3,7 millones de euros en el segundo lugar de este listado. La mayor parte, algo más de 3,6 millones de euros, obedece a programas de apoyo al sector vitivinícola.
El grupo AN, una cooperativa que da servicio a cooperativas de toda la Comunidad Foral, figura en el listado con casi 2,5 millones de euros. A continuación aparece Congelados de Navarra, la firma propiedad en un 80% de Benito Jiménez, que recibe un millón de euros, si bien en este caso de trata de un apoyo a inversiones en activos físicos. Esta firma es una de las más dinámicas del sector en la Comunidad Foral: recientemente ha aprobado inversiones de 32 millones de euros que supondrán la creación de unos 80 puestos de trabajo en Fustiñana.
En este listado se incluyen todos los beneficiarios que superan los 80.000 euros de ayuda por diferentes conceptos, más de de 200 en toda Navarra. Es posible encontrarlos buscándolos por su nombre o introduciendo el nombre de la localidad deseada.
Una cantidad muy cercana al millón de euros percibe también Harivenasa, propiedad de Caja Rural de Navarra, también por inversión en activos físicos. Esta compañía ha sido objeto en los últimos días de las protestas de los agricultores y ganaderos, que denuncian la importación a menor precio de grano de otros países, una práctica que se ha agravado tras la invasión rusa y la apertura de puertas al cereal ucraniano.
Otras de las grandes empresas agroalimentarias de Navarra figuran también en un listado, que es público tras la progresiva adopción por parte de las instituciones de medidas de transparencia. Así, entre los grandes beneficiarios de la PAC aparece Ultracongelados Virto (0,59 millones de euros) la cooperativa Valle de Odieta (0,57 millones de euros), propietaria de la polémica macrogranja de Caparroso, cuestionada por su modelo y sobre cuya actividad penden las sospechas de delito ambiental, según un auto reciente.
Un instrumento siempre discutido
El modo en que se reparte el dinero ha sido objeto habitual de críticas por parte del sector primario y de sus principales organizaciones. No tanto por el acceso de grandes empresas a estas ayudas –se entiende muchas veces que son necesarias en un escenario de competencia global, en el que resulta difícil calibrar hasta qué punto otros continentes ayudan en mayor o menor medida a sus compañías– como por los pagos directos a propietarios de suelo sin actividad directa en virtud de derechos históricos. Dicho de modo llano terratenientes de mayor o menor grado que perciben las ayudas sin moverse de su sofá. No es una figura tan habitual en Navarra, pero sí está muy presente en otras comunidades, por lo que su eliminación liberaría fondos que servirían para apoyar a la actividad real.
En esta ocasión, las críticas de agricultores y ganaderos a la PAC han llegado desde otro flanco. Y tiene que ver sobre todo con las crecientes exigencias administrativas, digitales y medioambientales de los planes estratégicos que regulan los pagos. De este modo, la implantación del cuaderno digital, que permite trazar el uso de fitosanitarios, por ejemplo, pasa a ser de momento voluntario tras las quejas del sector, pero su uso contará con fuertes incentivos. Y del mismo modo se flexibiliza la rotación de cultivos y los barbechos, si bien será Bruselas quien tenga la última palabra y deba aprobar las modificaciones.
