Las asesorías fiscales y laborales van a tener que trabajar durante Semana Santa para preparar en tiempo y forma la documentación de las declaraciones de impuestos de las empresas, con domicilio fiscal en Navarra, correspondientes al primer trimestre.
El plazo para entregar dichas declaraciones a Hacienda termina el martes 22 de abril. Durante estos meses el Colegio de Graduados Sociales de Navarra ha mantenido contactos con el departamento de José Luis Arasti para intentar modificar esa fecha del calendario fiscal, y así evitar que las plantillas de estas asesorías tengan que trabajar; pero por el momento, Hacienda Foral no ha aceptado dicha propuesta.
Por eso, el decano de dicho colegio, David Delgado, ha emitido una nota en representación de los graduados sociales de Navarra para explicar dicha situación. "Queremos exponer la queja e indignación de todo el colectivo frente a Hacienda de Navarra", ha manifestado.
Entre los cometidos profesionales de las asesorías figuran la confección, preparación y presentación de dichas declaraciones, ya que asesoran a empresas y autónomos en estas materias.
El procedimiento
Para preparar estos impuestos, las asesorías tienen que recibir por parte de sus clientes la documentación, que en la mayoría de los casos, no llega antes del día 14 del mes de presentación de impuestos.
Por ello, según este razonamiento, en abril los despachos dispondrán de tres días hábiles (14, 15 y 16) para preparar y presentar las declaraciones, plazo "totalmente insuficiente por el volumen de trabajo a realizar", ha destacado el decano.
De esta forma, para que puedan presentarse las declaraciones en plazo y evitar las sanciones que se podrían imponer a las empresas por hacerlo fuera de la fecha marcada, "el colectivo de graduados sociales de Navarra va a tener que trabajar los días festivos de Semana Santa (jueves 17, viernes 18 y lunes 21)", ha relatado.
Esta situación, según denuncia el Colegio, "está privando a las personas trabajadoras de las asesorías del derecho al descanso y permisos regulados en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores y/o al Derecho Mínimo a la Desconexión Digital y Descanso recogido en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales".
Ya en enero
El 27 de enero este colegio profesional solicitó al departamento de Economía y Hacienda, la ampliación del plazo de presentación de los impuestos correspondientes al primer trimestre 2025.
El 10 de febrero, el departamento contestó que dicha petición no se podía atender al alegar que la ampliación de "los plazos no es posible", salvo la que se contempla en el artículo 32.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que establece: “La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados".
Alegaciones
El 18 de febrero, los afectados presentaron un escrito de alegaciones y a 31 de marzo, todavía no han recibido respuesta de Hacienda.
"Entendemos que las circunstancias aconsejan y por tanto justifican, en virtud del artículo anteriormente referido de la Ley 39/2015, la ampliación del plazo de presentación de las obligaciones fiscales de las empresas del primer trimestre de 2025, dado que las fiestas de Semana Santa este año se disfrutan justamente los días inmediatamente previos a la finalización del plazo de presentación, y parte de la documentación necesaria para la confección y posterior comunicación de las declaraciones no estará disponible con anterioridad", ha dicho el decano de este colegio profesional.
"Somos un colectivo suficientemente representativo, de hecho asesoramos al 85% del tejido empresarial, como para que se tengan en cuenta nuestras reivindicaciones, totalmente justificadas porque indirectamente se van a ver afectados derechos básicos de los trabajadores y autónomos/titulares de las asesorías y la no concesión de prórroga contraviene la legislación vigente y las políticas gubernamentales del derecho a la desconexión digital", ha concluido David Delgado.
