Vecinos protestan contra la descalificación de 190 viviendas en Ezkaba: “Me quedaría literalmente en la calle”

Decenas de vecinos y vecinas de la urbanización de Ezkaba, en la Txantrea, se concentraron este jueves en la calle Canal para denunciar la descalificación de 190 viviendas de protección oficial prevista para 2027 y reclamar medidas urgentes que garanticen el derecho a la vivienda.

La movilización, convocada por LAB, reunió a decenas de residentes afectados que mostraron su preocupación ante la posibilidad de que las viviendas pasen al mercado libre, lo que podría provocar importantes subidas de los alquileres y la pérdida de estabilidad residencial para decenas de familias.

Durante la protesta, Irune Costa y Rebeca Riveira leyeron un comunicado en el que alertaron de que la situación de Ezkaba “no es un caso aislado”, sino el reflejo de un problema estructural derivado de antiguas políticas de vivienda. Según denunciaron, la descalificación permitirá eliminar las limitaciones de precio actuales y abrirá la puerta a incrementos “desorbitados” de las rentas.

El sindicato defendió que la vivienda “no puede seguir tratándose como un bien de mercado sujeto exclusivamente a la lógica del beneficio económico” y reclamó a las instituciones públicas medidas para garantizar la permanencia de las familias en sus hogares.

LAB acusó además a la denominada “Patronal Inmobiliaria” de obtener beneficios a costa del esfuerzo económico de la clase trabajadora y advirtió de que viviendas construidas con dinero público podrían acabar en manos privadas o fondos de inversión.

Las demandas trasladadas al Gobierno

Entre las principales demandas trasladadas al Gobierno de Navarra, el sindicato pidió la paralización de desahucios mientras no se resuelva la situación, la expropiación de las viviendas afectadas para mantenerlas dentro del parque público de alquiler social, la regulación de los precios del alquiler y la implantación de contratos indefinidos que sustituyan las actuales renovaciones anuales.

La organización sindical mostró también su apoyo a los vecinos y les animó a continuar movilizándose para defender su derecho a permanecer en sus casas.

“Me quedaría literalmente en la calle”

Marta Varela Cenoz, vecina de la urbanización de Ezkaba desde hace 16 años, vive con miedo e incertidumbre ante la descalificación de las 190 viviendas protegidas prevista para 2027. “Si ahora pasa lo que va a pasar, me echan a la calle directamente”, asegura.

Residente en el número 8 de la calle Remigia Echarren, Marta explica que su situación económica le impide acceder a los precios actuales del mercado. “Mi situación personal no da para coger un piso de 900 euros como están ahora los alquileres. Me quedaría literalmente en la calle”, lamenta.

Vive con su marido desde 2006 y asegura que no contempla abandonar el barrio. “Ni me planteo salir de aquí. Acabo de decirle a otra vecina que yo no salgo de mi casa. No sé qué va a pasar, porque no sabemos nada por parte de la empresa, pero es mi casa y yo no salgo”, afirma.

La falta de información es una de las cuestiones que más preocupa a los residentes. “Hemos llamado varias veces preguntando a la empresa, pero nada. Somos mucha gente afectada”, explica. Marta denuncia además la inseguridad que generan los contratos renovables año a año. “Es una angustia terrible. Yo estoy con medicación y conozco a más gente que también está con ansiedad. Esto no es vida. Queremos vivir en paz, no queremos nada más”.

La vecina insiste en que las familias no están pidiendo privilegios. “Pagar como lo estamos pagando y ya está. No queremos que nos regale nadie nada”, señala.

A pesar de la incertidumbre, mantiene cierta esperanza en que la situación pueda reconducirse. “Tengo esperanza, pero a la vez un poco de miedo. Si me dijeran algo de lo que piensan hacer, pero nada...”.

Marta recuerda además cómo la urbanización y el entorno han cambiado desde que llegaron en 2010. “Hemos ido conociendo a gente nueva y tenemos amigos entre los vecinos. Nos ha cambiado mucho la vida y queremos seguir aquí”.

Su situación económica agrava todavía más la preocupación familiar. “Soy pensionista y tengo una pensión baja y mi marido tiene un 69% de minusvalía. Entre los dos no nos da para alquilar nada”, concluye.