El segundo borrador de la Ley Foral de Industria incluye que las empresas de más de 500 trabajadores en Navarra deberán disponer de un plan de descarbonización a 31 de diciembre de 2028, que parta de un plan de eficiencia energética. Según datos de Nastat, el número de compañías que suman más de 250 empleados en la Comunidad asciende a 65.
El documento establece que están obligadas a cumplir con este mandato las industrias manufactureras y actividades industriales asociadas o complementarias, además de las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, el aprovechamiento de subproductos o el tratamiento de residuos.
En cambio, las compañías ubicadas en estos sectores, con plantillas de menos de 500 empleados, tendrán que diseñar ese plan de descarbonización dos años más tarde, para el 31 de diciembre de 2030. Esta medida se contempla dentro de las acciones para favorecer la transición ecológica en Navarra en el texto de la futura normativa.
En esta línea, el borrador incluye impulsar un polígono industrial de cero emisiones netas en los primeros cinco años de vigencia de esta ley. Denominado Net Zero, de iniciativa público o privado, será un espacio modelo, con sistemas de energía eléctrica, fuentes renovables, almacenamiento energético, captura y almacenamiento de carbono y tecnología de redes, para posibilitar que las empresas instaladas en dicho polígono desarrollen su actividad en un entorno de cero emisiones netas. Además, estarán apoyadas en su proceso de descarbonización y en la compensación de las emisiones no evitadas.
Empresas de estudiantes
El borrador señala que el Gobierno de Navarra promoverá, dentro de las competencias normativas de Navarra, la creación de miniempresas y empresas de estudiantes que permitan el aprendizaje de competencias emprendedoras, el testeo de ideas, modelos de negocio y actividades, y la puesta en marcha de nuevos proyectos emprendedores, todo ello con el objetivo de fomentar la creación de estas entidades en el seno de programas o trayectos formativos, educativos o similares.
El nuevo borrador está expuesto en Gobierno Abierto durante los próximos 15 días para recibir aportaciones. Una vez cerrado ese plazo, se recopilarán las propuestas, inicialmente, en dos semanas –periodo que puede alargarse–. Recopilada la información, volverá a redactarse el anteproyecto de ley y será compartido con los integrantes de la Mesa de Industria. El Ejecutivo calcula que entre finales de mayo y principios de junio puede presentarse en consejo de gobierno para recibir su aprobación. Y, a partir de ahí, iniciará el proceso ordinario de comisión, pleno, debate y votación.
La próxima ley de industria favorece la transición ecológica, digital y economía circular; además de simplificar y agilizar la tramitación burocrática, impulsar la innovación y el emprendimiento, crear un fondo de industralización o constituir la figura de proyectos estratégicos de interés foral para abreviar procesos y favorecer con celeridad su implantación.
Sin embargo, el texto también pone el foco en aquellos procesos en los que las empresas anuncian cierres de plantas. Ante procesos abiertos como el de BSH, con 655 puestos de trabajo en el aire, Nano Automotive, con 120 empleos, o Sunsundegui, con 340, y los centenares de empleos indirectos, el texto dedicada un capítulo a los procesos de reactivación industrial.
Empresas emergentes con potencial de crecimiento
La calificación como empresa emergente con alto potencial de crecimiento permitirá la inscripción con tal condición en el registro contemplado en el apartado 6 de la Disposición adicional tercera de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y la ampliación del plazo de disfrute de los beneficios regulados en la citada disposición adicional hasta un máximo de siete periodos impositivos desde la fecha de inicio de la actividad.
El documento establece que si una empresa prevé cerrar o reducir la actividad en uno o más centros de trabajo en un 20% de producción, además de cien despidos a jornada completa, tendrá que comunicar su decisión, al menos, nueve meses antes de su ejecución. La norma estatal establece seis meses, como ocurrió con BSH Esquíroz, que su intención es cerrar en junio, y por ese motivo se anunció en diciembre. “La comunicación de nueve meses es independiente a cualquier otro mandato legal que deba realizar la empresa en relación con su decisión y situación empresarial y, en particular, con la legislación laboral”, especifica.
Una vez conocida la decisión empresarial, el departamento competente en materia de industria tiene que elaborar un informe en 15 días para valorar si se cumplen los requisitos exigidos por la ley, además de un análisis sobre el impacto en el territorio, el porcentaje de empleos destruidos, cómo afecta al PIB foral, a las exportaciones, a la cadena de valor y las consecuencias sobre la despoblación.
Con el informe, el Gobierno foral resolverá sobre la procedencia del inicio del proceso de reactivación industrial. En el periodo de nueve meses, la empresa deberá asegurar el funcionamiento normal de su actividad, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación concursal.
El acuerdo del Gobierno de Navarra para constituir una Mesa de Reactivación Industrial será notificado a la empresa, a la representación legal de las personas trabajadoras, a las organizaciones sindicales representativas y más representativas en Navarra, a los ayuntamientos en los que se encuentren esos centros de trabajo y al Estado. Cada agente deberá comunicar si forma parte de la mesa para buscar una solución para la empresa afectada, la cual deberá participar de manera obligatoria.
La mesa definirá un calendario de acciones para revertir la situación, e intentar alcanzar un acuerdo para la reindustrialización. Los órganos de la administración podrán comprometer instrumentos para facilitar el proceso de reactivación, incluida la propuesta de declaración de proyecto empresarial de interés estratégico.
La Mesa de Industria, que se reunió este lunes, está compuesta por representantes de CEN, Cámara, CEPES, UCAN, AIN, FIN, UGT, CCOO LAB, y de los clusters ACAN, ATANA, ENERCLUSTER, Functional Print, ICONS, Nagrifood, Navarra Health Cluster y Alinar, además del Gobierno.